“Reactivar las órdenes de captura sería desconocer el Acuerdo de Paz”: abogado de ‘El Paisa’

William Acosta insistió que el exjefe guerrillero no ha cumplido sus compromisos por la inseguridad jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido a que no se ha sancionado su Ley Estatutaria, y la falta de garantías de seguridad personal.

Wilmer Acosta, abogado defensor de oficio de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como ‘El Paisa’. Cristian Garavito

Aunque las pruebas jueguen en su contra, William Acosta, abogado de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como ‘El Paisa’, le pidió a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no quitarle los beneficios al exjefe guerrillero, en medio de la audiencia en la que se resuelve su futuro en esta jurisdicción.

Para el defensor, esto acarrearía graves consecuencias para el proceso de paz: “La Sala tiene en sus manos una decisión de gran importancia para el presente y futuro de Colombia. Se debe valora la situación del país en materia de paz y reconciliación. No hay pruebas de que 'El Paisa' se este organizando en armas. Reactivar las ordenes de captura, sin tener pruebas de esto, como lo establece la Corte Constitucional, sería desconocer el acuerdo de paz”. 

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De acuerdo con el abogado, no han existido garantías para que su defendido, a quien aún no conoce, pueda comparecer ante la JEP. Por un lado, resaltó que el exjefe guerrillero no tuvo un abogado defensor desde el inicio del proceso, sólo hasta que se abrió el incidente de incumplimiento, el procedimiento a través del cual los magistrados verifican si el excombatiente está acatando con las tareas impuestas por la jurisdicción de paz.

Por otro lado, resaltó la inseguridad jurídica de la JEP, teniendo en cuenta que hasta ahora su Ley Estatutaria no ha sido sancionada y apenas se está discutiendo en el Congreso, después de que el presidente Iván Duque la objetara. Según el defensor, la JEP no podría obligar a su defendido a comparecer. 

Finalmente, Acosta aseguró que tampoco hay condiciones de seguridad para que ‘El Paisa’ atienda los llamados de los magistrados y resaltó que, dentro de los alegatos que presentó a esta justicia transicional, están las pruebas de la constante amenaza a la que se enfrentaba el excombatiente en el espacio de reincorporación de Miravalle, Caquetá. 

“Este no es un asunto menor. Al menos de 50 actas arrojan un panorama que se vive en Miravalle. Aparecen muertos encontrados en el río Caquetá; hay tropas, ajenas a las que se establecieron, merodeando el área, y hubo sobrevuelos militares que fueron certificados después por inteligencia”, agregó Acosta.

Eso, dijo el abogado, sin contar con la experiencia de otros excombatientes que han sido recapturados, a pesar de no haberse encontrado su culpabilidad sobre los hechos que los acusan, y los asesinatos de los exmiembros de las Farc en los últimos meses.  

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“No existieron garantías para la comparecencia de 'El Paisa'. Por eso creo que no deben excluir ni sancionar a Velásquez Saldarriaga. Además, hasta ahora no ha delinquido de nuevo. Hay investigaciones, pero esas no son criterio suficiente para expulsarlo de la JEP”, afirmó la defensa.

Para Acosta, es muy importante que los magistrados tengan en cuenta las pruebas de la participación de Velásquez Saldarriaga en los proyectos productivos en Caquetá: “El proceso de reincorporación de Miravalle tiene una particularidad: se hizo junto a las comunidades. Los campesinos aseguraron en entrevistas que ‘El Paisa’ está dispuesto a contar la verdad. Él y toda la Columna Móvil Téofilo Forero que comandó”.

También recordó que su apoderado envió una carta a la Comisión de la Verdad para crear mecanismos que le pudieran permitir establecer comunicación. Sin embargo, insistió Acosta, el ambiente de incertidumbre “que establecieron los enemigos de la paz obligaron a mi apoderado a no asistir”.

Cabe recordar que a ‘El Paisa’ se le abrió en octubre de 2018 incidente de incumplimiento por las ocasiones en las que faltó a sus compromisos, que todo exguerrillero adquiere al firmar el acta de sometimiento a la JEP para aportar con la verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.

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Entre sus incumplimientos están la no entrega de informes y la inasistencia a la versión voluntaria en el caso 001, sobre retenciones ilegales por parte de las Farc. Tampoco se ha reportado con las autoridades desde julio del año pasado, cuando decidió abandonar la zona de reincorporación.

En estos momentos, en las instalaciones de la JEP se realiza la audiencia en la que los magistrados de la Sala De Reconocimiento que decidirán si Hernán Dario Velásquez debe perder los beneficios que le ha otorgado el acuerdo de paz, ante estos continuos incumplimientos, como la libertad condicionada.

 

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