Los desafíos de la JEP para proteger lugares donde habría desaparecidos

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Cementerios, predios abandonados, fincas y territorios colectivos son los lugares que la Jurisdicción ha ordenado conservar y proteger mientras se adelantan investigaciones forenses. En el camino han tenido que lidiar con el incumplimiento de alcaldías, gobernaciones y otras entidades gubernamentales como la Fiscalía.

Los desaparecidos en el conflicto armado siguen siendo uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Colombia por la incertidumbre que han acarreado miles de familias. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica serían al menos 120.000 personas de las que nunca se volvió a saber luego de que fueran secuestradas, reclutadas o que se “perdieran” por razones que sus familiares nunca pudieron explicar. Darles una razón a esas familias víctimas sobre lo que sucedió con sus seres queridos, es uno de los grandes retos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del país.

Y aunque la labor de búsqueda compete, sobre todo, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en el primer escenario para identificar los lugares donde se presume que podrían haber enterrado estas personas como N.N., para ocultar muchos de los crímenes cometidos en la guerra. Por eso, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ha solicitado proteger temporalmente 23 sitios para evitar su alteración mientras se avanza con las investigaciones judiciales.

Uno de los casos más sonados esta semana ocurrió en el municipio de El Copey (Cesar), por un video revelado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en el que se observan restos humanos en unas fosas comunes que habría ordenado excavar la alcaldía para enterrar otros cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, pasando por alto que desde 2018 la CCJ ha advertido que en ese sitio podrían haber al menos 100 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Pero esa afirmación no es una simple conjetura. Sebastián Bojacá, abogado que acompaña a víctimas del caso 003 de la JEP (mal llamados “falsos positivos”), comenta que la Fiscalía desde hace dos años tiene en su poder solicitudes de medidas cautelares provisionales para que se proteja ese sitio mientras se identifican a las personas que fueron enterradas allí. Comenta que en ese terreno de una hectárea, habrían 200 cuerpos no identificados, de los cuales la mitad son de personas enterradas de manera informal por falta de recursos de sus familias y el resto podrían ser víctimas del conflicto armado que sus familiares nunca encontraron.

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“En 2018 fuimos amedrentados por miembros del Batallón de Artillería La Popa cuando fuimos a una prospección (exploración del terreno) con miembros del CTI. Llegaron 12 escuadras militares a preguntar quiénes éramos y a tomar fotos de las víctimas, de nosotros los representantes y de las fosas. Cuando el investigador líder le pidió al militar al mando que borrara las fotos porque era información sensible de graves violaciones de derechos humanos que cometieron en ese mismo Batallón, dijo que esa era la orden que le habían dado y debía cumplirla”, relata el abogado. “En últimas no se supo si borraron o no las fotos, lo cierto es que en el Batallón de Artillería La Popa se cometieron graves violaciones de derechos humanos y allí inhumaron muchos de los cuerpos”.

Óscar Alexander Morales Tejada, Germán Leal Pérez y Octavio David Bilbao Becerra fueron desaparecidos en diciembre del 2007. Luego los asesinaron y el Ejército los hizo pasar como “bajas en combate”. Sus casos hacen parte de los mal llamados “falsos positivos” y según el abogado Bojacá, se presume que los cuerpos de los tres muchachos están enterrados en ese cementerio de El Copey que la JEP ordenó proteger este jueves, 30 de julio.

Este panorama se ha repetido en varias zonas del país y no solo en cementerios. Así lo aseguró el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la JEP quien mencionó que el proceso para que las alcaldías, gobernaciones, Fiscalía, Medicina Legal y otras entidades entreguen la información requerida de esos lugares, ha sido toda una odisea. “Muchos entregan la información incompleta, otros responden algo que no les hemos preguntado y muchos ni siquiera responden”, aseguró.

