“Mayimbú”, a un paso de ser expulsado de la JEP

Este excombatiente de las Farc fue excluido del caso 005, sobre la guerra en el norte del Cauca y el sur de Valle, después de comprobarse que delinquió posterior a la firma del acuerdo de paz. La justicia indígena también le abrió cuatro investigaciones en su contra. Homicidio, secuestro, porte ilegal de armas son algunos de los delitos cometidos por quien se llama Leyder Johany Noscue Bototo.

Leyder Johany Noscue Bototo, conocido como "Mayimbú", fue integrante del sexto frente de las extintas Farc y recibió los beneficios del Acuerdo de Paz tras la dejación de armas en agosto de 2017./Archivo.

La salida de Leyder Johany Noscue Bototo, conocido como “Mayimbú”, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es inminente. De acuerdo con el auto 037 de 2019, conocido por este diario, el excombatiente de las extintas Farc fue excluido del caso 005, sobre los crímenes de esta guerrilla y la Fuerza Pública en el norte del Cauca y sur del Valle en el marco del conflicto armado, por haber cometido la falta más grave para esta justicia: el rearme.

Aunque “Mayimbú” nunca tuvo un papel protagónico dentro de las filas de las antiguas Farc, en los últimos meses su nombre ha tomado relevancia, después de que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le solicitara a la JEP excluirlo del sistema de justicia transicional porque, de acuerdo con la información de inteligencia, habría participado en el asesinato de Karina García Sierra, candidata de la alcaldía de Suárez (Cauca), y sus cinco acompañantes, en septiembre de este año.

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En ese momento, la JEP no sólo le abrió un incidente de incumplimiento, sino que también le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa y a las autoridades del resguardo indígena Paez de Corinto, al que pertenece “Mayimbú”, pruebas sobre la posible vinculación del excombatiente en otros delitos para apartarlo del caso en el que estaba vinculado. 

La primera entidad en enviarle la información a la jurisdicción fue la Fiscalía. En un informe concluyó que, después de la firma del Acuerdo de Paz, “Mayimbú” habría sido el responsable de homicidios, desplazamiento forzado, fabricación, trafico y porte de armas, terrorismo y asalto a  instalaciones de la Fuerza Pública.

Por estos hechos, existen tres órdenes de captura en su contra: “la primera de ellas del 26 de julio de 2017 por los delitos de secuestro agravado y secuestro extorsivo, emitida por el Juzgado 7 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle). La segunda, del 20 de marzo de 2019 por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, emitida por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Timbío (Cauca). Y la tercera, del 16 de agosto de 2019 por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fugo o municiones y homicidio, emitidas por el juzgado 2º Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca)”, según el documento.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, después de pedirle a la magistratura de la JEP más tiempo para el envío de pruebas, realizó un análisis a partir de los datos de la Fiscalía Seccional del Cauca y la Fuera Pública, en el que determinó que en el norte del departamento delinquen las disidencias de las Farc, conocidas como Columna Móvil “Jaime Martínez” y Columna Móvil Dagoberto Ramos, la primera al mando de Mayimbú.

Finalmente, el resguardo Paez de Corinto señaló que “Mayimbú” actualmente tiene cuatro investigaciones en la jurisdicción especial indígena por hechos sucedidos este año. Uno de ellos ocurrió el 26 de enero de este año, cuando a las comunidades de Crucero la Secreta y San Pedro llegaron hombres armados que se identificaron como integrantes de las disidencia de las Farc, al mando de quien se identificó con Mayimbú. Igualmente, lo acompañaban otros armados que se identificaron como “El Gato”, “Canoso” y “Laberinto”, “manifestando que retomarían el control del territorio y que sacarían a los otros grupos armados tales como son el Ejercito Popular de Liberación (EPL)”.

