Masacre de Mondoñedo sería la llave para resolver el crimen de Gómez Hurtado

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Carlos Antonio Lozada reconoció que dio la última orden para que la Red Urbana Antonio Nariño ejecutara el magnicidio y dijo que la masacre de Mondoñedo en contra de la estructura urbana la ejecutó la Policía, pero que, por la sevicia con la que actuaron, ocultaron que habían matado a dos de los autores materiales del homicidio de Gómez Hurtado. La pregunta: ¿el secretariado dio la orden?

Carlos Antonio Lozada, entonces comandante de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) fue el comandante de las Farc que dio la orden de ejecutar el asesinato del exministro y líder conservador Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995. Según una testigo, integrante del partido FARC, días después del hecho Lozada dio el parte de victoria en el campamento La Escalera, ubicado en los Llanos del Yarí, en límites entre Caquetá y Guaviare, frente a 300 guerrilleros uniformados y al lado del entonces comandante del Bloque Oriental, Víctor Julio Suárez, el Mono Jojoy. Lozada lo confirmó este martes en entrevista con Colombia2020 de El Espectador.

No obstante, hay un interrogante que está por resolverse y que la exguerrilla deberá demostrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): ¿la orden la dio el entonces secretariado de las Farc o hubo alguna alianza con otros actores que tenían sus propios intereses? Para la época esa instancia de decisión pasó de cinco a siete integrantes que fueron elegidos en la octava conferencia: Víctor Julio Suárez, el Mono Jojoy; Noel Mata Mata, ‘Efraín Guzmán’; Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo; Guillermo León Saenz, Alfonso Cano; Luis Edgar Devia, Raúl Reyes; Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko; y Luciano Marín Arango, Iván Márquez. De ellos, a la guerra sólo sobrevivieron Timochenko e Iván Márquez, los únicos que podrían dar fe de si la dirección de la guerrilla dio la orden de matar a Gómez Hurtado. Solo el primero continuó en el proceso de paz y ha dicho que sí.

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Según documentos internos de la guerrilla, que logró incautar la inteligencia estatal, la octava conferencia se desarrolló entre el 27 de marzo y el 3 de abril de 1993 en Calamar (Guaviare) y dos fueron las principales conclusiones de esta: el diseño de la estrategia para cercar la capital del país en su camino hacia la Casa de Nariño y la consolidación de los frentes urbanos en las principales ciudades. “Crecimiento de los frentes y avance hacia los centros estratégicos, áreas urbanas y la capital. Ubicación del 50% de la fuerza sobre la cordillera oriental, con avance hacia la capital de la República para bloquearla y la toma del poder”, dice uno de los documentos encontrados en el computador del exjefe guerrillero Raúl Reyes luego del bombardeo que lo mató el 1º de marzo de 2008. Allí, la conferencia aprobó la ubicación de estas redes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y otras ciudades bajo la dirección del Estado Mayor Central que tenía 31 integrantes.

En Bogotá, la RUAN se dio a conocer con el ataque a la estación de Policía del barrio Kennedy el 30 de mayo de 1995 cuando tres policías fueron asesinados. Esa estructura dependía del Bloque Oriental y uno de los cinco y más importantes comandantes que tuvo a lo largo del conflicto fue Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo Cubillos. En ese mismo mes del 95, también le atribuyeron a dicha estructura los atentados simultáneos contra los Centros de Atención Inmediata (CAI) en diferentes puntos de Bogotá. Muchos de los integrantes de esta red fueron reclutados en las principales universidades de la ciudad.

Para Lozada, el crimen de Gómez Hurtado no se puede desligar de los hechos ocurridos el 6 y 7 de septiembre de 1996 que se conocen como la masacre de Mondoñedo ejecutada por oficiales de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin). Durante esos días, seis estudiantes de la Universidad Distrital fueron secuestrados, torturados, asesinados y sus cuerpos posteriormente incinerados cerca de Bogotá. Según Lozada, allí murieron dos de los guerrilleros urbanos que ejecutaron el homicidio de Gómez Hurtado. “Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros intentaron ocultar esos hechos y desviar la atención”, le dijo Lozada a Colombia2020.

