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Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le explicó al país cómo adelantará la investigación del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos. Para justificar la manera como priorizará ciertas regiones del país, el alto tribunal reveló cifras nunca antes reportadas por otra entidad estatal. A partir de las bases de datos de entidades gubernamentales y organizaciones sociales, la JEP determinó que entre 2002 y 2008 se presentaron, al menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales. En este lapso, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se presentó el 78 % de las victimizaciones históricas.
Aunque las organizaciones de víctimas aplaudieron el consolidado y resaltaron que en numerosas ocasiones dieron cifras similares sin ser escuchadas, también le hicieron un llamado de atención a la JEP por la manera como están siendo investigados estos hechos. Para ellas, sin la verdad de los altos mandos, la impunidad seguirá reinando. Incluso, hablan de la importancia de llamar a declarar al expresidente Uribe y también a los ministros de Defensa durante ese tiempo: Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y Juan Manuel Santos.
Sin embargo, fuentes dentro de esta justicia le explicaron a este diario por qué escogieron la investigación en forma de pirámide, es decir, “de abajo arriba”: desde los soldados rasos hasta los generales. “En la justicia ordinaria no avanzaba porque tenían fuero y estaban ante la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema. Cuando les preguntaban si eran responsables de esos delitos cometidos por sus soldados, ellos respondían que estaban lejos y desconocían esas acciones. Por eso siempre fracasaban las investigaciones”, dijo una de ellas.
Hasta el momento, según conoció este diario, la JEP ha llamado a rendir su versión voluntaria a los generales Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército; Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes); Adolfo Hernández Martínez y Mauricio Zabala Cardona, excomandante y segundo comandante, respectivamente, del Batallón de Artillería No. 2 La Popa; Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División; Guillermo Quiñónez Quiroz, excomandante de la Cuarta División; y Henry Torres Escalante, Emilio Enrique Torres Ariza, Yúber Armando Aranguren, excomandante, jefe de estado mayor y miembro de la plana mayor, respectivamente, de la Brigada 16.
Todas las unidades militares anteriormente mencionadas, de acuerdo con la JEP, serán abarcadas a partir de la priorización de las regiones de Antioquia, Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. En la segunda fase se espera que aborde los hechos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre, Putumayo, entre otros.
Detrás de las cifras
Aunque la JEP no habló de militares en su auto de priorización y fue enfática en que no se trataba de una acusación, este diario buscó los nombres de los comandantes que estaban en esas unidades militares cuando se reportaron los picos más altos de víctimas.
Sin duda la región que más llama la atención es Antioquia, donde se concentró el 25 % de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de todo el país, durante ese período. Los informes de la Fiscalía General de la Nación y de las organizaciones sociales que representan víctimas de este delito coinciden en que es la región del país más afectada por este fenómeno.
En 2004, por ejemplo, se presentaron 301 casos de ejecuciones extrajudiciales solo en este departamento, es decir, casi una víctima por día. De hecho, la cifra para ese período se duplicó respecto a la de 2003, en la que se registraron 152 casos durante ese año.
La unidad militar que opera en Antioquia es la Séptima División del Ejército, específicamente la Cuarta Brigada, con sede principal en Medellín, y la Décimo Séptima Brigada, ubicada en el municipio de Carepa. La primera, según el Tribunal de Paz, tuvo en promedio el 73 % de la participación total de las muertes identificadas en este departamento.
Un informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) señala que entre el año 2000 a 2007, “la Cuarta Brigada se mantuvo en el primer lugar en el reporte de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (...) La implementación de la política de Seguridad Democrática representa un punto ascendente en las cifras de víctimas. A partir del año 2002, el índice de ejecuciones extrajudiciales aumentó en un 138% con relación al año inmediatamente anterior”. Según la plataforma, esta brigada ejecutó el 21,8% de los casos de los “falsos positivos” cometidos en todo el país.
