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En aras de la transparencia y con el objetivo de promover el principio dialógico dentro de la Jurisdicción Especial la Paz (JEP), las organizaciones sociales representantes de víctimas de los mal llamados “falsos positivos” pidieron hoy al alto tribunal volver públicas las versiones voluntarias de los miembros de la Fuerza Pública, tal y como lo hicieron con las declaraciones de los exguerrilleros de las Farc en el caso de reclutamiento forzado de menores de edad.
A través de una misiva, expresaron a la Sala de Reconocimiento: “Los y las abajo firmantes, en nuestra condición de víctimas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de víctimas dentro del caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, por medio del presente escrito nos permitimos acudir respetuosamente ante su despacho con el propósito de presentar solicitud formal para que se garantice la publicidad plena en las versiones voluntarias adelantadas dentro del caso”.
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Según las organizaciones, obedeciendo a que estos crímenes fueron cometidos de forma masiva y sistemática contra civiles o personas por fuera de toda confrontación armada, este tipo de diligencias “debe dirigirse a la sociedad en general, en razón a que con la gravedad de estas conductas no sólo se agredió a las víctimas, sino a los valores propios y ética de la humanidad”.
Para argumentar esta visión, en su carta citan el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, de las Naciones Unidas, en el que se establecen tres derechos a la sociedad: el derecho de las víctimas a saber, que se relaciona con el derecho inalienable a la verdad y el derecho a recordar.
De hecho, también sostienen que su propuesta proviene de las mismas decisiones de la Jurisdicción y citan el caso de cuando Mario Montoya Uribe solicitó medidas cautelares, advirtiendo que su vida corría peligro tras la filtración de algunas de las versiones voluntarias dentro del caso 03 a los medios de comunicación. En la respuesta de la Sección de Apelación, evidenciaron los representantes de víctimas, la magistratura dejó claro que si bien es indispensable protegerlo, “los procedimientos adelantados ante la JEP son por regla general públicos y esto debe garantizarse en todas las etapas procesales, entendiendo la publicidad no solo en el marco interno de este escenario de justicia sino también externo (dirigido a la sociedad)”.
Ha sido la JEP, manifestaron las organizaciones, quien ha reiterada su postura de la necesidad de la publicidad de las actuaciones de la justicia transicional "como elemento fundamental para el control ciudadano, la transparencia judicial, el esclarecimiento de la verdad, el proceso debido en la administración de justicia, la construcción dialógica de la verdad, los derechos de la sociedad colombiana y las garantías de no repetición”.
Y es que hasta ahora, dijo Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y uno de los firmantes de la carta, los militares no han contribuido con la verdad a la que se comprometieron. Según el jurista, si bien no desconocen que algunos están comprometidos, han detectado que la gran mayoría usa “una estrategia de defensa en la que se sigue culpando a los mandos medios para quitarle la responsabilidad a los altos mandos”.
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Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, insistió Arboleda, no están satisfechas con los aportes y esperan que la Jurisdicción acelere los procesos. Si bien en algunos casos están adelantados, hay otros en los que aún no han sido investigados los militares que hoy están sometidos a la justicia transicional. “Está el caso de Mario Montoya, a quien se le investiga por hechos que ocurrieron en la Popa, en 2008, pero no por lo sucedido en Antioquia en la IX Brigada del Ejército o la Primera División, entre 2002 y 2005”, señaló el jurista.
En la carta se dejó claro que, además, “el principio de publicidad de las actuaciones judiciales no puede verse como una simple formalidad procesal, sino como un presupuesto de eficacia de la función judicial y de legitimación de la democracia participativa”. Incluso, agregaron, la publicidad ha sido aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y respaldado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aunque ya se han realizado 220 versiones voluntarias de militares y el caso ha avanzado, Arboleda manifestó que abrir esta puerta de la publicidad de las versiones es necesario para los futuros casos que faltan por conocer y que demostrarían la sistematicidad de los “falsos positivos”: “Es que la Jurisdicción apenas lleva 4 años, pero faltan 11 más y seguro conocerán más zonas donde se han presentado estos delitos y hemos denunciando en los informes”. Se refiere, por ejemplo, a los crímenes que habrían cometido los miembros del BAJES en Antioquia.
Eso sí, las organizaciones también plantean que en conjunto con las víctimas, los militares sometidos y la JEP se cree un mecanismo para que las versiones sean públicas y, al mismo, se les proteja su vida a los comparecientes, pues saben que algunos de ellos están amenazados y que de su verdad depende este proceso.
No es la primera vez que las víctimas solicitan cambios en la estructura de las versiones voluntarias. En 2019, manifestaron su inconformismo a la Jurisdicción por no poder participar en este tipo de diligencias que son el primer encuentro entre los magistrados y quienes cometieron graves delitos, pues iba en contravía del principio de la centralidad de las víctimas. Al revisar sus argumentos, esta justicia decidió cambiar su metodología y permitir su participación.