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Luego de que el Presupuesto General de la Nación para 2021 dejara un faltante de $30.000 millones en el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y de que el Senado y la Cámara de Representantes negaran la propuesta de un grupo de congresistas para asignar $34.000 millones y cubrir ese “hueco” fiscal, desde el alto tribunal manifestaron preocupación por su funcionamiento el próximo año.
“La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación del próximo año y que es fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación”, dice un comunicado de la entidad emitido este martes.
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Según lo planeado, la mayor parte de los recursos iban a ser destinados a la protección de víctimas, testigos, responsables y demás intervinientes en los procesos de la justicia transicional, asignando cerca de 19 mil millones de pesos para este fin. Otros 4.100 millones de pesos iban para la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y para la acreditación de las víctimas en los siete macrocasos que lleva esta jurisdicción. Además, otros 6.300 millones de pesos estaban planeados para desarrollar y mantener tecnologías de la información.
Desde el pasado 13 de julio esta entidad había solicitado la adición de los recursos, y esta petición fue reiterada el 21 y 28 de agosto, y el 7 de octubre pasados.
“Aunque desde un inicio a la JEP no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto con una diferencia de 88.000 millones de pesos entre lo solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a $30.014 millones, sin obtener el aval del Gobierno Nacional, lo cual es indispensable para la aprobación del Congreso”, dice el mismo comunicado.
El representante a la Cámara José Daniel López alertó sobre este déficit del 20% de recursos que le faltarían a esta institución para funcionar en 2021 y llamó a otros congresistas a no permitir la desfinanciación. No obstante, la proposición que presentaron fue rechazada por el parlamento.
Los intentos por desarticular la JEP
La noticia de la desfinanciación de esta justicia que surgió con el Acuerdo de Paz de La Habana, llega una semana después de que la senadora del Centro Democrático Milla Romero Soto, (quien reemplazó a Álvaro Uribe Vélez en su curul cuando este estuvo detenido en su casa por cárcel), presentara un proyecto ante el Congreso de la República con el fin de desarticular la Jurisdicción Especial para la Paz. En su momento, argumentó que “las cifras nos demuestran que hay más de siete mil disidentes y tienen un presupuesto de 300 mil millones de pesos para su funcionamiento”.
De hecho, con esta noticia de la no aprobación del presupuesto adicional, la senadora reiteró el apoyo a la disminución del rubro anual designado argumentando que, según ella, con el dinero que se ha financiado la justicia transicional este año se habría podido financiar “la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia y quedarían $41.000 millones que podrían beneficiar del programa Jóvenes en Acción por un mes”.
El partido de Gobierno, en los casi tres años de funcionamiento de la JEP, ha tenido tres intentos formales por derogar o reformar el tribunal transicional. Los dos primeros liderados por el exsenador Álvaro Uribe Vélez y por la senadora Paloma Valencia, quienes han asegurado que el tribunal no es equitativo en su trato con miembros de la Fuerza Pública y exigen que “los magistrados que hayan asesorado a las Farc no sean jueces”.
Aunque han pedido respaldo al presidente Iván Duque para lograr derogar el tribunal de paz, las propuestas se han hundido. Al respecto, Patricia Linares, actual presidenta de la JEP ha hecho énfasis en los resultados que ha tenido esta justicia especial en sus primeros años de funcionamiento, en los que han comparecido más de 12.000 personas entre excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles, se han recibido 309 informes de organizaciones de víctimas y se han acreditado alrededor de 308.000 víctimas del conflicto.