‘Militares aceptaron en la JEP que intentaron matarme’: sobreviviente de “falsos positivos”

Noticias destacadas de JEP

Aladino Ríos es un campesino que se salvó de ser asesinado por miembros del Batallón Magdalena, en Pitalito (Huila), una de las zonas priorizadas por esta justicia transicional. Si bien militares de bajo rango han aceptado su responsabilidad en su caso, le pide a la magistratura que llame a los comandantes del batallón de la época, como el general Marcos Evangelista Pinto, hoy comandante de la Segunda División del Ejército.

Aladino Ríos se salvó de ser un “falso positivo”, en agosto de 2007, cuando tenía 31 años. Después de haber salido de la cárcel, ya dedicado al campo, un amigo también exconvicto le pidió que lo acompañara a entregar un encargo en una finca, en la zona rural de Pitalito (Huila). A ellos se sumaron tres personas más, con quienes luego irían a una gallera cercana a tomarse unas cervezas. Sin embargo, en la mitad del camino, cuando ya estaba oscureciendo, tuvieron que parar en un retén militar. Los soldados les pidieron, a los gritos, que se bajaran del carro.

Luego los montaron a una camioneta y les ataron los pies y las manos. Una hora después de recorrido, en medio de un camino destapado, los sacaron del vehículo y los tiraron al suelo. “No sospechaba nada. Un soldado me soltó los cordones, me cogió por el lado derecho y nos pusimos a caminar como 70 metros. Él me echó un cuento raro y me preguntó: ‘¿Usted no quiere irse para la guerrilla?’... Después me sacó el arma y me pegó dos disparos en el hombro derecho. Caigo al piso y le digo: “Me mató”. Clavé la cabeza por varios minutos, yo me di por perdido”, relata Ríos.

(Escuche su historia completa: (Pódcast) Así se salvó Aladino Ríos de ser un falso positivo)

El sentirse las piernas lo hizo reaccionar. Pensó que podía escapar y así lo hizo: arrancó a correr cuando el militar estaba dándole la espalda. El soldado escuchó los pasos y, después de dudar unos segundos, le mandó una ráfaga de disparos. Uno de ellos le hirió los testículos. “¿Cómo la Fiscalía asume mi caso y me cree? Porque los tiros iban de atrás para delante. En un enfrentamiento eso no pasa. Ahí se dan cuenta de que casi caigo en la lista de las ejecuciones extrajudiciales”, explica. Herido, logró rodar por una loma desde donde el militar ya no lo veía. Esperó unos minutos y salió hacia una carretera donde había una casa. Allí lo auxiliaron.

Desde ese momento, Aladino Ríos ha hecho todo para saber la verdad. Se reunió, incluso, con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en la casa de Nariño para contarle su historia. La respuesta del mandatario, en 2008, fue que “los militares no asesinan a los campesinos”. A pesar de eso, su proceso siguió en la justicia ordinaria hasta que llegó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

El campesino logró acreditarse como víctima y por fin está empezando a escuchar de sus presuntos victimarios cómo se desarrolló el fenómeno de los “falsos positivos” en Huila. Para los magistrados es una pieza clave, pues son pocas las personas que sobrevivieron a este crimen. “Están contados con una mano”, dice Ríos.

En entrevista con este diario, cuenta que el proceso judicial va por buen camino, pero espera que pronto el comandante del batallón Magdalena en la época de los hechos, Marcos Evangelista Pinto, responda ante el Tribunal de Paz. Actualmente, el general es el comandante de la Segunda División del Ejército, en Norte de Santander, y no ha sido llamado a rendir su versión voluntaria. Según documentación de las organizaciones sociales y de la Fiscalía, al menos 42 casos de “falsos positivos” se habrían presentado bajo su mando, en unidades militares ubicadas en Huila y Antioquia.

¿Qué opina de esta priorización que hizo la JEP?

Esta decisión corresponde a la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales que ha habido. Las víctimas llevamos décadas esperando una respuesta de la parte penal y hasta hoy empezamos a ver los primeros resultados. Esas cifras ya las conocíamos las víctimas por el trabajo de las organizaciones, pero nadie les creía. Por eso fue tan impactante la noticia, porque es la primera vez que alguien del Estado dice: sí, esto pasó. Creo en la JEP y en su equipo. Pienso que por primera vez la justicia no está favoreciendo a alguien. Además, me acreditaron y se dieron cuenta de que soy un sobreviviente y puedo dar fe de este delito. Tengo también una representante legal y ya he asistido a seis audiencias.

¿Qué ha pasado en esas audiencias?

Hay cinco implicados en mi proceso que ya hablaron, reconocieron mi caso y aceptaron que querían matarme. Son del Batallón Magdalena. Hay un teniente y un cabo que están ayudando mucho y cuentan la verdad. Ellos se encargaban de ejecutar las órdenes, así que conocen las responsabilidades. Pero hay otros que no lo han hecho, sobre todo los que son de alto rango. La última vez escuché a un coronel (no digo el nombre porque me meto en problemas) y me di cuenta de que se quería lavar las manos porque decía: “Lo hizo fulano y yo simplemente estaba ahí”. No asumen la responsabilidad. El problema es que quienes estaban bajo su cargo no dicen lo mismo. Yo estoy pendiente de que llamen al comandante de batallón, Marcos Evangelista Pinto. Voy a pedirle a la JEP, a través de mi abogada, que lo obliguen a declarar y sea compareciente. A él y a otras personas.

¿A quién más cree que es necesario llamar para esclarecer este caso?

