Reconocer violaciones, una oportunidad para cambiar (II)

Luciano Marín Arango pidió perdón a las víctimas de la masacre de La Chinita. / Cristian Garavito - El Espectador

Foto: CRISTIAN GARAVITO

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera brinda una ventana de oportunidad para que las Farc, hoy como movimiento político, afronten el pasado de violencia mediante un proceso significativo y robusto de rendición de cuentas. El proceso no será fácil y tendrá mucha oposición, proveniente de elementos internos de las Farc como de agentes externos. (Lea también: Reconocer violaciones, una oportunidad para cambiar (I))

Las Farc (como organización) y sus miembros (individualmente considerados) se aproximan a este proceso con mucha desconfianza. Esa desconfianza es inherente tanto a su existencia, hasta hace poco, clandestina, como a su identidad insurgente. Su identidad grupal está imbuida de una racionalidad propia, determinada en gran medida por la guerra.

Estos y muchos otros elementos situacionales han contribuido a generar para el grupo y para sus miembros redes de significación propias, a menudo en abierta contradicción a reglas sociales compartidas. En ese marco, la organización y sus miembros adoptaron procesos de justificación de todos sus actos violentos y procesos de neutralización de los efectos de los daños causados.

La refutación individual y colectiva de sus propias justificaciones no será un ejercicio fácil. La confrontación de valores, ideales, lenguajes y símbolos no se hace de la noche a la mañana; requiere reflexión, acción y acompañamiento. Si se asume de manera seria y comprometida, el proceso de reconocimiento de responsabilidades dispuesto en el Acuerdo Final implicará cargas pesadas para las Farc. Si bien la organización ha dado señales de que está dispuesta a abordar ese camino, o al menos parte de su liderazgo lo ha hecho, existen señales igualmente significativas de resistencia.( Lea también: Así funcionará la Justicia para la Paz)

El liderazgo de la organización conjeturó cómo se desenvolvería la rendición de cuentas; sin embargo, en la práctica, ese proceso será desordenado e impredecible. Estará lleno de contradicciones, fruto de tensiones y cambios en la organización, y de voluntades y expresiones individuales. Como proceso humano, la rendición de cuentas será doloroso, tanto para las víctimas como para los perpetradores, y la asunción de responsabilidad no será un resultado simple ni homogéneo.

Superar los prejuicios

Un factor determinante en el proceso de reconocimiento se deriva del rechazo social generalizado que existe en contra de las Farc. El rechazo al grupo proviene de elementos objetivos por los cuales la organización debe responder. Ese sentimiento de repudio tiene raíces ciertas en su accionar violento y destructivo; también ha sido exacerbado por décadas de operaciones psicológicas, incluyendo propaganda de guerra, que ha presentado a la guerrilla como el origen de todos los males y ha deshumanizado a sus integrantes.

El proceso de construcción del enemigo ha calado en la sociedad colombiana y hoy hay muy poco espacio para que los miembros de esa organización inicien el proceso reincorporación a la vida civil. Durante años, el mensaje reiterado y dominante logró el cierre de toda empatía con ese enemigo. Ese resultado, exitoso desde la perspectiva del esfuerzo bélico oficial, es hoy una barrera para iniciar el proceso de contribución a la verdad y de reconocimiento de responsabilidades por parte del grupo. La gran mayoría de los colombianos no les cree a los miembros de las Farc; a su vez, el grupo reacciona de manera resentida, muchas veces guardando silencio, justificando sus acciones, o estigmatizando a sus víctimas.

Resulta evidente que si estas reglas de juego no cambian, el proceso de esclarecimiento y de reconocimiento no tendrá sentido. El cambio de reglas implica esfuerzos en dos sentidos: por un lado, las Farc y sus integrantes tendrán que apartarse de la justificación de sus acciones, y encarar sus responsabilidades; por otro lado, la sociedad tiene que apartarse de la lógica de la guerra que sólo concibe a las Farc como un enemigo que personifica el mal absoluto y cuyo único propósito es dañar, y abrirse a la posibilidad de que los antiguos perpetradores desean actuar en favor de las víctimas a las que agredieron. (Lea también:Las Farc piden perdón por la masacre de La Chinita).

La superación de las lógicas justificativas y negacionistas, por un lado, y de las lógicas persecutorias y de deshumanización, por el otro, será mucho más difícil de lo que se cree. El punto de inicio es aceptar que ambas lógicas operan.

Iniciar el proceso de reconocimiento

Según lo pactado, las Farc deben responder por sus actos y sus atrocidades; y lo deben hacer, no en el marco de su lógica, si no de acuerdo a las reglas del Estado de derecho, incluyendo el derecho internacional. Que las Farc hayan aceptado este marco es un buen punto de partida, aunque, según lo consignado en el Acuerdo Final, su comprensión del derecho internacional resulte, a veces, acomodada.

El país debería dar una oportunidad a esta organización y a sus miembros de mostrar su compromiso con la paz y la reconciliación, mediante su participación activa en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición .

La estructura del Acuerdo final favorece mediante estímulos la participación activa de las Farc y de sus miembros en los mecanismos del Sivjrnr. El proceso le brinda, a los individuos, una salida de las causas penales que se siguen en su contra; y, a la organización, le ofrece una espacio para conducir de manera significativa un proceso social de expiación, de reparación de los daños que ocasionaron, y una práctica política prospectiva. Suya es la decisión de cómo encarar el legado de violencia y atrocidad. La sociedad tiene una enorme responsabilidad de brindar la apertura para este proceso y seguir activamente la rendición de cuentas, garantizando el control social.

Superar las justificaciones y encarar la negación

El mayor reto para las Farc será abandonar la justificación de la violencia que han ejercido, reconocer las atrocidades y el sufrimiento que han producido, rendir cuentas públicas a las víctimas y a la sociedad, y asumir las implicaciones que se derivan de lo que reconozcan. Asimismo, tendrán que responder por sus silencios y por la negación, si la siguen ejerciendo.

La negación ejercida por las Farc y sus integrantes ha sido evidente; sus efectos son penetrantes. Las versiones, narraciones o cuentas que rindan en el futuro no pueden seguir estando acompañadas por las justificaciones propias de la guerra (por ejemplo, asesinatos justificados como una forma de ajusticiamiento o secuestros presentados como un método para garantizar contribución al régimen contributivo impuesto por la organización guerrillera). Esas justificaciones operan como un recurso discursivo que, al margen de reconocer el mal o el daño causado, apela a los valores de la organización armada, rechaza los valores sociales comúnmente aceptados y, de manera ofensiva y sin arrepentimiento, insiste en su lógica de la violencia.

Este tipo de técnica es recurrente en las expresiones de integrantes de las Farc en relación con conductas atroces, como son el secuestro y los homicidios premeditados de cualquier persona. A manera de ejemplo, el secuestro no puede ser abordado como una práctica inocua que hacía parte de un procedimiento guerrillero de recaudación de fondos.

Las técnicas de negación empleadas, incluyendo el uso de eufemismos, buscan anular la gravedad de la práctica e, incluso, buscan transferir culpas a sus víctimas (por no haber cumplido con el régimen extorsivo), incluso cuando la retención terminó con la muerte del secuestrado. El secuestro es una conducta atroz que viola derechos esenciales de la persona. Las Farc deben asumir responsabilidad por todos los daños generados y el sufrimiento prolongado de las familias como resultado de esta práctica.

Un proceso similar de negación se observa en relación con los homicidios que han perpetrado de manera premeditada. La técnica de negación más común se deriva de la explicación o justificación de la muerte como resultado de algún rasgo o alguna conducta de la persona asesinada (por ejemplo, un supuesto informante del Ejército o un concejal que supuestamente colaboraba con los paramilitares). Este tipo de excusa demuestra la normalización del asesinato dentro de la guerrilla y la ausencia de reproche a la violencia letal. Para la guerrilla y sus miembros, muchas de estas ejecuciones continúan teniendo validez con base en normas internas que todavía defienden. Si el proceso de rendición de cuentas ha de ser significativo, las Farc tendrán que confrontar esas justificaciones y asumir responsabilidad por cada una de las ejecuciones cometidas.

No hay margen de apreciación en casos de ejecuciones; los juicios a las víctimas de ejecuciones son inaceptables. Según el derecho internacional humanitario, “todo atentado contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio” de personas que no participan activamente en las hostilidades está proscrito. La determinación de si una persona participa activamente en las hostilidades no es un juicio subjetivo de la organización armada, sino una determinación objetiva que favorece la protección de las personas. La “culpa” de una persona no cambia esa prohibición; tampoco el hecho de que la persona haya hecho parte de las fuerzas armadas.

Aunque la muerte se haya normalizado en el conflicto colombiano, las reglas humanitarias y de derechos humanos nunca cambiaron: estas proscriben tajantemente el uso del homicidio por fuera del marco de las hostilidades. Las Farc tendrán que enfrentar esa normalización y rechazar las justificaciones de las ejecuciones perpetradas; la responsabilidad resultante será onerosa.

Otro contexto cargado de negación es el campo de relaciones entre la organización guerrillera y la población de los lugares ocupados por la guerrilla. Sin ignorar la amplia gama de relaciones que se establecieron en los territorios (desde relaciones de beneficio recíproco hasta dominio hegemónico y arbitrario), el ejercicio de la violencia por parte del grupo armado organizado siempre medió las relaciones. En ese marco, el miedo se erigió como un factor regulador, incluso en escenarios de amplia adhesión social a la organización. La mera presencia de la organización constituía un elemento amenazante generalizado, con especial implicación para quienes disentían del grupo. El hecho de que la muerte y la amenaza mortal se hayan convertido en una herramienta disciplinante fácil y perversa... En estas situaciones, determinadas por el ejercicio coercitivo de la violencia, se generaron incontables arbitrariedades y violaciones. No reconocer o ignorar los efectos del régimen violento de control que fue impuesto profundiza la negación y evita el restablecimiento de derechos de esas poblaciones y de las víctimas de violaciones graves. El miedo rigió (y seguirá rigiendo) la relación entre la organización y los habitantes de algunos de esos territorios si las violaciones cometidas bajo el régimen de control coercitivo no son abordadas.