“Podemos aportar una verdad que el país desconoce”: reclusos de La Picota

Al menos 18 presos de este centro carcelario, dentro de los cuales hay narcotraficantes y exparamilitares, contaron por qué quieren entrar a la JEP. Están dispuestos a contar su verdad, que incluye relaciones con políticos y empresarios.

Al menos 300 reclusos aseguran querer acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Se autodenominan Comité de Presos por la Verdad de Colombia y el país supo de ellos la semana pasada cuando se conoció una carta que le enviaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos pidiendo ingreso a la JEP y ofreciendo contar verdades no reveladas del conflicto armado. La misiva salió de la Picota, inicialmente firmada por más de 300 personas, entre narcotraficantes, miembros de bandas criminales e integrantes de grupos paramilitares, de las Farc y el Eln.

En comunicación con Colombia2020, algunos de los integrantes del Comité dijeron estar convencidos de su ingreso a la JEP, porque, según explicaron, fueron una parte protagónica de la guerra en Colombia y pueden aportar una verdad que hasta ahora el país desconoce. Insisten en que el conflicto armado no terminó con el acuerdo de paz con las Farc-EP y, de hecho, están seguros de que los grupos armados al margen de la ley, que no son de la desmovilizada guerrilla, representan más del 70% del conflicto y por eso no pueden estar excluidos del proceso.

De manera individual y colectiva, con las garantías adecuadas y dentro de un proceso de diálogo sincero y coherente con la Comisión de la Verdad, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y los colectivos de víctimas, advierten que lo contarán todo: “El esclarecimiento de las causas de la violencia, de situaciones personales, de sus muertes; ubicación de los lugares donde están las víctimas enterradas y la ubicación de las fosas comunes; motivaciones y causas de nuestro accionar violento; nuestra cercanía con la fuerza pública y políticos nacionales, departamentales y locales, y nuestra relación con empresarios, industriales y propietarios de la tierra”, dijeron en entrevista con este diario.

La lista de presos es larga. Hay exparamilitares, exintegrantes de las Farc y del Eln, miembros de bandas criminales y narcotraficantes. Para ellos, todos, sin excepción, hacen parte del conflicto armado, a pesar de que no hayan participado en combates. Citan, por ejemplo, el caso de los narcos, quienes se autodenominan protagonistas de la violencia por ser los principales financiadores del conflicto armado.

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Entre los nombres que sobresalen están Francisco Javier Zuluaga, conocido como “Gordolindo”, y  Gildardo Rodríguez, del Norte del Valle, “hombre de la camisa roja”; Juan Carlos Mesa, “Tom”, jefe de “la Oficina” de Envigado; Héctor Germán Buitrago, “Martín Llanos”, jefe de las Autodefensas del Casanare; William Carvajal, “Daniel”, exjefe del Bloque Central Bolívar de las AUC en el Putumayo; Juan Carlos Villa Saldarriaga o “Móvil 8”, uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara, y Guillermo León Aguirre, exjefe de “Los Pelusos”, en Norte de Santander.

¿Cómo surgió la iniciativa dentro de La Picota? Después de unas reuniones de estudio y análisis políticos que realizan en la cárcel y las visitas de personalidades, como el exministro Álvaro Leyva y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Entre todos, compartieron inquietudes y organizaron reuniones para dialogar sobre quiénes quería acogerse a la JEP, qué verdad esperaban aportar y cómo se imaginaban reparar a las víctimas.

En la cabeza de los reclusos no está la opción de rechazo de la JEP. Están seguros de que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas están en la búsqueda sincera e integral de la verdad del conflicto armado. Y, principalmente, ellos están “en la disposición de aportar a esta, en un proceso sin antecedentes en la historia social y política del país”.

 

¿Pueden entrar los reclusos a la JEP?

Cuando se estructuró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se dejó claro que este nuevo modelo de justicia transicional tiene dos competencias. La primera, que se encarga de investigar y juzgar delitos cometidos en el conflicto armado con anterioridad al 1º de diciembre de 2016. La segunda, que su competencia se entiende a los ex integrantes de las Farc-EP y la fuerza pública, aunque también podría cobijar, si así lo desean, a personas que hayan sido procesadas por protesta social y a terceros civiles.

Aunque las reglas de juego quedaron claras desde la firma del Acuerdo Final, aún continúa el debate sobre este último punto. Y no es para menos. El conflicto armado en Colombia ha tenido múltiples actores, como exparamilitares, integrantes de otras guerrillas o bandas criminales, quienes hoy también están interesados en acogerse. Pero ¿podrían comparecer? ¿en qué categoría? ¿a cambio de qué? ¿qué requisitos necesitan?

De acuerdo con la JEP, para ser admitidos, los comparecientes deben cumplir varios requisitos. El primero de ellos es que pertenezcan a grupos que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno. En ese caso, explica María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), integrantes del ELN no podrían acogerse. Sólo podrían hacerlo si esas personas pertenecieron el algún momento, antes de diciembre de 2016, a la desmovilizada guerrilla de las Farc.

En el caso de paramilitares, a pesar de que ellos ya tuvieron su proceso de desmovilización llamado Justicia y Paz, no se descarta su participación dentro de la JEP. El debate dentro de la jurisdicción aún es latente, pues si bien ellos tienen un marco jurídico propio y hay procesos que todavía se adelantan, su verdad no ha sido contada en su totalidad. Teniendo en cuenta que la JEP ofrece más garantías, esta puerta podría abrirse. Sin embargo, aclara Moreno, su ingreso estaría condicionado a un aporte a la verdad extraordinario y verificable desde el comienzo.

La directora de ICTJ insiste en la importancia de analizar cada caso, pues hay comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, una vez fueron extraditados, decidieron no aportar más en las audiencias de Justicia y Paz. Ese fue el caso de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, quien está en Estados Unidos y aún no ha confesado su verdad, que hoy sería útil para que la JEP esclarezca qué sucedió en el conflicto armado en la región Caribe.

Diego Martínez, abogado de la extinta guerrilla de las Farc, considera que la participación de estos actores es “la pata que le hace falta a la mesa”. Para él, es necesario que ingresen los miembros de los grupos paramilitares, si el país pretende esclarecer y establecer un buen modelo de rendición de cuentas”. Sin embargo, hace la salvedad de que su entrada la JEP deba analizarse con cuidado para que se demuestre que no sólo acuden por los beneficios.

Por último, están los terceros civiles, quienes, si bien no hicieron parte de las hostilidades, sus acciones contribuyeron al recrudecimiento de la guerra. Dentro de ese grupo podrían estar, por ejemplo, políticos, narcotraficantes o integrantes de bandas criminales. Según Moreno, los magistrados de la JEP han tomado una sabia decisión de hacer un estudio riguroso por cada caso y así establecer si su delito tiene o no o no relación con el conflicto.

Los juristas consideran que permitirles la entrada a quienes han cometido delitos en el conflicto y tienen una verdad valiosa para aportar contribuye a la legitimidad del modelo de justicia y elimina las falacias de que la JEP sólo favorece a la guerrilla desmovilizada de las Farc. Esto es crucial, teniendo en cuenta que la jurisdicción es un tribunal de cierre y que su marco normativo está hecho para todos los actores del conflicto armado, así en muchos casos su comparecencia sea voluntaria.

 

*Para la entrevista, los reclusos prefirieron responder como Comité de Presos por la Verdad de Colombia

 

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