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El colectivo Madres de Soacha, al término de la audiencia que se llevó a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 14 militares implicados en falsos positivos, pidieron que los altos mandos que “ordenaron estos hechos respondan ante la justicia”.
Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo Garcerá, intervino en la diligencia para pedir que los comparecientes, quienes fueron condenados en la justicia ordinaria a penas que superan los 40 años de prisión, se comprometan a decir la verdad y a reparar a las víctimas. Pero su petición fue más allá.
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“Yo sufro mucho por él, me hace mucha falta, lo extraño mucho. Pido la verdad. Que estén los altos mandos que ordenaron lo que ellos cometieron. Que no sean solo ellos, sino también los altos mandos, los que los mandaron a hacer lo que hicieron”, indicó.
A la salida de la diligencia, las madres insistieron en la necesidad en que haya una verdad plena en el proceso. “Sé que ellos se van a echar la culpa, pero tiene que haber un culpable, una persona que ordenó todo lo que hicieron”, indicó Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
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Durante la diligencia, el coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien fue el comandante de la Brigada Móvil 15 de Norte de Santander, pidió perdón a las víctimas y se comprometió a decir la verdad. Sin embargo, las madres no creen en el gesto del oficial que fue condenado en primera instancia a 46 años de prisión por falsos positivos. “Nosotras no creemos en su perdón. Queremos dejar muy claro que estos crímenes no tenían nada que ver con la guerra que ha vivido Colombia. Son crímenes de Estado y no deben estar en la JEP. Nuestros familiares no pertenecían a ninguna guerrilla”, indicó Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha.
Por su parte, el abogado Renaldo Villaba, representante de víctimas, reiteró en la necesidad de que la verdad apunte hacia los máximos responsables y hacia las políticas de Estado que habrían estado detrás de estos hechos. “Reclamo también que las víctimas participen activamente en definir las medidas de reparación”.
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De acuerdo con la investigación que adelantó la justicia ordinaria, en agosto de 2008 los militares que comparecieron ante la JEP este viernes se aliaron para reclutar a las víctimas, trasladarlas vía terrestre hasta Ocaña y entregarlos a los uniformados adscritos a la Brigada Móvil 15 en un falso retén. Posteriormente, los subieron a un camión y los llevaron hasta zonas rurales en donde los asesinaron. Los testimonios dentro del proceso indican que el costo por cada joven reclutado era de $1 millón y que las unidades militares se encargaban del armamento. La sentencia fue apelada por los militares y está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.