Quiero que llamen a los ministros y al mismo presidente Álvaro Uribe. Mi caso no fue el único. Los “falsos positivos” fueron un delito nacional. No fue en un solo municipio, ni un solo departamento, ni ocurrieron en un batallón. ¿Quién da la firma para qué eso suceda? Yo sí creo que los responsables también son los altos funcionarios del Gobierno que lideraban en esa época, incluyendo a Juan Manuel Santos, ministro de Defensa. Él ha dicho que iría a la JEP y nosotras las víctimas esperamos que lo haga y diga su verdad, al igual que el expresidente Uribe. En una reunión que tuvimos, en 2008, me dijo que “los militares no mataban campesinos”. Si eso no es cierto, ¿qué responde ante esas 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008? Él conocía lo que pasaba. En ese momento, con una señora del Casanare, que le mataron al marido, fuimos a contarle nuestros hechos. Nos dijo que no era cierto. Hoy pienso que nos trató de mentirosos o subversivos. Si dice que no es cierto, ¿entonces me iban a matar por guerrillero? A mí me gustaría que ahora me dé la cara públicamente.

(Puede interesarle: ¿Qué hay detrás de las cifras de la JEP sobre los falsos positivos?)

¿Qué patrones han reconocido los militares hasta ahora en las audiencias?

Hay varios. Pero hay un militar que lo dijo claro en el caso de Huila: el batallón tenía unos reclutadores a quienes les pagaban 25.000 pesos diarios para que se fueran a conseguir víctimas. Hace 14 años esa plata era el día de un jornalero. Esos reclutadores usaban varias formas. A mí, por ejemplo, me invita un conocido, que era supuestamente amigo de la cárcel, a entregar un encargo. Y con esa excusa nos llevó a tres que estábamos, por decirlo de alguna manera, vendidos. Pero también utilizaban lo del día de trabajo y hasta la excusa de ir a una fiesta. A un vecino lo mataron diciéndole que iban a una gallera. La persona que me recluta a mí también se lo llevó a él.

¿Cómo se siente en medio de esas diligencias y darse cuenta de la dimensión de estos crímenes?

¿Sabe por qué duele tanto? Cuando estábamos en la peor época de la guerra, uno esperaba lo peor de la guerrilla, porque es un grupo ilegal, ilegítimo. Pero eso no se espera de quien lo tiene que defender. Es muy duro darse cuenta de que los que debían protegernos cometieron hechos tan aberrantes. Planeaban todo: compraban los uniformes y pasamontañas, escogían víctimas, los mataban “porque se enfrentaban a ellos” y hasta cuadraban el transporte para llevarlas de un lado a otro. A uno le parece increíble, pero actuaron como un grupo ilegal, se organizaron para eso. Eso no se puede negar. No hay un solo batallón que no tenga una investigación de “falsos positivos”. Y lo más triste es que esos altos mandos se van por las ramas. A otro militar le pregunté quién se inventó la directiva 29 de 2005, para recibir pagos por información a la fuerza pública. Él evadió la pregunta y empezó a explicar los montos, de acuerdo al capturado o la baja. No dijo más.

¿Le han pedido perdón quienes han reconocido los hechos?

Sí. Y también nos hemos encontrado con historias impresionantes. Un cabo, por ejemplo, que lo condenaron por no haber dicho nada de las ejecuciones extrajudiciales, contó que tuvo en su poder a cinco campesinos. Los tenían en una casa para ejecutarlos, pero no fue capaz. Los soltó. Me acuerdo que el hombre decía que le removía porque se parecían a su familia que era del Cauca. Ahora está en la JEP porque se calló por temor a los superiores. Tenía miedo de las represalias. Y yo lo entiendo, porque me pasa lo mismo. En este país se habla de no repetición, aunque los agresores siguen en la calle como si nada, sueltos y hasta pensionados o ejerciendo altos puestos. ¿Sabe qué es la no repetición? Que uno como víctima no dé papaya, porque no nos pueden garantizar la seguridad.

(Lea también: ‘Quien ataque a la justicia debe responder ante las autoridades’: JEP sobre falsos positivos)

¿Por qué cree que buscaban a campesinos como usted para ejecutarlos?

Las personas de bajos recursos no tenemos quiénes nos reclamen. A los pobres y quienes vivimos en las veredas apartadas nos matan, nos entierran las familias como pueden y hasta ahí llega el cuento. Eso no pasa, por ejemplo, con gente de los pueblos o las ciudades que vienen de familias pudientes, que ponen el dedo en la llaga y se adelantas las cosas. Y eso súmele que la guerrilla viene del campo, así que era más fácil echar el cuento con los campesinos. También hay otro patrón importante: el de las personas que tienen antecedentes, como yo. Es más fácil legalizar las bajas diciendo que uno reincidió. Ahora yo solo quiero que muchos conozcan la verdad y nos reparen a quienes vivimos esto.

¿Qué opina de que hayan generales activos, a pesar de que bajo su mando se hayan presentado decenas de ejecuciones extrajudiciales?

Con este proceso espero que los altos mandos responsables sean investigados y condenados. Este país no aguanta más impunidad. Le estaba diciendo lo del general Pinto, porque hoy sigue como si nada y en el Ejército. Él debería responder, pero la ley no obra. Lo mencionan los tenientes y un cabo, y sigue como si nada. La JEP debe empezar a llamarlos ya y que respondan. Si él era el comandante, ¿cómo no sabía lo que pasaba? Que nos respondan de una buena vez: ¿quién dio la orden?

Comparte en redes: