Los detenidos arbitrariamente en los Montes de María exigen verdad y justicia

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Después de entregar un informe sobre detenciones arbitrarias en la región, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos le solicitó a la JEP abrir un caso para investigar otros hechos como violencia sexual, desaparición forzada y masacres que afectaron ampliamente a los habitantes de la región durante el conflicto.

Gilberto Manuel Pérez creció en la finca La Europa, en Ovejas (Sucre), y a sus 14 años, siendo un joven campesino, ya hacía parte de la junta directiva de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la finca y en los años siguientes siguió ejerciendo cargos dentro del movimiento campesino. Sin embargo, esos años de finales de los 80 no serían tranquilos para su familia. En la región de los Montes de María, de la que hacen parte municipios de Sucre y Bolívar, ya empezaban a hacer presencia guerrillas como el Eln y las Farc, y luego, en los 90, llegaron los paramilitares.

En 1992 desaparecieron a su hermano José del Carmen en San Juan Nepomuceno (Bolívar), y en el año 2000, a su hermana María en el corregimiento Nueva Colombia, jurisdicción de Ovejas. En medio de ese panorama, Gilberto dejó La Europa. Desde el 92 hasta 2002 estuvo moviéndose entre Sincelejo, Ovejas y finalmente se ubicó en Chalán (Sucre). Con él llegó también el liderazgo. En la invasión Nueva Esperanza, con sus vecinos, constituyó la JAC y quedó elegido representante. En eso andaba cuando, en la madrugada del 17 de agosto de 2003, un grupo de hombres con las caras tapadas rodearon su vivienda.

“Yo pude salirme de mi casa porque era humilde, sin puertas, nada más tenía la puerta de adelante y atrás no había pared, y me fui para donde un vecino porque pensaba que eran paramilitares que me estaban buscando para matarme, porque no se identificaron. Cuando ya son casi las cuatro de la mañana comienzo a oír unos tiros a unas cuatro o cinco casas y vi que se llevaban a unas personas, entonces les comienzo a decir que se identifiquen. Uno dijo que eran de la Fiscalía y después de un momento decidí que me iba a presentar ante ellos porque no debía nada”.

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Así recuerda Gilberto la Operación Mariscal, una operación militar en la que la Fuerza Pública capturó a 156 personas en los municipios de Chalán, Ovejas, Corozal, Sincelejo y Colosó. La región de los Montes de María para ese momento era una “Zona de Rehabilitación y Consolidación”, es decir, un territorio militarizado y en el que regían reglas estrictas con el fin de avanzar en la “lucha antiterrorista”, en el desarrollo de la doctrina de la Seguridad Democrática del entonces expresidente Álvaro Uribe.

Las detenciones masivas y arbitrarias que se presentaron en los Montes de María por esa época fueron solo una de las violencias que vivieron los campesinos de la región. Masacres, violencia sexual, desplazamiento forzado y despojo de tierras, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas fueron otros de los hechos a los que se vieron sometidos. Sin embargo, sobre estos últimos hechos mencionados ha habido un reconocimiento social y judicial, y se ha empezado a aclarar la verdad: ¿quiénes lo hicieron? ¿Qué querían lograr? ¿Cómo? El esclarecimiento de las detenciones masivas no ha tenido el mismo éxito.

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El informe “Solo preguntaron por mi nombre”, que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) entregó a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 31 de julio ahonda en este fenómeno. Cuentan, por ejemplo, que alrededor de 300 personas de los Montes María fueron detenidos en capturas que “se caracterizaron por la precariedad de los indicios y las irregularidades y manipulaciones procesales, así como por las injerencias indebidas de funcionarios del poder ejecutivo quienes promovieron un despliegue periodístico y público del nombre, y a veces de la foto o imagen, de las personas detenidas”.