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Al día siguiente, dicen los indígenas en su relato a la JEP, asesinaron a dos personas en el cementerio de la comunidad de San Pedro, quienes serían simpatizantes del grupo armado del EPL: “El Cabildo de Corinto realizó el levantamiento de manera humanitaria y las diligencias fueron trasladadas a la Fiscalía Seccional de Corinto (Cauca), considerando las condiciones de seguridad para las Autoridades”.

El 4 de febrero pasado volvieron a aparecer dichas disidencias. Esa vez llegaron a la comunidad indígena de Boquerón en el resguardo de Corinto. Un grupo de sujetos armados, en un vehículo, violentó y dañó el puesto de control y una motocicleta de la Guardia Indígena que se encontraban en sus actividades de control territorial. Los indígenas intentaron retenerlos, pero los agresores le dispararon a la comunidad. Por este hecho, el resguardo de Tacueyo los condenó a 13 años de aislamiento a los ocho miembros de las disidencias, entre ellos, a “Mayimbú” como autor intelectual del hecho.

El 15 de febrero, en la comunidad de Playón del Resguardo de Corinto, fue asesinado el comandante del grupo armado ilegal de EPL, quien se hacía llamar “El grande” o “Paisa”. Por este hecho, la comunidad quedó confinada durante varios días. Por último, la jurisdicción también investiga las amenazas en contra de la autoridad tradicional indígena de Corinto, a raíz de que diferentes panfletos que circulan por el pueblo y la amenazan. Dichos pasquines están firmados por la columna móvil “Dagoberto Ramos” y la columna “Jaime Martínez”.

Aunque ese fue el informe de este año, el resguardo Paez también le informó a la JEP que “Mayimbú” y otros disidentes, conocidos como “El Inidio”, “Barbas” y “Gato” tienen orden de captura por  el homicidio del  gobernador indígena Edwin Dagua Ipia, asesinado el 7 de diciembre del año 2018.

Todos estos hechos, sin contar los que sucedieron la semana pasada, cuando un grupo de hombres armados, acusados de pertenecer a la autodenominado columna “Dagoberto Ramos”, asesinó a cuatro guardias indígenas y a la gobernadora de Tacueyó, Cristina Bautista. Se movilizaban en camionetas de alta gama y con armas largas, como quedó grabado por los indígenas en el momento en que huían en los vehículos.   

Para la JEP, “la información recaudada por la justicia ordinaria indica claramente que los delitos que se atribuyen al señor Noscue Bototo no son aislados, sino que se cometen en el marco de la imputación del delito de concierto para delinquir y de hechos que indican claramente no solamente el rearme, sino también la participación activa en disidencias de las Farc que están atentando directamente contra desmovilizados de ese grupo y contra líderes indígenas, afectando la reinserción, la no repetición y la paz en los territorios”.

Por lo anterior, la magistratura decidió no llamar a versión voluntaria a “Mayimbú”, es decir, que queda excluido del proceso hasta que la Sala de Reconocimiento tome la decisión definitiva de expulsarlo de la jurisdicción. Cabe recordar que el excombatiente se acogió al acuerdo de paz e ingresó a la JEP en marzo de 2017. En ese momento se comprometió a aportar verdad, reparar las víctimas y a la no repetición. Sin embargo, el Ejército ha dicho que el exguerrillero no sólo está rearmado, sino que también comanda a 105 hombres, en el norte del Cauca. El Ministerio de Defensa lo catalogó como “el más buscado del suroccidente del país” y en un consejo de seguridad extraordinario pasó de ofrecer $30 millones a $1.000 millones de recompensa para capturarlo.

Por lo pronto, aunque la JEP tiene la certeza del peligro que genera “Mayimbú” para las comunidades del norte del Cauca, está surtiendo todo el proceso jurídico para quitarle todos los beneficios que obtuvo en el marco del proceso de paz. Por su parte, las Fuerzas Estatales lo buscan a muerte entre las montañas de la cordillera central y occidental en el norte del Cauca, en donde, todo indica que se convirtió en el comandante de un ejército privado para los narcotraficantes colombianos y mexicanos que transan estupefacientes en esa región del sur del país.   

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