Procesos en la JEP no pueden ser secretos: abogados internacionales

Robert K. Goldman, Carlos Ayala, Philippe Texier y Wilder Tayler, miembros de la CIJ y creadores del informe. / American University- Mauricio Alvarado

Han pasado cuatro meses desde que miembros de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización de jueces y abogados reconocidos en el mundo por acompañar procesos de justicia transicional y la defensa de los derechos humanos, vinieron a Colombia con un objetivo: analizar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y entregar un informe a mediados de este año.

El compromiso se cumplió y el documento fue entregado a Patricia Linares, presidenta de la JEP, y al presidente Iván Duque. Dentro del informe hay una serie de desafíos y recomendaciones que estos juristas, de acuerdo con su experiencia en otros conflictos en el mundo, le hacen a esta nueva justicia que tildan de compleja. Robert K. Goldman, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y exrelator de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ y exmiembro de CIDH, y Philippe Texier, integrante de la CIJ y exjuez de la Corte Francesa de Casación hablan de los hallazgos y sobre los encuentros con la JEP y el presidente Iván Duque.

¿Cómo fue escribir el informe durante estos meses tan convulsionados para la JEP?

Philippe Texier: el informe fue alimentado hasta el último mes. Hasta el final lo revisamos, porque cada día teníamos una noticia nueva: Ley Estatutaria, caso Jesús Santrich y denuncias de las víctimas sobre su participación en la JEP. Todo eso modificaba el documento. Pero intentamos reunir las principales observaciones porque nos interesa que este modelo mejore y sea un ejemplo para el mundo.

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¿Por qué les preocupa que se apliquen las sanciones que no contemplan la cárcel a cambio de la verdad en los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Carlos Ayala: creemos que hay un problema, porque esos crímenes graves, que están en el Estatuto de Roma, son sancionados con penas privativas de la libertad. Y no es para menos. Son delitos que ofenden la conciencia de la humanidad, no solo están involucradas las víctimas. Los estándares del derecho internacional hablan de la obligación de investigar, procesar a los responsables, sancionarlos y garantizar la no repetición. Unas sanciones que no cumplan efectos de castigo pueden tener el problema no solo de impunidad, sino también de fomentar repeticiones. En esos delitos es delicado. Esta es una justicia restaurativa, pero es importante que las víctimas y la sociedad sientan que los procesos sirven, que hay justicia. Ahí hay un reto. Complementar sanciones restaurativas con efectivas puede ser el secreto para salir con éxito del dilema. En mi opinión, es necesaria la privación de la libertad en el caso de los delitos más graves.

¿Eso no estaría en contra de la visión de justicia restaurativa de la JEP? Hay militares o exmiembros de las Farc a quienes se les otorgaron beneficios transitorios, como la libertad condicionada, mientras se adelantan sus procesos. Pero estos podrían volverse permanentes.

Robert K. Goldman: creo que el conflicto de Colombia ha sido el más complejo del continente. No hay nada para comparar. Es una guerra de 50 años, donde ha habido muchas víctimas y existen múltiples actores armados. La pregunta es: ¿cómo reconstruir, teniendo en cuenta que hubo negociación? Aquí un lado no fue aplastado por el otro. Esto quiere decir que tiene que haber creatividad. Y la ha habido. Esa negociación fue muy colombiana. A ustedes les gusta la complejidad. Es muy difícil juzgar desde ya. Claro que esos casos que menciona dejan un mal sabor en la boca, pero este es el principio de un proceso largo. No quisiera ser tan categórico en decir que eso no puede pasar, que deba haber siempre sanciones privativas de la libertad, porque esto es parte de los compromisos para llegar a una paz anhelada. Pero tampoco que eso signifique impunidad.

Ustedes hablaban de la necesidad de que las víctimas sean el centro en todas las etapas de los procesos, como en las versiones voluntarias.

Carlos Ayala: el principio de todo proceso es su publicidad. Los procesos no pueden ser secretos. La sociedad debe conocerlos y acompañarlos. Y eso ayudará a entender por qué se llega a una sanción y no a otra. Por eso las versiones voluntarias deberían ser abiertas y deben contar con la participación de las víctimas. Y esa es una de las recomendaciones. Colombia sabrá de cosas peores y tiene que asimilar lo que pasó. Por más duro que sea, hay que conocerlas. Así se cura el tejido social.

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¿Y qué pasa con la seguridad de quienes se acogen, las víctimas e incluso los magistrados? Aún estamos en medio de un conflicto y las amenazas y los asesinatos continúan.