A pesar de eso, el prestigio de esta unidad militar sólo empezó su declive en 2007, cuando aparecieron las denuncias de familias campesinas que advertían que sus seres queridos fueron presentados erróneamente como bajas en combate, tildándolos de guerrilleros. Los casos no sólo sucedían en las zonas rurales, sino también los cascos urbanos. En los barrios populares de Medellín, por ejemplo, el informe documentó el homicidio de jóvenes que luego fueron presentados como milicianos o colaboradores de la guerrilla.
Erika Viviana Castañeda, de 13 años, y Deisy Johana Carmona Usme, de 16, serían dos de las víctimas de esta brigada. Las mujeres fueron invitaron a una fiesta en la vereda El Silencio del municipio de San Rafael. Quien se ofreció a llevarlas hasta el lugar ese 9 de marzo de 2002 fue Parmenio de Jesús Usme García, un paramilitar perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien se transportaba en una volqueta.
Parmenio recogió a tres hombres más: Nelson Alfredo López Hernández, de 21 años, Jhon Jairo Hincapié Ciro, de 25, y Yobani Uribe Noreña, de 19. Cuando pasaban a la altura del puente de Las Balsas, cerca de la vereda El Jordán, alrededor de las 5 p.m., un grupo de militares adscritos al Batallón de Artillería Número 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, conocido como Bajes, dispararon indiscriminadamente al vehículo. Los impactos le ocasionaron la muerte a los ocupantes, menos a Parmenio.
“Los castrenses vistieron a los occisos con uniformes camuflados y les plantaron material de guerra para presentarlos ante la prensa el 10 de marzo de 2002 como miembros del Noveno Frente de las FARC-EP abatidos en combate en el marco de la orden de operaciones Minerva Número 033 del 8 de marzo de 2002 suscrita por el coronel Julio Alberto Novoa Ruiz, comandante de la Unidad Táctica”, contó el informe. Años después, el exparamilitar dijo que eran civiles, en una versión rendida ante la Fiscalía de Justicia y Paz en Medellín.
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Para el periodo de 2001 a 2003, la comandancia de la Cuarta Brigada estuvo a cargo del general Mario Montoya Uribe, actual compareciente de la JEP. Hasta 2016, la Fiscalía lo investigó por este delito y estuvo a punto de ser juzgado por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, pero la audiencia no se realizó. Según la investigación, el militar (r) no solo no habría tomado medidas para evitar que se cometieran los “falsos positivos”, sino que también habría ayudado a promover esta práctica en otras divisiones del país.
En la JEP, según las víctimas, Montoya no ha hecho ningún aporte a la verdad y por eso, en septiembre pasado, las organizaciones sociales pidieron a la JEP que lo expulsaran de la Jurisdicción por incumplir su compromiso de aportar a la verdad y contribuir a la reparación de las víctimas.
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El sucesor de Montoya en la Cuarta Brigada fue Óscar Enrique González Peña, comandante entre 2004 y 2005, y a quien la CCEEU le atribuye 143 casos de ejecuciones extrajudiciales bajo su mando. Incluso, según investigaciones de Human Rights Watch en 2011, el inspector general del Ejército en 2009, Carlos Suárez, les dijo a diplomáticos estadounidenses que González Peña le ordenó detener las investigaciones relacionadas con falsos positivos porque “estaban minando la moral de los oficiales”. Actualmente el militar en retiro no comparece ante el tribunal transicional. Su nombre aparece en los informes de las víctimas que llegan hasta la Jurisdicción.
Otro de los exmilitares involucrados es Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) entre 2004 y 2005. De acuerdo con el auto de la JEP, esta es la estructura militar con mayor número de víctimas, con un total de 103, según informes de la Fiscalía. En noviembre de 2017, el militar fue imputado por tener aparente relación con 32 homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura, casos ocurridos en su período como comandante del batallón. Actualmente, Bastidas es uno de los comparecientes.
En la lista de los militares que estarían salpicados con los “falsos positivos” también está el hoy general Marcos Evangelista Pinto, quien comandó el batallón Anastasio Girardot, entre 2006 y 2007. Según Fiscalía, sería responsable de 23 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Pinto, además, también estaría relacionado con 31 casos más ocurridos en Huila, entre 2007 y 2009, cuando comandó el Batallón Magdalena en ese departamento.