Este informe documenta las historias de 97 de estas, y encuentra 10 patrones, entre los que se encuentra el uso de falsas reuniones para obtener información de las personas que luego señalarían de ser guerrilleras; la presencia de hombres con las caras tapadas, allanamientos sin orden judicial y acusaciones como “proveer víveres” a los insurgentes.

Pensando en cómo se podría hacer justicia para las víctimas de los Montes de María, el CSPP le pidió a la JEP que abra un caso para investigar la violencia en la región, de modo que no solo se esclarezcan las detenciones, sino otros crímenes en los que las víctimas aún se preguntan por qué, y en otros aun no saben qué pasó.

El proceso de los detenidos por la Operación Mariscal fue enredado e irregular. Tres meses después de la captura, el fiscal Orlando Pacheco revisó los casos y determinó que no había pruebas para mantener retenidas a esas personas ni imputarles cargos. Gilberto salió en lo que él llama “la libertad de Pacheco”, pero en junio de 2004 nuevamente fue capturado. Con él, 82 campesinos más volvieron a la cárcel, e incluso el mismo fiscal Pacheco estuvo en detención domiciliaria. La tesis de la Fiscalía era que todos los detenidos eran guerrilleros (se les imputaba el delito de rebelión y otros) y el fiscal era también colaborador.

Nuevamente Gilberto salió libre y absuelto 22 meses después. Y sí, lo volvieron a encarcelar cuando un juez resolvió la apelación que hizo la Fiscalía y lo condenó a seis años de cárcel. Pasó uno y salió por buena conducta. Fue en el año 2007.

Como en la historia de Gilberto, otros de los detenidos eran líderes campesinos sobre los que, después de este proceso, de absoluciones y condenas, quedó una acusación de la que se defienden. “No somos guerrilleros”, afirma Gilberto.

Franklin Castañeda, presidente del CSPP, afirma que “las más de 300 personas que sufrieron estos hechos no han sido reconocidos como víctimas y por lo tanto no han podido acceder a un proceso institucional que les permita establecer la verdad de los hechos ni acceder a algún tipo de reparación. Pasa también con las víctimas de violencia sexual. Y en los casos de desaparición forzada, masacres y falsos positivos, si bien hay un mayor reconocimiento social de que esto sucedió, aún no hay una respuesta judicial que permita esclarecer los hechos y hacer justicia sobre los mismos. Esto implica que se puedan vincular a procesos judiciales a personas que fueron partícipes de este tipo de victimizaciones”.

Por esta razón, el Comité presentará a la JEP una acción jurídica para que esta justicia analice la situación judicial de las personas que fueron detenidas en esa época y que fueron condenados y absueltos para que examine el fenómeno.

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Gilberto Pérez, 13 años después de salir de la cárcel, dice que no se ha podido reponer. “Perdí mi primer hogar, que era de matrimonio. Física y mentalmente, a pesar de que me hago las terapias, es irreparable el daño y no solamente a mí, sino a mis compañeros de la Junta, a mis hijos y a la compañera con la que vivía en ese momento. Hay momentos difíciles y traumáticos por causa de esa situación”, explica. Por eso el pedido es que se reconozca públicamente que las capturas fueron arbitrarias, y en algunos casos ilegales, para que sea reconocida la inocencia de estas personas.

“Si algún día se nos da la oportunidad de que se limpie nuestro nombre, quiero que se diga la verdad, se nos pida perdón y se nos reconozca ese daño espiritual y material, y que se diga que no fuimos guerrilleros ni fuimos milicianos, sino que somos líderes campesinos. Y que los medios de comunicación, así como dijeron que se habían capturado guerrilleros, también reconozcan que se equivocaron y digan que eran campesinos, hombres que defienden sus comunidades, líderes sociales ajenos a la guerra y que rechazamos todo acto de violencia y le apostamos a la paz. Y que ahora que hay una oportunidad en la Comisión de la Verdad, en la JEP, se investigue y se sepa la verdad”, dice Gilberto.

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