Robert K. Goldman: Colombia tiene un deber con la protección de víctimas, excombatientes, líderes y quienes están aportando a la verdad. Durante ocho años fui el relator ante la CIDH para este país y desde 1996 puedo decir que hemos puesto más de 100 medidas cautelares. Colombia tiene más experiencia en la evaluación de riesgos que cualquier otro país. Les planteamos esta inquietud al presidente Iván Duque y a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, porque es una situación muy delicada. Somos conscientes de que a todos no se les puede proteger y que probablemente en el camino puedan ser hostigados o asesinados. El Estado tiene que llegar a los territorios. Sin eso es imposible que la situación mejore. Ahora nos tiene en alerta el asesinato de excombatientes. Viví el exterminio de la Unión Patriótica. Eso no puede repetirse.

¿Cómo les fue con el presidente Iván Duque? ¿Qué les dijo sobre el informe en el que también se critica al Gobierno ?

Robert K. Goldman: a pesar de todo lo que ha vivido el país en los últimos meses, queda claro que hay una democracia vibrante, con cortes independientes. Les manifestamos que es necesario bajar la temperatura del debate. No se puede atacar las instituciones de la justicia. Eso no solo afecta la imagen de Colombia, sino que también hace daño a la democracia. Hemos planteado que hay una necesidad de respetar la independencia de la Rama Judicial, de todas las cortes. Se puede discrepar de un fallo, pero hay que escoger las palabras para hacerlo.

¿Qué le respondió?

Robert K. Goldman: creo que lo recibió bien. Él es un demócrata. Nos indicó que él apoya a la JEP. Y esto es un mensaje fundamental.

¿Por qué le cuesta tanto afirmarlo en público?

Philippe Texier: hay que enfocarnos en el mensaje que nos transmitió y que las objeciones son una etapa del pasado. Hay que continuar. Él se tiene que convencer de que un presidente de la República que critica a la justicia no es admisible. Que los periodistas lo hagan es normal, pero que un primer mandatario lo haga es un peligro. Se tiene que convencer de la separación de poderes. El problema del presidente Duque es que debe lidiar con su partido, que está en contra del proceso de paz.

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Carlos Ayala: Eso no quiere decir que no esté trabajando en ello. El presidente aseguró que su compromiso continúa y nos comentó sus avances y esfuerzos. Hay reparos, que no podemos dejar de lado porque la JEP también se está puliendo. Sentimos que el ambiente está extremadamente polarizado. Si no hay defensa, hay ataque. Cuando hay un tono distinto, en el que eres firme en tus observaciones pero respetuoso, y tienes un acuerdo de base sobre los valores fundamentales de la democracia, la gente puede discrepar. Eso necesita ahora el país. 

¿Cómo les fue en la entrega del informe con la JEP?

Robert K. Goldman: nos fue muy bien. Fue una reunión de trabajo, no un asunto protocolario. Los magistrados tomaron apuntes y agradecieron las recomendaciones. Se leyeron el informe y nos contaron que ya hay medidas que están adelantando. Mucho de lo que se está haciendo con la JEP es sui generis. Hay que inventar. Y ellos están abiertos a las recomendaciones. Por supuesto, a estas alturas se espera que no sean estructurales, porque ya están en marcha los procesos, pero pueden mejorarse. Hay que evaluarse constantemente, pero con respeto a la separación de poderes y al Estado de Derecho.

Los integrantes de la CIJ

Robert K. Goldman (Venezuela) 

De 1996 a 2004 fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue relator en Argentina y Colombia. También fue relator Especial acerca de los desplazados internos. Dentro de esta corporación fue su presidente desde febrero de 1999 a marzo de 2000. Actualmente, es profesor de Derecho de la American University Washington College of Law en Washington, D.C y presidente de la Comisión Internacional de Juristas. Es también Codirector de la Escuela de Derecho del Centro de Derechos Humanos y Legislación humanitaria en la Faculty Director of The War Crimes Research Office.

Carlos Ayala (Venezuela) 

Es de la Comisión Internacional de Juristas. Fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue su director entre 1996 y 1999. También fue relator para los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana y director  de la Comisión Andina de Juristas. Ha sido profesor de las universidades Andrés Bello, Georgetown y Oxford.

Wilder Tayler (Uruguay)

Es el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Fue secretario general de la Comisión Internacional de Juristas de 2008 a 2017. También fue miembro y vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y director legal de Human Rights Watch desde 1997 hasta marzo de 2007.

Philippe Texier (Francia)

Fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante 1987 y 2012, y fue su presidente en 2007 y 2008. Hasta 2009 sirvió como juez de la Corte Francesa de Casación, división social. También fue experto independiente de la Comisión de Naciones Unidas en Haití y manejó la División de Derechos Humanos. Ha sido miembro de la Comisión Asesora Francesa en Derechos Humanos desde 1984.