Hasta ahora el militar no ha sido llamado por la JEP, aunque las organizaciones sociales ya entregaron un informe explicando su presunta responsabilidad en estos hechos. Hoy comanda la Segunda División del Ejército, en Norte de Santander, y en 2019 interpuso una tutela para que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) borrara los murales y publicaciones en los que se lo relaciona con estos crímenes, alegando que se atentaba contra su honra y buen nombre. El juez le dio la razón.
Según la CCEEU, en la mayoría de los casos de este departamento se encontró un patrón sobre la retención de las víctimas de manera arbitraria por las tropas del Ejército Nacional, “ya fuere en su lugar de residencia, en la casa de un familiar o vecino(a), trabajando, realizando oficios o en medio del desplazamiento hacia otro lugar”. Sobre la sistematicidad del delito, las organizaciones de derechos humanos aseguran que militares de la Cuarta Brigada “llegaban a distintas veredas antioqueñas con fusil en mano y eligiendo casas de campesinos al azar”.
Los perfiles de las víctimas, de acuerdo con los testimonios reunidos por la JEP y la Fiscalía, incluyen defensores de derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, las víctimas y las minorías, incluyendo a la comunidad LGBTI, a las personas con discapacidad física o mental y miembros de comunidades indígenas, en especial kankuamos, wiwas y wayúus.
En este departamento, la Sala de Reconocimiento priorizará la investigación de los hechos perpetrados entre 2003 – 2005, en el oriente antioqueño por miembros del Bajes. Otras estructuras militares con posible participación en este crimen son la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío, el Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina.
Por el Caribe también pasaron
Desde hace 137 años la Primera División del Ejército ha estado activa en la región del Caribe, principalmente, en los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Sur de Bolívar y Atlántico. Bajo esta estructura de mando, que comprende la Brigada Décima Blindada (creada en el 2005, antes operaba el Comando Operativo 7) y la Segunda Brigada, en Cesar y La Guajira, se documentaron 538 muertes irregulares o víctimas de “falsos positivos”, entre 2002 y 2008.
Este tribunal ha destacado los casos de Cesar y La Guajira por diversas razones. Primero, en el periodo más crítico y violento, comprendido entre 2002 y 2008, en estos territorios se concentró el 15 % de ejecuciones extrajudiciales de los diez departamentos priorizados por la JEP. Segundo, según el informe de la Fiscalía, la Primera División representó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional. Justamente dentro de ella, el Batallón La Popa, con jurisdicción en Valledupar (Cesar), y el Grupo de Caballería Mecanizado Juan José Rondón (Gmron), con sede en Buenavista (La Guajira), fueron los batallones con el mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hay que aclarar que ambos están bajo la jurisdicción de la Brigada Décima Blindada y el Comando Conjunto Nº1 Caribe.
Frente a esto, Daniela Rodríguez, abogada representante de las víctimas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, asegura que a pesar de que hay una concentración evidente en estos dos batallones, “no hay que perder de vista que las prácticas de reclutar, engañar a las víctimas y hacerlas pasar por bajas en combate se presentó en toda la región, de manera sistemática”.
En Cesar, desde 2002 a 2008, la JEP registró un total de 323 víctimas de “falsos positivos”. Durante los primeros años, entre 2002 y 2004, se registraron 124 muertes irregulares. Este mismo periodo coincide con los años en el que La Popa es el batallón con mayor número de investigaciones en curso por posibles ejecuciones extrajudiciales, según la Fiscalía General de la Nación.
En aquel entonces el Teniente Coronel Publio Hernán Mejía era el comandante del Batallón La Popa, adscrito al Comando Operativo No. 7 (previo a la creación de la Brigada Décima Blindada). Mejía fue condenado, entre otras cosas, por conformar un grupo especial llamado Zarpazo, responsable de 18 homicidios presentados falsamente como bajas en combate. Por esto, fue condenado a 19 años de prisión y en 2017 pidió pista en la JEP y obtuvo su libertad transitoria. Sin embargo, tal como asegura la abogada Rodríguez, las víctimas no están satisfechas con las versiones que ha dado ante la JEP. Cabe recordar que solo esta unidad concentra el 9 % de los comparecientes sometidos ante el tribunal.
