Corporación Yira Castro pide a la JEP abrir un caso sobre desplazamiento del campesinado

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Para la organización de derechos humanos, es un delito de guerra que ha afectado, al menos, a un 85% de las víctimas. Dejar el desplazamiento fuera de la Jurisdicción es negarles la verdad y la reparación a quienes hasta hoy siguen viviendo el conflicto por culpa del despojo.

La Corporación Jurídica Yira Castro, apoyándose en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo una solicitud formal a los magistrados del Tribunal de Paz de abrir formalmente un caso de desplazamiento forzado del campesinado. En una carta de 24 páginas, los miembros de esta organización de derechos humanos expresan las razones por las que consideran que no atender este delito podría afectar al 85% de las víctimas del país, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas.

“En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional se refirió al desplazamiento forzado, indicando que este es un fenómeno que acarrea una violación grave, masiva y sistémica de derechos fundamentales. Lo anterior debe ser tenido en cuenta por la Sistemta Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (dentro del cual está la JEP) para priorizar el caso del desplazamiento forzado, pues existe una masividad en el desplazamiento forzado y además un alto grado de impunidad”, reza el documento.

En la petición también se argumenta que desde organismos internacionales se ha reconocido el desplazamiento forzado como una de las principales estrategias de guerra. Ese fue el caso de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde el 2000 ha reiterado que tanto por parte de los grupos paramilitares como por parte de la guerrilla la han utilizado “para obtener control territorial, ya sea por amenazas o por ataques directos a la población civil”.

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Lo más preocupante, según la Corporación Yira Castro, es que el estado colombiano no ha podido garantizar la verdad sobre las causas del desplazamiento, la reparación integral y la no repetición, derechos fundamentales de las víctimas: “Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos. Según la ACNUR, en 2017 hubo 91.431, en el año 2018, 118.20022 y en el 2019 Colombia registró un total cerca a los 8 millones de personas desplazadas internamente”.

La petición llega justo cuando la JEP está desarrollando una de sus grandes tareas: la apertura de nuevos casos en 2020. Ya existen siete, tres de ellos enfocados en territorios y otros cuatro en fenómenos criminales. La pandemia ha retrasado el cronograma, pero se espera que a más tardar a finales de este año se conozcan los nuevos capítulos que juzgará la JEP. Las líneas de investigación van avanzando y, de acuerdo con fuentes dentro de la Jurisdicción, hasta ahora llevan la delantera desplazamiento y violencia sexual. Están revisando informes entregados por las organizaciones, sentencias judiciales e investigaciones de la Fiscalía.

La Corporación Jurídica Yira Castro, como representante de víctimas, ha entregado tres informes para dar luces sobre este fenómeno: Sucre y Cauca: el campesinado que unido persiste y resiste; Tumaco: cansados de la guerra anhelantes de paz, y Alcanzar la Meta: Justicia para el Meta, todos entregados entre 2019 y 2020. Edwin Gil, investigador de esta organización, en entrevista con este diario explica en profundidad por qué tomaron la iniciativa de pedirle a la Jurisdicción la apertura urgente de este caso.

¿Qué recurso interpusieron ante la JEP para solicitar la apertura del caso?

Primero es importante aclarar que las organizaciones de víctimas, bajo los criterios de participación y centralidad de las víctimas, podemos solicitar esto a la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien es la que determina si abre o no un caso. Para ello hay que evaluar ciertos criterios que, a nuestro parecer, creemos que cumple el desplazamiento: la representatividad, el grado de responsabilidad y la gravedad del delito. ¿Por qué lo pensamos necesario? En el desplazamiento, un crimen de lesa humanidad, se vulneran varios derechos fundamentales. Queremos que se estudie y se juzguen los patrones de violencia sistemáticos y generalizados que afectaron, principalmente, a la población campesina. Hay argumentos suficientes para concluir que el desplazamiento fue un plan criminal realizado por diferentes actores que tuvieron un interés particular y generaron un modelo para apropiarse de las tierras de los campesinos y despojarlos. Sin embargo, hasta ahora las víctimas no han recibido verdad sobre estos hechos ni reparación. Eso sin contar con que tampoco han contado con justicia ni garantía de no repetición porque muchos no han podido volver ni recuperar sus tierras, así que siguen siendo desplazados.

¿Por qué enfocar un caso sólo de desplazamiento y no acudir a analizar este delito dentro de los casos regionales que existen en la región de Urabá, Cauca, Valle del Cauca o Nariño?

Los enfoques territoriales, si bien son importantes, no evidencian la dimensión de la sistematicidad del delito de desplazamiento forzado que acaparó a todo el territorio nacional. Usted puede ir desde La Guajira hasta la Amazonía y se va a encontrar que en cada territorio hubo desplazados. Y el plan criminal nacional del que tanto hablamos creemos que no se dio sólo en los territorios que está estudiando ya la JEP. Ya hemos entregado varios informes como representantes de víctimas y en ellos hay zonas como Meta, que hasta ahora no han sido priorizados. Por eso vemos necesidad de un solo caso.

¿Por qué lo han enfocado solo en campesino?

Por la representatividad. La mayoría de víctimas de desplazamiento fue el campesinado. Creemos que el conflicto armado ha tenido que ver con una causa y es la lucha agraria, la lucha por la tierra. Si bien nuestro conflicto armado también nació por diferencias ideológicas, siempre ha habido detrás la preocupación por cómo repartirse la tierra. Mire usted cómo nacen las Farc: por la exigencia de que haya una reforma agraria. Y no en vano es el primer punto del acuerdo de paz. Creemos que por esa lucha se generó una estigmatización a los campesinos y hacia la década de los 90 se generó una política paramilitar, un plan criminal nacional para el control territorial y el despojo a los campesinos, para consolidar un modelo de desarrollo en el que eran protagonistas la ganadería, la minería, los cultivos de palmas.

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¿Y qué pasa con las comunidades étnicas, quienes han sido también afectadas por el despojo de tierra y el desplazamiento forzado?

Lo hemos pedido para el campesinado por las particularidades que hemos nombrado, pero eso no quiere decir que el caso se pueda abrir para las comunidades étnicas. Pero consideramos que en esas afectaciones los casos territoriales son determinantes. Estas poblaciones vivieron graves y varios delitos, no sólo desplazamiento, y debe estudiarse y juzgarse desde sus particularidades.

¿Se ha abierto hasta ahora un caso a partir de la solicitud de víctimas?

No. Todos los casos se abrieron a partir de los primeros criterios de la Jurisdicción. Claro, ese criterio no se construyó solo sino de los informes que entregamos organizaciones de víctimas o el Estado. La Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica fueron tenidos en cuenta. Por eso, en parte, consideramos extraño que no se haya abierto el caso de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que es el delito más ocurrido en el marco del conflicto armado: son ocho millones de víctimas, Colombia tiene el deshonroso primer puesto del país con mayor desplazamiento forzado interno y hasta ahora sólo en la justicia ordinaria, hasta 2014, había 14 sentencias por este delito. En los últimos años ha habido más sentencias de restitución de tierras y del tribunal de Justicia y Paz, creado cuando se desmovilizaron los paramilitares, que nos han aportado algo de verdad, pero siguen siendo muy pocas. Necesitamos, entonces, que la JEP aborde este patrón y nos dé luces sobre qué pasó.

Usted dice que le extraña que no se haya abierto el caso, pero ¿a qué cree que se deba eso?

Creo que en un primer momento, la JEP le apostó a los crímenes más mediáticos durante las negociaciones de paz, como reclutamiento forzado, secuestro o falsos positivos. Esos han tenido más visibilidad y es entendible. Pero ahora considero que, como la JEP ya está más consolidada y marcha bien con sus normas, es momento de abrir nuevos casos que no han sido tan sonados, como el desplazamiento, a pesar de que lo hayan vivido ocho millones de personas. Y no es un argumento que me invente yo o la Corporación Yira Castro. Desde hace más de dos décadas, la Corte Constitucional ha ordenado que se cree una política pública para el desplazamiento forzado. No se ha hecho y este puede ser un buen momento para reparar a las víctimas con la verdad, para recordarles a los campesinos que hacen parte del Estado y que merecen que por fin se les garanticen sus derechos fundamentales.

A veces hablamos de la necesidad de la reparación, pero no ahondamos en cómo puede ser. ¿Qué necesitan los desplazados para ser reparados?

En el documento que le entregamos a la JEP hacemos hincapié a que el campesino no es un sujeto aislado sino colectivo. Y eso es muy importante porque desde hace varios años las organizaciones campesinas luchan para que en el país se entienda quiénes son, cómo se tejen sus relaciones y cómo fueron atacados por su relación de pertenencia con la tierra. Los campesinos sin tierras no son campesinos. Creemos que la reparación debe ir encaminada a este criterio colectivo y a volver sus afectaciones más visibles. Con el tiempo, se han invertido las cifras entre lo rural y lo urbano. Ahora la ruralidad sólo cuenta con el 25% de la población y eso se debe, en gran medida, a su desplazamiento. Han tenido que salir corriendo para salvar a sus familias. Entonces la reparación debe ir encaminada a que les devuelvan sus parcelas, a que se apoyen a sus organizaciones, sobre todo a las Juntas de Acción Comunal (JAC), a que se les reconozca su labor, tan necesaria para el resto del país.

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