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Hace dos meses el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe sobre 10 masacres ocurridas en los Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar, entre febrero del 2000 y enero del 2001. En los hechos, ocurridos con menos de dos meses de diferencia cada uno, fueron asesinadas 175 personas y desplazadas 28.000. Como factor común, todas fueron perpetradas por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes, según el documento, habrían tejido alianzas con agentes estatales para financiar y, en muchos casos, determinar estos hechos violentos. Una de las 10 masacres documentadas ocurrió hace 20 años exactamente: la de Macayepo (Bolívar).
El documento entregado a la JEP, llamado El silencio de las Gaitas: Papel de la fuerza pública en masacres en Montes de María entre 2000 y 2001, señala a 17 mandos militares y policiales de la época de tener alguna responsabilidad en las masacres. Las víctimas, representadas por estas organizaciones, buscan que la justicia transicional los llame a rendir versiones por su papel, ya sea por acción u omisión, en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los Montes de María hace dos décadas. Según el informe, los desplazamientos y homicidios respondían a la “estrategia contrainsurgente para acabar con las Farc y para facilitar el control territorial y el despojo de tierras".
La masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre del 2000, tiene una particularidad: también salieron enlodados políticos de la región que, años más tarde, fueron procesados por su alianza con grupos paramilitares y su participación en estos crímenes. Álvaro ‘El Gordo’ García, exsenador del partido Colombia Democrática, y Miguel Nule, exgobernador de Sucre, fueron condenados a 40 y 28 años de prisión respectivamente por haber sido determinadores del homicidio agravado de 16 campesinos y haber causado el desplazamiento de 200 personas, según lo documentó el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica.
(Vea también: Masacre de Macayepo, 20 años de la ruta paramilitar en los Montes de María)
Dos semanas antes de la masacre, los paramilitares habían amenazado de muerte a los habitantes, tildándolos de guerrilleros. El 14 de octubre, un grupo de 80 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron la paz del área urbana del corregimiento de Macayepo y las veredas aledañas como El Limón, La Palma y Floral, para asesinar vilmente a piedra, machete y garrote a 16 personas de la zona.
Según las investigaciones, ambos políticos habrían dado la orden para que los paramilitares cometieran la masacre y una de las pruebas más contundentes fue un audio que reveló revista Semana en el año 2000, en el que se les escucha hablar sobre el modus operandi con el que se cometió el crimen de lesa humanidad. También se les sentenció por haberse comprobado su financiación a estos grupos armados ilegales.
Los dos políticos han buscado varias salidas jurídicas para cambiar su condena. Una de ellas ha sido solicitar a la Corte Suprema la doble conformidad, con la que pretenden que el alto tribunal revise su condena para que sea rebajada o, en el mejor de los casos, que salgan absueltos ya sea en la Corte o en otro tribunal como la JEP.
Sin embargo, los escenarios no son favorables: Nule pidió, mediante acción de tutela en noviembre de 2019, la doble conformidad aunque en marzo de 2019 la Corte ya lo había condenado en segunda instancia. En su última decisión, incluso, se menciona que la finca del exgobernador Nule fue el sitio en el que, a mediados de la década de los noventa, políticos y miembros de la Fuerza Pública de la zona se reunían de manera clandestina, lo que significó el comienzo de ese temido bloque paramilitar en los Montes de María. Hasta ahora el político no ha obtenido respuesta.
Por el lado de García Romero también son pocas las posibilidades de que su condena sea revocada. A pesar de que no ha sido condenado en segunda instancia, tomó dos acciones: por un lado, pidió pista en la JEP a mediados del 2018, argumentando que fue un “agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública” y que debería ser juzgado por esta justicia transicional. Por otro lado, solicitó a la Corte, ese mismo año, la revisión de su condena y aplicar el recurso de la doble conformidad.