Entre 2002 y 2004, al revisar la estructura de mando en esta zona, Mario Montoya fungía como comandante de la Primera División (como lo muestra la tabla). Montoya, quien dos años después pasaría a ser comandante del Ejército, ha sido uno de los altos mandos más cuestionados por las presiones que se ejercieron a los uniformados para aumentar el número de bajas en combate.
No hay que olvidar el caso del Brigadier General (r) Adolfo León Hernández Martínez, comandante de dicho Batallón entre diciembre de 2007 y junio de 2009. De acuerdo con el informe ¿Qué futuro nos espera? del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de JurIstas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cerca de 39 víctimas de ejecuciones extrajudiciales se habrían cometido bajo la comandancia de Hernández.
Un caso documentado por Human Right Watch data del 23 de enero de 2008 (durante el periodo de Hernández como comandante del batallón) en el que soldados del batallón La Popa asesinaron a Aldemar García Coronado, de 16 años en la finca Buenos Aires, ubicada en el municipio de Codazzi (Cesar). Posteriormente, informaron que se trataba de una baja en combate. Un radiograma firmado por el TC Hernández indicaba que soldados que participaron en la operación “entraron en combate” con “cinco terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN” a quien catalogaron de haber pertenecido a una banda criminal (Bacrim). Por este crimen condenaron a dos militares a 40 años de prisión: el sargento Rodrigo Garzón Sánchez y el soldado profesional Cristian Pacheco Morales.
Organizaciones de derechos humanos que han documentado juiciosamente estos casos advierten que hay una relación entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En la región Caribe, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el Cesar se registraron 3.755 víctimas de desaparición forzada; en el Atlántico, 707, y en La Guajira, 873. En estos tres departamentos el nivel de impunidad en la sanción e investigaciones de este delito alcanza el 99 %.
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En La Guajira, el segundo departamento de esta región priorizado por la JEP, este tribunal constató que el año con mayor número de víctimas de “falsos positivos” fue el 2006. Durante este año, iniciando el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se documentaron 78 casos de ejecuciones extrajudiciales. Como lo demuestra la tabla, en 2006 estuvo de comandante de la Brigada Décima el coronel Hernán Giraldo Restrepo y de segundo comandante el coronel Nicacio De Jesús Martínez Espinel. Este último pese a no tener procesos en la justicia en su contra, ha sido cuestionado por presuntamente ejercer presiones con el fin de aumentar el número de bajas en combate y supuestos beneficios a los militares y batallones que presentaran una “efectiva cifra contrainsurgente”.
El coronel Martínez fue nombrado por el presidente Iván Duque en diciembre de 2018 como Comandante del Ejército Nacional, luego se retiró en 2019, alegando motivos personales. Semanas antes de su retiro, había sido señalado por la investigación publicada en el diario estadounidense The New York Times en el que estaría involucrado en la orden de disminuir entre un 60 % y 70 % la credibilidad y exactitud en las operaciones militares, lo que en consecuencia, podría abrir la puerta a una laxitud y por ende, “posibles muertes cuestionadas”, señaló entonces el diario.
Uno de los hechos más aberrantes documentados en el informe antes mencionado se refiere a un caso ocurrido el 27 de junio de 2006 en el municipio de Dibulla (La Guajira). Aquel día fueron asesinadas y presentadas como dadas de baja en combate dos personas por integrantes del Batallón La Popa. En este hecho, el familiar de una de las víctimas, quien era soldado profesional del Ejército, parece haber fungido como el propio reclutador.
Este caso, como otros reseñados por la JEP, podrían revelar algunos patrones de selección de las víctimas y también del modus operandi de los victimarios. Es alarmante, advierte el tribunal, que de las víctimas indígenas de falsos positivos, el 51 % fueron muertes presentadas como dadas de baja por los dos batallones La Popa y Gmron. Las víctimas pertenecían a las etnias kankuama, wiwa y wayúu.
* Espere mañana análisis de las cifras de Huila, Casanare, Norte de Santander y Meta.