‘Objeciones a la JEP no fueron consideradas por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo’: Farc

Los integrantes de Farc en la Csivi se quejaron porque las objeciones a la ley estatutaria no fueron tratadas en esa instancia. / EFE

El componente de Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) aseguró hoy, a través de una carta, que las seis objeciones hechas por el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son inconstitucionales y causan graves impactos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, así como en la implementación del proceso de paz.

Rodrigo Granda o ‘Ricardo Téllez’, conocido como el “canciller” de las Farc; Jairo Estrada, quien perteneció a la iniciativa ciudadana Voces de Paz y tuvo asiento en el Congreso; y Ronald Rojas o ‘Ramiro Durán’, excandidato al senado por las Farc, fueron los firmantes de la carta, en la que también manifestaron que las objeciones presidenciales “representan una intervención política que de manera flagrante viola ostensiblemente las normas constitucionales que el Jefe del Estado está obligado a respetar”.

Su principal argumento es que la decisión del presidente desconoce el acto legislativo No. 2 de 2017, el cual obliga a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir con el Acuerdo Final durante tres periodos presidenciales, es decir, hasta el año 2030.

Según los tres representantes de las Farc, las acciones del presidente no fueron consideradas por la CSIVI, un organismo creado en diciembre de 2016 donde tienen asiento funcionarios del gobierno y la exguerrilla para verificar el proceso de implementación del acuerdo de paz.

“Constituyen una pretensión no sólo injurídica sino carente de toda lógica, de modificar los contenidos esenciales del Acuerdo Final, de manera unilateral, es decir sin la participación de las partes que lo suscribieron”, agregaron.

Si bien sostienen que consultar a la CSIVI no debe ser un requisito en las iniciativas gubernamentales, en este caso, en el que las objeciones buscan modificar el funcionamiento del tribunal que juzgará todo lo ocurrido en el conflicto armado, las objeciones sí debieron ser planteadas en el organismo bipartito.

Y en ese sentido, ya que no están de acuerdo con las objeciones al proyecto de ley y las consideran un incumplimiento al acuerdo de paz, le pidieron a Noruega y Cuba, los países garantes del proceso de paz, que intervengan para buscar una solución.

“Como representantes de la FARC en la CSIVI alertamos igualmente sobre los graves impactos que se generan en el proceso de reincorporación integral, político, económica y social, de los exguerrilleros y exguerrilleras”, señalaron finalmente.

Esta mañana, precisamente, se reunieron los representantes de gobierno y de la exguerrilla que pertenecen al Comité de Seguimiento (CSIVI) en Bogotá. Allí, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, expresó que las objeciones hechas por el presidente a la ley estatutaria de la JEP no pueden considerarse como un incumplimiento al acuerdo con las Farc.

"El hecho de que el jefe de Estado haga uso de las facultades constitucionales que le corresponden, es una clara expresión de la democracia y la separación de los poderes”, señaló Archila y agregó que “el acuerdo solo puede explicarse enmarcado en el contexto constitucional de Colombia. Nada en ese texto limita la facultad que se ejerció”.

Con respecto a la solicitud de que entraran los países garantes, el consejero Archila y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguraron que no procede llamar inmediatemente a los países garantes sino que las partes intenten llegar a un acuerdo y se programó una sesión para tal fin. 

Si quiere saber qué es la ley estatutaria, le invitamos a ver este video: