Procuraduría solicitó a la JEP citar a otros 30 excombatientes por el caso de secuestro

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En un documento reservado y entregado en diciembre, el Ministerio Público hizo sus observaciones al caso 01 sobre secuestro. Llamaron la atención por la falta de aportes de la verdad por parte de excombatientes y el trato desigual entre algunos sectores de víctimas y los informes que han presentado.

El caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga la “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, más conocido como secuestro, recién empieza su proceso judicial luego de la imputación a ocho excomandantes del Secretariado de las Farc. A pesar de que el pasado 28 de enero la JEP entregó su primer escrito de hechos y conductas, todavía hay casos puntuales pendientes por resolver y en los que la Procuraduría Delegada para la JEP ha fijado su atención.

En un documento de 443 páginas, entregado en diciembre a esta justicia, el ente de control hizo sus observaciones a este proceso y alertó de algunos vacíos y peticiones de las víctimas. Por ejemplo, que en las versiones voluntarias hechas por los excombatientes de las Farc todavía hay 17 hechos puntuales de secuestro sobre los que no se ha aportado verdad completa y clara. Son siete casos por parte del Bloque Oriental, cuatro del Bloque Noroccidental, tres del Bloque Sur; dos pendientes del Bloque Caribe y uno del Comando Conjunto Central.

Por ejemplo, para la Procuraduría en el caso de los diputados del Valle “no se señala el mando responsable de la custodia de los retenidos para el momento de su muerte”. O en el caso del sargento (r) Heriberto Aranguren, en el que “antes de exponer la verdad, se pone en tela de juicio lo dicho por las víctimas”.

Asimismo, cuestionó el hecho de que algunos comparecientes en sus versiones voluntarias aseguraron tener responsabilidad sobre algunos secuestros, pero no dieron ninguna información al respecto. “Es el caso del señor Álvaro Hernando Carranza Colorado. Este tipo de afirmaciones generan interrogantes con respecto al verdadero compromiso de los comparecientes con el aporte a la verdad. Es cierto que muchos de los excombatientes ya han muerto y que han pasado muchos años desde que sucedieron algunos de los casos, pero es bastante indignante para las víctimas la sensación de que las respuestas que reciben están incompletas”.

Para ello, propuso que en los casos en los que los excombatientes de las Farc no puedan aportar verdad sobre algunas demandas de las víctimas, tengan la obligación de especificar por qué no pueden dar información al respecto y ofrecer una explicación razonable a esa imposibilidad.

Para el Ministerio Público, los informes que han entregado las víctimas y organizaciones y que ha incorporado la JEP en este caso solamente hacen referencia a sectores limitados de la sociedad, “por tanto, la representatividad real de las características del fenómeno identificadas puede tener un sesgo”. Para esta entidad es fundamental que se sigan haciendo esfuerzos para invitar a más víctimas a que se acrediten a este caso.

Con respecto a esto, en el documento sostuvo que hubo inconsistencias en algunas de las acreditaciones. En los casos de Elías David Cohen, Misael Grimaldo, Ricardo Arcia Salazar y Edwin Jair Patiño, según ellos, relatan haber sido víctimas de reclutamiento. Aunque el ente no especifica cuántos casos con inconsistencias hay y sólo menciona dos ejemplos, asegura que la JEP debe aclarar estos hechos.

Además, también hizo referencia a las observaciones presentadas por las víctimas porque, primero, son muy pocas con respecto a la magnitud del delito, y segundo porque solo un grupo de víctimas secuestradas con fines políticos han dado su relato de forma oral. Para la Procuraduría delegada, se le debe dar también prioridad a campesinos, transportadores, comerciantes y empresarios pues representan la mayoría de los casos de secuestro.

A pesar de que la Jurisdicción ya ha aclarado en varias ocasiones que centrará su trabajo en esclarecer fenómenos macrocriminales, la Procuraduría pidió que las víctimas tuvieran la posibilidad de recibir respuestas individualizadas sobre sus hechos victimizantes y que respondieran a sus demandas de verdad específicas.

Para satisfacer estas necesidades, sugirió que se amplíen las versiones voluntarias individuales y colectivas. “Por ejemplo, en el caso de los Diputados del Valle las víctimas están en desacuerdo con la versión sobre la participación de “El Grillo” y del Frente 29, pero no se ha brindado un escenario para mostrar estas contradicciones”.

Otra de las críticas que recogió fue que se envíen solo fragmentos de los videos con las versiones de los exFarc. Las preguntas que plantearon las víctimas son: ¿qué están recibiendo las víctimas cuyos casos puntuales no se han tratado en las versiones?, ¿qué pasa si las víctimas quieren conocer sobre otros hechos victimizantes que no sucedieron en su contra?, ¿por qué no se les permite conocer toda la explicación del fenómeno general que ofrecieron los comparecientes en las versiones?

En el documento también llamó la atención por la disparidad en la cifras de secuestrados que planteó la JEP. Según el auto del 26 de enero, a partir de seis fuentes la JEP determinó que son 21.396 las víctimas de este delito. Pero “las fuentes del Estado y las que se encuentran en el expediente no coinciden. Esto quiere decir que el número de hechos y víctimas señalados en las fuentes oficiales no corresponden con las que hasta la fecha se encuentran en el expediente”, se señala.

Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un total de 9.107 víctimas, la Fundación País Libre y la Escuela de Investigación Criminal de la Policía lleva el registro de 8.991, la Fiscalía se refiere a 8.163 y la Jurisdicción Especial para la Paz habla de más de 20.000 víctimas. Con el ánimo de unificar registro, el Ministerio Público propone que se lleven a cabo las mesas interinstitucionales de diálogo para intercambiar y consolidar la información.

Algunas de las observaciones generales de esta entidad sobre otros patrones y delitos que se cometieron conexos al secuestro fueron: los malos tratos a las mujeres embarazadas, el secuestro a personas enfermas, de la tercera edad, menores de edad y trabajadores que no tenían capital como para ser “financiadores de la guerra” y el secuestro a docentes y trabajadores. Además, afirmó que las personas pertenecientes a la Fuerza Pública fueron quiénes en promedio duraron más años en cautiverio y sufrieron más torturas.

Llamado a la Fiscalía

La Procuraduría también llamó la atención a la Fiscalía porque entregaron 316 sentencias, algunas en formato JPG, lo que “implicó un trabajo adicional en el proceso de sistematización”. En sus observaciones explicó que “entregaron 13 sentencias repetidas, dos documentos ilegibles, tres sentencias de casos en los que no se vinculaban a las Farc y tres documentos incompletos”.

Mencionó también que muchos de los documentos entregados por la Fiscalía a la JEP ponen en evidencia el manejo que la justicia ordinaria le dio a estos delitos en 52 años de conflicto armado, como el hecho de que en algunos documentos judiciales no se incorporaran las circunstancias en las que ocurrió el hecho, la fecha y el lugar de comisión. “Esto pudo deberse a que muchos de los jueces que conocían de aceptaciones de cargos, no profundizaban en los hechos”.

Identificó que la individualización por parte de la Fiscalía de algunos exFarc se hizo con “con cédulas mal escritas, es decir que fueron condenados con diferentes cédulas o hasta con el alias”. Y, finalmente, criticó que en ninguna sentencia entregada se especificara qué acciones de reparación integral hubo hacia las víctimas.

30 excombatientes más

En el documento, la Procuraduría identificó a los miembros de las exFarc que están vinculados con mayor cantidad de víctimas o hechos de secuestro. Son 30 personas que ya están vinculadas al caso 01 pero que no han sido llamados a rendir versión voluntarias o que fueron identificados como implicados pero que no han sido vinculados a la JEP. Por tal razón la solicita a los magistrados de la Sala de Reconocimiento que llame a estas personas a dar sus testimonios y aportar verdad.

Encabezando la lista está Élmer Caviedes, o Albeiro Córdoba, relacionado con 149 víctimas en dos hechos de secuestro a agentes del Estado. 84 de estas personas sufrieron torturas o tratos inhumanos.

Están también Franklin Toro, o Arturo Guerrero, y Jaime Aguilar Ramírez o Dionisio Rayo. El primero vinculado a 149 víctimas y el segundo, a 83 víctimas.

El restante de los excombatientes que sí están en la JEP son Hermes Enrique Guerra Martínez, Jorge Eliécer Trejos Bohórquez, o Jader; Henoc Capera Trujillo o Giovanny, Bertulfo Caicedo Garzón o Pitufo y Nelson Antonio Jiménez Gantiva, conocido como Gonzalo, Álvaro o la Garza.

Entre las personas que aún no están vinculadas, la Procuraduría se refirió, entre otros, a Mario Granados Ferreira o Wilson, Darío Humberto Idarraga o Darwin, Héctor Cabrera Ramírez, Luis Palomino Masmela, conocido como Juvenal y Albeiro Sánchez Sánchez, conocido también como el Negro o el Loro. Sin embargo, la entidad precisó que no conoce la suerte actual de estas personas ni pudo confirmar si están vivas o muertas, así que le solicita a los magistrados que se encarguen de esta investigación para que puedan ser llamados a la JEP, en tal caso.

Otras solicitudes a la JEP

En principio, la Procuraduría le pidió a esta entidad que aclare las etapas procesales en el caso 01, con el fin de garantizar efectivamente la participación de víctimas y otros intervinientes. Igualmente, que se garantice el derecho a la igualdad entre todas las víctimas y se abran espacios de consulta para que ellas participen del proceso y aclaren sus dudas.

Asimismo, les solicitó a los magistrados que evalúen la posibilidad de acreditar a víctimas indirectas que todavía no han sido reconocidas en el proceso y que invite a gremios de transportadores, empresarios y campesinos para que aporten insumos sobre los secuestros que sufrieron.

También los instó a que le hagan un llamado a los excombatientes para que digan la verdad plena y a que se pronuncien sobre 21 casos de secuestro cometidos después de febrero de 2012, cuando las Farc al parecer ya habían renunciado a esa política.

Finalmente, el Ministerio Público pidió ser incluido en las mesas de trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP para encontrar a las víctimas de las que no se tiene razón de su paradero.

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