Cuando hizo la solicitud de sometimiento, la Procuraduría envió un comunicado a la JEP en el que le pedía no aceptarlo porque, según el Ministerio Público, “Gómez fue un miembro activo y fundador del Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando se ejecutó la masacre de Macayepo el 14 de octubre del 2000”. Aclaró que, lejos de haber sido un político que financió a los paramilitares, fue un “paramilitar que incursionó en política”.
Pero más allá de estos reparos, la JEP no podía asumir su caso, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2017. En estas normas quedó claro que es la Corte Suprema de Justicia la que debe tomar la decisión de revisar las sentencias de hechos del conflicto que datan de antes del 1º de diciembre de 2016, para decidir si pasan a la justicia transicional o no siempre y cuando cumplan con estos requisitos: que se solicite la revisión de una decisión dictada por la Corte Suprema; que la persona haya sido condenada, pero no teniendo en cuenta su condición de combatiente, y que la Corte se haya pronunciado sobre el caso mediante sentencia. Una vez revisada, la Corte es quien decide.
La sentencia de García, por cumplir con estos requisitos, sí fue revisada por la Corte Suprema. Sin embargo, la respuesta no salió a su favor, pues la corporación consideró que no podía otorgarle la doble conformidad, y en ese sentido enviar su caso a la JEP. Según el alto tribunal, el exsenador fue juzgado en 2010 y este recurso sólo aplica para quienes hayan sido condenados a partir del 30 de enero de 2014.
Sin embargo, un allegado de Gómez le dijo a Colombia2020 que aún sigue intentando que la Corte le otorgue esa revisión. Por eso radicó a comienzos de octubre una segunda tutela con la misma petición, con la diferencia de que esta nueva “fue interpuesta a título personal y no a través de un agente oficioso -es decir, a través de una persona que actuó en su nombre-, como sí fue la primera”.
En la búsqueda de otros presuntos perpetradores sin condena
Según los responsables ya condenados, la masacre se cometió por venganza luego del hurto de 12 cabezas de ganado. De acuerdo con las investigaciones, pertenecerían a José Joaquín García Romero, un ganadero y prestamista de Sucre y a quien condenado a 40 años de prisión, sin embargo, nunca cumplió la pena porque se perdió del radar de las autoridades en el año 2000. Años más tarde lo dieron por muerto y lo calificaron como uno de los determinadores de la masacre.
(Lea: Piden a la JEP investigar a militares y policías por masacres en Montes de María)
De hecho, sobre José Joaquín García solo se sabe que en noviembre del 2012 el Juzgado Séptimo de Familia de Medellín declaró la “presunta muerte” del exganadero por su desaparición y, en 2013, el Juzgado Único de Sincelejo declaró el cese del procedimiento y persecución penal contra quien podría haber sido una pieza clave para conocer la verdad que hoy siguen buscando las víctimas de esta masacre.
Algo similar sucedió con el excomandante paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, conocido en la guerra como Rodrigo Cadena, quien fue condenado a 40 años por esta masacre pero no pudo pagar la condena porque murió en 2005 cuando comenzaba el proceso de desmovilización de los paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según las autoridades, lo encontraron incinerado en su vehículo. Cadena fue acusado de haber comandado el operativo de las masacres de Macayepo y Chengue, en Ovejas (Sucre), además de varios homicidios selectivos en el municipio de San Onofre.
Y aunque un congresista, un hacendado y un exgobernador ya fueron condenados por esta masacre, para Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, aún no todos los responsables han sido procesados por la justicia. Es por eso que en el informe que entregaron a la Jurisdicción Especial piden indagar sobre la responsabilidad de otros agentes del Estado en la ejecución de estas masacres, especialmente miembros de la Fuerza Pública y agentes del DAS.