El caso más grave, en este momento, es el de San Onofre (Sucre), una región de los Montes de María que desde 2019 tenía la tarea de adoptar medidas para proteger los cementerios de Rincón del Mar y San Onofre y además, entregar toda la información recopilada en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no Identificados en Colombia (SIRIC). La orden estableció un plazo máximo de tres meses que se cumplieron sin éxito a mediados de febrero de este año.

El entonces alcalde, Teódulo Cantillo, fue apartado de su cargo en ese mismo mes porque el Tribunal Administrativo de Sucre decretó la suspensión provisional luego de recibir una demanda por nulidad electoral. Desde entonces, Eloy Berrío fue elegido como alcalde interino y tuvo que asumir, entre muchos otros asuntos, las peticiones de la JEP. Sin embargo, después de varias insistencias por parte de la Jurisdicción Especial para que se entregara la información requerida, no hubo respuesta.

(Vea: Pódcast: Las preguntas sin responder sobre los desaparecidos en San Onofre)

“En San Onofre tuvimos que abrir un incidente de incumplimiento porque el alcalde no había contestado a nada de lo que le habíamos pedido. A partir de ese incidente él contestó pero mandó incompleta la información, entonces acabamos de enviarle un nuevo cuestionario para saber realmente si va cumplir o no. Debe responder en estos días”, indicó el magistrado Ramelli. El Espectador se comunicó con el alcalde Berrío quien contestó que están a la espera de la respuesta judicial de la JEP para saber “si van por buen camino o no”, pero aseguró que sí tiene voluntad política para “continuar con estos procesos que benefician a las víctimas”.

Aunque este es el único caso en el que la JEP ha tenido que abrir procesos sancionatorios por desacato, no ha sido fácil para la Sección lograr una articulación con todas las entidades que deben colaborar para preservar y proteger algunos de esos lugares donde se deben adelantar labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esta situación se ha complejizado en medio de la pandemia, porque como ha alertado la organización forense Equitas, esta situación puede ser un riesgo en el que se lleguen a confundir cuerpos de víctimas del conflicto no identificadas con víctimas que fallecen por el COVID-19.

“Hemos venido recibiendo información de las alcaldías, algunas dicen que están trabajando en el tema, otras nos responden que no tienen capacidad para cumplir con todo…A veces las gobernaciones nos dicen que ese es un tema más de las alcaldías y de la Nación que de su competencia”, son algunas de las respuestas que recibe la JEP cada día sobre este asunto.

Aunque, según el magistrado, el trabajo sobre la protección de estos sitios ha estado muy suspendido por la pandemia ante la imposibilidad de viajar a estos lugares para hacer audiencias territoriales y adelantar labores de búsqueda, dos de las decisiones más importantes que se han tomado en medio de la contingencia han sido las medidas cautelares provisionales al cementerio de El Copey (Cesar) y a siete zonas del cementerio Universal de Medellín, esta última ordenada este viernes 31 de julio.

En ambos casos se ordenó conservar los lugares y se prohibieron las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cuerpos mientras se adelantan las investigaciones para determinar la identidad de los cuerpos enterrados y que están sin identificar.

(Nota relacionada: JEP decretó medida cautelar preventiva a cementerio Universal de Medellín)

Uno de los casos icónicos de la JEP se desarrolla en Dabeiba (Antioquia) donde el pasado mes de diciembre se realizó una gran exhumación en el cementerio de Las Mercedes, donde además ya se identificó el primer cuerpo de una persona dada por desaparecida y fue entregado a sus familiares en febrero de este año. Sin embargo, por la contingencia del nuevo coronavirus a principios del mes de junio, la Sección solicitó a esta alcaldía, a la de San Onofre, Aguachica (Cesar), Cimitarra (Santander), entre otras, que entregaran un plan de manejo de cementerios para evitar entorpecer las labores de búsqueda que se adelantan allí.

El alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, aseguró que “hemos colaborado en todo lo que la JEP ha pedido y hemos tenido buena relación con ellos para que sigan haciendo su trabajo”. El magistrado Ramelli comentó que la pandemia tiene retrasadas dos labores en este municipio: la toma de muestras y entrevistas de 121 víctimas que buscan a sus desaparecidos y una segunda jornada de prospecciones y eventuales exhumaciones que estaban programadas para hacerse en mayo.

Pero, ¿por qué es tan importante que la Jurisdicción Especial para la Paz cumpla con sus labores de medidas cautelares provisionales en estos sitios? Sebastián Bojacá, abogado de la CCJ dice que “esta es por fin la única entidad judicial que le ha puesto el foco al tema de los cementerios y lo que representan para las víctimas de desaparición forzada”. Diana Arango, directora ejecutiva de la organización forense Equitas dice que hay tres problemas históricos que deben ser resueltos para esclarecer estos casos: la falta de organización y documentación de los cementerios sobre los cuerpos que se inhuman, la irresponsabilidad de las alcaldías sobre el manejo de los cementerios municipales y la falta de control y seguimiento que deberían hacer entidades como la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio de Salud.

Según Arango, en muchos municipios los administradores principales de los cementerios públicos suelen ser los párrocos o las diócesis y no los alcaldes, como dicta la ley. “Sobre todo en los pueblos o municipios lejanos uno se da cuenta que no todos los alcaldes están informados de que deben estar al día con las normas de bioseguridad de los cementerios porque hace parte de sus funciones administrativas…todo eso debe salir de los presupuestos locales”. Incluso, aseguró que una de las grandes falencias es que en Colombia no hay una cifra exacta sobre cuántos cementerios hay.

(Vea también: Resguardo indígena de San Lorenzo (Caldas): el nuevo lugar donde la JEP busca desaparecidos)

El tema de la información sobre los cuerpos enterrados es otra de las grandes dificultades que ha identificado la JEP. Por ejemplo, en el caso de la Comuna 13 de Medellín se está consolidando el número de víctimas de desaparición forzada que podría haber en el sector de La Escombrera. “Allí no había claridad sobre ese número de desaparecidos y tuvimos que pedirle a muchas entidades que entregaran la información. Ahora nos queda organizar la búsqueda para, cuando la pandemia lo permita, retomar las labores”, indicó Ramelli.

Sin embargo, para pasar a esa siguiente fase es fundamental la celeridad y labor de la Fiscalía, que es el organismo encargado de hacer los Planes de Búsqueda en los municipios o zonas del país donde la JEP ordene. Hay algunos casos en los que el ente judicial ya ha enviado los Planes que deben ser discutidos con las víctimas y organizaciones, como ya sucedió en San Onofre. Pero por ejemplo, en Yopal (Casanare) donde se ordenó suspender las licencias de construcción del antiguo cementerio y se protegió el lugar porque en este sitio la Fiscalía no ha terminado su labor de búsqueda, se corre el riesgo de que desde la alcaldía se cambie el Plan de Ordenamiento Territorial sobre este lugar. “Si se cambia el POT y se construye ya no tendríamos forma de recuperar los cuerpos que se presume que puede haber allí, entonces ordenamos a la Fiscalía en un plazo máximo de 45 días que presentara un Plan de Búsqueda para que digan qué les falta por investigar en Yopal”, concluyó el magistrado.

Aunque la responsabilidad para esclarecer lo que pasó en el conflicto armado es de varias y diversas entidades gubernamentales, las alcaldías locales han desacatado varias de las peticiones y órdenes de la JEP para cumplir con lo pactado y, por lo menos, conservar los sitios hasta que se puedan reanudar labores de búsqueda. Para Bojacá, pese a que el COVID-19 ha sido el “colchón” para que muchos funcionarios se excusen por incumplir las órdenes judiciales, el asunto va más allá de eso: “Yo no creo que la pandemia sea una excusa para no cumplir, creo que es un tema de voluntad política que debe asumirse porque la JEP tiene ciertas limitaciones en su trabajo si no se cumple con lo que solicitan”.

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