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Protegen a la profesora que custodiaba cuerpos de la Comuna 13 e Ituango

La Unidad de Investigación de Acusación le otorgó a Timisay Monsalve medidas de protección después de participar en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en octubre de 2019, sobre de las medidas cautelares de 17 lugares donde habría personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado.

Colombia en Transición
27 de enero de 2020 - 11:49 p. m.
Timisay Monsalve Vargas, coordinadora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la Universidad de Antioquia. 

 / Foto: archivo particular Universidad de Antioquia
Timisay Monsalve Vargas, coordinadora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la Universidad de Antioquia. / Foto: archivo particular Universidad de Antioquia

Después de realizar un estudio de las condiciones de seguridad de Timisay Monsalve Vargas, coordinadora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la Universidad de Antioquia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) decidió otorgarle protección a la profesora, quien en 2010 dirigió la primera investigación preliminar en el país sobre desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín.

Desde entonces, Timisay ha asegurado que necesita protección y, de hecho, en dos ocasiones salió del país por amenazas. El riesgo, según la UIA, aumentó después de que rindiera una declaración en el marco del caso de la solicitud de medidas cautelares a 17 lugares, donde se presume que hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que hizo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

(Lea también: JEP indagará traslado de 349 cuerpos de cementerios en zona de Hidroituango)

“Los resultados de la investigación por los hechos antes mencionados, presuntamente involucra altos mandos militares, movimientos guerrilleros y paramilitares, por tal motivo, los intereses de terceros para atentar en contra de la evaluada son altos”, dice el documento firmado por el director de la UIA, Giovanni Álvarez.

En medio de una audiencia, la antroóloga Monsalve aseguró que al menos 300 cuerpos que estaban en los cementerios de los municipios de influencia del megaproyecto Hidrointuango, en Antioquia, fueron exhumados y trasladados a la universidad sin haberse confirmado que eran personas dadas por desaparecidas, a través de un convenio entre esta universidad y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Aunque la antropóloga Timisay Monsalve Vargas intentó explicar en reiteradas ocasiones que la actuación de su equipo se hizo bajo los parámetros de la ley y con el permiso de la Fiscalía General de la Nación, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP expresó su preocupación por la falta de acompañamiento del ente investigador en estos procesos y por los procedimientos científicos realizados por el grupo de investigadores sin tener la certeza de que los cuerpos que allí estaban inhumados eran o no víctimas del conflicto armado colombiano.

La UIA asegura que este hecho “genera unas condiciones de visibilidad negativa entre las víctimas, la comunidad académica y las instituciones que afectan el buen nombre de la evaluada y la expone a un aumento de su situación de riesgo al que venía enfrentando desde el año 2010”, cuando adelantó la investigación de la Comuna 13 de Medellín.

(Puede interesarle: JEP decreta protección sobre cuerpos custodiados por la U. de Antioquia)

Cabe aclarar que en la Universidad de Antioquia no sólo reposaban cuerpos de Hidroituango. En una segunda inspección, realizada el 30 de octubre de 2019, los funcionarios de la JEP también encontraron cuerpos provenientes del cementerio El Universal de Medellín, donde podrían encontrarse restos de personas desaparecidas de la Comuna 13, tras las operaciones militares y paramilitares que se realizaron allí.

Según la evaluación de riesgo, en su calidad de investigadora y profesora “ha enfrentado diversas complejidades, trayendo a su vez estigmatización, seguimiento y hostigamiento por parte de terceros, no solo hacia ella sino también a su núcleo familiar, del mismo modo un grado elevado señalamiento en el ámbito académico y afectaciones al bueno nombre”. Por estas razones, se decidió calificar su situación como “riesgo extraordinario” e implementar de inmediato un esquema de protección tipo uno, conformado por un vehículo, un chaleco blindado y dos hombres de protección. Las medidas serán extensivas para su familia.

El año pasado, la JEP decretó la protección de los cuerpos que reposan en la Universidad de Antioquia, lo que conllevó al sellamiento parcial y temporal del laboratorio. Según los magistrados, el objetivo es que los cuerpos sean preservados y conservados. Con el sellamiento queda restringido el ingreso a algunas zonas del laboratorio, y solo podrá entrar el personal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por Colombia en Transición

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