En agosto de 2017, el Juzgado octavo Penal Especializado de Bogotá condenó a 38 años de prisión a seis exmiembros de la Policía por los hechos en los que murieron los estudiantes de la Universidad Distrital Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Valdivieso. En el fallo, el juez afirmó que los oficiales hicieron seguimientos a las víctimas porque habrían hecho parte de las milicias urbanas de las Farc. Hace cuatro años, en entrevista con este diario, Lozada afirmó que en ese hecho había muerto toda la comandancia de la Red Urbana Antonio Nariño. Los dos involucrados en el hecho y que pertenecían a la Red Urbana fueron Juan Carlos Urbano o Chayán, el líder de la operación contra Gómez Hurtado, y Roque o Mono Chiquito, ambos nombres que utilizaron durante el conflicto armado.

Los exoficiales de la Dijín condenados hace tres años fueron el capitán (r) Carlos Alberto Niño Flórez y los suboficiales (r) Filemón Fabara Zúñiga, Milton Mora Polanco, Néstor Barrera Ortiz, Hernando Villalba Tovar y Pablo Salazar Piñeros. Igualmente, fueron sentenciados los policías José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferlein Alfonso Pineda el 31 de enero del 2003 a 40 años de cárcel. El mayor (r) Héctor Édisson Castro también fue condenado a los mismos años de prisión en diciembre de 2013. Todo ellos, fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2018 cuando recibieron los beneficios de la libertad transitoria y anticipada, pero tendrán que contar si participaron en el ocultamiento de pruebas en el caso de Gómez Hurtado.

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Tras este hecho, las Farc decidieron recoger la estructura urbana, aunque entre 1996 y 2000 Lozada procuró reorganizarla y dirigirla desde la clandestinidad en el oriente del país. Durante los diálogos del Caguán, en 2000, Lozada fue designado por el secretariado de las Farc como miembro de la mesa de negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno de Andrés Pastrana, en representación, justamente, de la Red Urbana Antonio Nariño.

En los documentos encontrados en el computador del Mono Jojoy, luego del bombardeo de las fuerzas estatales que lo mató el 22 de septiembre de 2010, también aparecen las comunicaciones que Lozada entabló con él y Mauricio Jaramillo, el último comandante del Bloque Oriental. En varios correos electrónicos quedó registrado cómo Lozada informó sobre la disolución, nuevamente, de esa estructura: “En el caso del frente Antonio Nariño, los comandos desplegados hacia Cundinamarca y Bogotá fueron golpeados, lo que puso en evidencia un trabajo de infiltración dado que cuando las unidades llegaron a sus zonas se encontraron que el enemigo ya conocía la modalidad que estábamos empleando para adelantar el trabajo y fueron fácilmente ubicados. La gravedad del hecho llevó a la determinación de disolver el frente para comenzar un proceso de reconstrucción con personal y planes nuevos”.

Se trató de un bombardeo en la región del Sumapaz (Bogotá) y en Gutiérrez (Cundinamarca) donde murieron más de quince guerrilleros, otros siete fueron capturados y 19 más se internaron en la selva para protegerse. En el 2010 Lozada fue nombrado suplente del secretariado y segundo comandante del Bloque Oriental tras la muerte del Mono Jojoy. El 4 de noviembre de 2011, Alfonso Cano, entonces máximo comandante de las Farc, murió en otro operativo en el norte del Cauca, y el 27 de diciembre Lozada pasó de suplente a miembro pleno del secretariado. Sus actividades políticas e ideológicas con las milicias urbanas le permitieron acceder a esta posición, lo reseñaron en los documentos la inteligencia militar.

Si bien Rodrigo Londoño, Timochenko, ratificó ayer que el secretariado dio la orden de asesinar al excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995, lo tendrá que demostrar ante la JEP, le dijo a El Espectador una fuente del partido político FARC. Igualmente, que la estructura urbana no estaba infiltrada por la inteligencia estatal y que no se trató una operación a la orden de otros intereses.

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