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Leyder Johany Noscué, conocido en la guerra como Mayimbú, se convirtió en el nuevo punto de choque entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de que Guillermo Botero, ministro de Defensa, asegurara que las autoridades no habían podido capturar el excombatiente, quien habría reincidido en hechos delictivos, porque la jurisdicción no lo había expulsado.
La JEP afirmó de inmediato que sí podría aprehenderlo y le pidió pruebas al ministerio para una posible expulsión. Sin embargo, la cartera de Botero hasta ahora no ha entregado una sola prueba, de acuerdo con un auto de esta justicia conocido por este diario.
La historia comenzó el pasado 6 de septiembre, cuando el Ministerio de Defensa le pidió a la JEP, a través de un oficio, que se "tomen medidas que responden a las competencias establecidas en derecho" en el caso Mayimbú, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información de un consejo de seguridad, el excombatiente habría participado en el atroz crimen en el que falleció Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez, Cauca, junto con otras cinco personas.
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Luego, el 18 de septiembre, el ministro Botero expresó vía Twitter que era necesaria la expulsión de Mayimbú de esta justicia para que las autoridades pudiesen capturarlo: “Solicitamos a la JEP, mediante comunicación escrita, la expulsión de alias Mayimbú para que Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan”.
Ante estas declaraciones, Patricia Linares, presidenta de la JEP, desmintió al ministro y le recordó que, de acuerdo con las normas constitucionales, la competencia de la JEP “es exclusivamente sobre los delitos cometidos antes del 1° de diciembre de 2016 que estén relacionados con el conflicto armado interno”. En ese sentido, Linares dejó claro que “la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo” después de esa fecha. Y le recordó que ese es su deber y su obligación.
Hasta ese momento la tensión parecía que se había disipado. La JEP unos días antes le abrió a Mayimbú un incidente de incumplimiento, un proceso investigativo para examinar los comportamientos de quienes se acogen a esta justicia y verificar si están o no incumpliendo con lo pactado en el Acuerdo Final. En caso de comprobar que Mayimbú cometió este delito y volvió a las armas, perderá todos los beneficios y será expulsado de esta jurisdicción.
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Pero para comprobar que el exguerrillero está volviendo a delinquir, la JEP necesita pruebas. Los magistrados, a través del auto 023 del 16 de septiembre, le solicitaron material probatorio al Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la comunidad indígena a la que pertenece el acusado. El plazo de entrega era del 19 al 24 de septiembre. Todos enviaron información excepto el Ministerio de Defensa que, a pesar de que insisitó en la necesidad de expulsar al excombatiente, pidió una prórroga para dar respuesta.
"De manera comedida le solicito que le conceda a este Ministerio una prórroga de días hábiles adicionales para la obtención de la información en las distintas dependencias del Sector Defensa competentes para realizar el informe requerido. Desde luego, si es posible responder antes, así procederemos", dice la carta enviada a la JEP el pasado 24 de septiembre.
Aunque a través de un nuevo auto la JEP concedió la prórroga, dejó estipulado que "no deja de causar sorpresa al Despacho, toda vez que fue el propio ministro de Denfensa, quien envía oficio informando a la Jurisdicción la posible participación del señor Noscue Bototo en los hechos descritos".
Además, expresó su preocupación porque "las informaciones de inteligencia con que cuenta el Ministerio de Defensa no recojan en tiempo real la situación que evidencian en su comunicación del 6 de septiembre del presente año".
Hace un par de semanas, el ministro Botero lo catalogó como “el más buscado del suroccidente del país”. De hecho, en un consejo de seguridad extraordinario en Popayán, pasó de ofrecer $30 millones a $1.000 millones de recompensa para capturarlo.
Mayimbú se acogió al acuerdo de paz e ingresó a la JEP en marzo de 2017. El exguerrillero se había comprometido con la JEP a aportar verdad, reparar las víctimas y a la no repetición. Sin embargo, el Ejército ha dicho que el excomandante no sólo está rearmado, sino que también comanda la columna Jaime Martínez, de 105 hombres, en el norte del Cauca.