“La duda que hoy tienen las víctimas es justamente esa. Las masacres de El Salado y Macayepo, ambas cometidas hace 20 años, tienen el mismo modus operandi: decir que la comunidad se robó un ganado, ir hasta el pueblo y tildarla de guerrillera o auxiliadora de la guerrilla, para después cometer los crímenes. Si se ve en contexto, uno se pregunta: ¿Cómo es posible que un año de comandancia del contralmirante Rodrigo Quiñonez, encargado de la Primera Brigada de Infantería de Marina que cuidaba la zona, sucedieran 10 masacres y nunca atendieron las advertencias del extinto DAS, en las que se hablaba de un cerco paramilitar?”, cuestiona Bojacá.
Según el abogado, hay elementos similares en las 10 masacres, en las que se evidencia una coordinación entre los paramilitares y la Fuerza Pública: “Los exparamilitares Cadena y Juancho Dique estaban a cargo de unas personas y coordinaban con militares para que no se desplegaran dispositivos de seguridad en la zona”. Para las organizaciones de víctimas, los militares deben responder en el caso de Macayepo por omisión y en otras masacres puntuales, como la Chengue, por acción.
El contralmirante Quiñones aún no es un compareciente de la JEP. Las víctimas y organizaciones esperan que a partir del informe entregado lo llamen a versión voluntaria. No quieren que este capítulo atroz de los Montes de María se deje de lado en el Tribunal de Paz, pues si bien en la justicia ordinaria hubo sentencias, falta esclarecer toda la verdad y reparar a quienes padecieron estas graves violaciones de derechos humanos.
En este punto concuerda Ciro Canoles, líder de Macayepo y quien tenía 25 años cuando sucedió la masacre. No le gusta recordar el día que lo obligó a salir de sus tierras, pero dice que vuelve a hablar de ella con la esperanza de darle un giro a la historia. Como vocero de la comunidad, cuenta que aún la gente espera un pedido de perdón de los responsables: “Aquí no han venido la Gobernación de Sucre o Bolívar, ni los paramilitares, ni la Fuerza Pública, ni el Congreso a pedirnos perdón por las acciones de sus integrantes y por lo que dejaron de hacer como autoridades, porque nosotros quedamos solos en medio de la tragedia”.
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Una de las peticiones que hoy le hace a la Comisión de la Verdad y la JEP es que “Macayepo sea contada como una masacre de Estado”, en la que participaron políticos de Sucre y Bolívar que hasta ahora no se han comprometido con la verdad.
Además, espera que si este caso y otras masacres de Montes de María llegan a la justicia transicional se haga un plan de reparación. Denuncia que si bien Macayepo hace parte de un proceso de reparación colectiva de la Unidad de Víctimas, el municipio sigue abandonado. Tienen una carretera que agradecen, pero les falta mejorar las condiciones educativas y de salud, además de construir viviendas que los paramilitares quemaron hace 20 años. “La gente después de eso se quedó sin casa. Viven en casa de bahareque, pero eso no es digno para nadie”, agrega Canoles.
Cree que es necesario que la masacre de Macayepo sea tenida en cuenta en la justicia transicional, porque se aferra a la idea de que ahí se les garantizará la no repetición. Hoy temen porque en las últimas semanas, en las paredes de Macayepo han aparecido firmas de grupos armados que buscan el control de la zona y la Fuerza Pública tampoco ha llegado en esta ocasión.
Hoy, en medio de la conmemoración de los 20 años de la masacre, este líder espera que Vicente Blel, gobernador de Bolívar, se comprometa a sacar adelante al municipio: “Él dijo que venía y para nosotros eso es muestra de querer cambiar la situación. Queremos que el país nos recuerde como Macayepo Vive, porque aquí hay ganas de sacar adelante un pueblo que vivió el horror”.
Actualmente, la JEP está recopilando toda la información que ha llegado de los Montes de María, pues adicional a las masacres, otras organizaciones, como Sisma Mujer y CODHES, han denunciado violencia sexual, despojo y desplazamiento, además de detenciones arbitrarias en contra de ciudadanos que se tildaban de guerrilleros.