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Diego Villegas Muñoz fue ascendido de coronel a brigadier general del Ejército en diciembre pasado, en medio de la polémica. Es investigado por su posible participación en la ejecución extrajudicial de Ómer Alcides Villada, ocurrida el 25 de marzo de 2008 en Montebello, Antioquia. Se trata de otro oficial de alto rango que ha pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, junto con los generales retirados Mario Montoya Uribe y Henry Torres Escalante, todos procesados por el infame capítulo de los falsos positivos en el país.
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Aunque dichos generales han insistido en su inocencia, el caso de Villegas Muñoz llamó la atención de varias organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, dado que la justicia no ha dicho nada sobre si tuvo o no relación con ese caso. Y ahora porque fue designado como comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, que forma parte de la Segunda División del Ejército, que tiene a su mando las operaciones militares en el Catatumbo. El general Villegas Muñoz enfrenta cuestionamientos similares a los del general Evangelista Pinto, quien también fue promovido recientemente.
En 2008, Villegas era teniente coronel y comandaba el Batallón de Ingenieros No. 4 “General Pedro Nel Ospina”. Tropas de esa unidad presentaron a Ómer Alcides Villada como un delincuente común que había robado y extorsionado a vecinos de la vereda Palmitos de Montebello, Antioquia. No obstante, testimonios de personas del sector, recopilados por los abogados de la familia Villada, dicen lo contrario: que era un agricultor, algo introvertido y cuidaba a su abuela Margarita.
Los implicados son los militares Jesús Armando Villany Realpe, Robinson Andrés Rincón Mesa, Henry Alejandro Osorio Gaviria, Esteban Vásquez Sánchez, Edier Gerardo Urrego González y Villegas. Al alto oficial se le investiga por supuestamente conocer de la preparación de esta operación militar, así como por supuestamente autorizar recursos reservados para pagarle a un informante. Esta persona, Nelson de Jesús Henao, ha declarado que nunca entregó información al Ejército. No fue sino hasta 2016 cuando la justicia empezó a tomar medidas. El 5 de diciembre de 2016 un juzgado de Medellín ordenó su captura.
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Aunque el abogado Germán Romero, que representa a la familia de Omer Alcides Villada, presentó en 2017 varios derechos de petición al Ministerio de Defensa para que se hiciera efectiva la captura que estaba vigente contra Villegas y que lo separara del curso de ascenso que ya había empezado, esto no pasó. Villegas permaneció libre, estudiando en la Escuela Superior de Guerra y habitando en las casas fiscales del Cantón Norte. “Si la orden de captura se hubiera hecho efectiva, pues simplemente hubiera tenido que ser suspendido del curso de ascenso y no hubiera sido general como lo es hoy en día”, dijo Romero a este diario. Pero el escenario cambió pronto.
El 31 de junio de 2017, el Juzgado 43 Penal Municipal de Medellín suspendió las órdenes de captura contra Villegas y los otros implicados en ese proceso, teniendo en cuenta uno de los decretos que expidió el gobierno Santos parar dar a los militares un trato equitativo, en el marco del Acuerdo de Paz que se alcanzó con las Farc. Con la Jurisdicción Especial para la Paz en marcha, Villegas pidió acogerse a esa justicia especial y el 6 de febrero de 2018 firmó el acta de sometimiento. La Fiscalía intentó imputarle homicidio en persona protegida, peculado por apropiación y tráfico o porte de armas de fuego en varias ocasiones sin éxito, pues las diligencias se han aplazado.
La última fue el 5 de abril de 2018, cuando la Procuraduría pidió que el caso pasara a la JEP. El juzgado aceptó y señaló que ya no tenía la competencia para hacer la imputación. La Fiscalía y la defensa apelaron y otro juzgado decidió que es la Corte Constitucional la que debe definir quién sigue con el caso. Mientras la defensa del hoy general espera que se tome una decisión, para las víctimas, las investigaciones no se pueden paralizar. El Espectador contactó hace varios días a la abogada del oficial, Tania Parra, pero no hubo respuesta.
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“La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha dicho que la justicia ordinaria, sean jueces o la Fiscalía, deben mantener el conocimiento hasta que un informe de la Sala de Reconocimiento de Verdad diga que asume el caso y que lo va a enviar al tribunal, antes no”, dice Romero, para quien la JEP “es un proceso en Bogotá”, en el que se dan beneficios a quienes se sometan, pero no hay garantías para las víctimas. “Villegas Muñoz llegó a un batallón lleno de ejecuciones extrajudiciales, donde toda la cúpula anterior fue procesada por falsos positivos y él no hace nada, continúa en la práctica, y hoy en día se vuelve general”, agregó.
El caso del general Pinto
La JEP recibió el último día de 2018 un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en que se solicita que se llame a versión voluntaria al general del Ejército Marcos Evangelista Pinto, quien días antes fue nombrado como comandante de la Brigada 13, en Bogotá. Detrás de la petición está el interés de esclarecer una las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”, de la Novena Brigada, y del Batallón de Infantería No. 10 “Atanasio Girardot” de la Cuarta Brigada.
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En ambos, Pinto fue comandante. En el Magdalena, entre el 15 de diciembre de 2007 y el 2 de septiembre de 2009. Desde 2016, antes de su ascenso a brigadier general, Human Rights Watch alertó sobre investigaciones de la Fiscalía por 19 casos al parecer cometidos por hombres bajo su mando en esa unidad y pidió al Gobierno frenar su ascenso, pero este consideró las acusaciones infundadas desde el punto de vista penal. El informe presentado a la JEP habla de al menos 15 casos en esa unidad y de otros 26 en el batallón “Atanasio Girardot”.
Las muertes de Javier Castillo Becerra en Acevedo, Huila; la de Diego Fernando Rodríguez, Luis Alberto Imachí, en Pitalito, y los de John Fredy Erazo Artunduaga, Víctor Alfonso Calderón Bedoya, Nilson Samboní Girón y Jhon Jairo Garcés, todos en enero de 2008, son solo algunos casos que se reseñan. El general Pinto ya rindió interrogatorio como indiciado por casos cometidos entre 2007 y 2008, y sostiene que nunca ha cometido una violación de derechos humanos o que tampoco supo que se cometieran.
El eje central del informe presentado a la JEP es que los comandantes de batallones debían tener algún tipo de conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. Y reseña que, según Human Rights Watch, durante los períodos en los que Pinto comandó esas unidades, se habrían cometido más de 500 ejecuciones. Además, detalla cómo algunos de sus subalternos han sido procesados y condenados. El documento, además, considera que una de las garantías de no repetición es que haya una depuración de las instituciones, en este caso el Ejército. Por su parte, esta institución siempre ha sostenido que a sus hombres les debe otorgar la presunción de inocencia.