Sandra Lucrecia Daniels quiere que la JEP la deje en libertad

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Fue condenada en 2005 a 40 años de prisión como el cerebro del asesinato de su hermana, la congresista liberal Martha Catalina Daniels. Ahora le dice a la JEP que ella fue colaboradora de las Farc y que, por eso, merece recibir libertad condicionada. La Procuraduría se opone a que salga libre por esta vía.

Entre las miles de solicitudes que tiene por resolver la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) existe una que lleva poco más de dos años radicada y que no se conocía: la de Sandra Lucrecia Daniels Guzmán, a quien el 29 de julio de 2005 la justicia halló culpable del asesinato de su hermana, la congresista Martha Catalina Daniels. Con ella murieron dos personas más, Ana María Medina Zambrano y Carlos Germán Lozano Acosta, el 2 de marzo de 2002. Daniels Guzmán fue condenada a 40 años de prisión, decisión judicial que fue confirmada en otras instancias. Y el caso, como era de esperarse, fue un escándalo absoluto para la época en que todo ocurrió.

Martha Catalina Daniels llegó al Congreso en 1986 como representante a la Cámara y allí duró tres periodos, para saltar al Senado en 1998. Fue una acérrima defensora del presidente Ernesto Samper mientras este enfrentaba el Proceso 8.000, la investigación que se abrió por las denuncias de filtración de dineros del narcotráfico en su campaña a la Presidencia. En agosto de 1998, cuando en la Casa de Nariño se empezaba a acomodar Andrés Pastrana —quien filtró los audios que dieron pie al Proceso 8.000— y la Corte Suprema citaba a indagatoria a los 109 congresistas que absolvieron a Samper, Daniels dejó el país y se refugió unos meses en Europa.

Retornó al país en diciembre de ese año, luego de que la investigación contra ella y sus colegas se quedara sin piso a raíz de una controversial decisión de la Corte Constitucional. Retomó sus funciones legislativas de inmediato —se había ido en licencia— y, el 2 de marzo de 2002, una semana antes de que se eligiera el nuevo Congreso, su cuerpo, el de su amiga Medina y su conductor Lozano fueron hallados en un sitio conocido como Nebraska, zona rural de Zipacón (Cundinamarca). Les habían disparado para luego dejarlos allí a su suerte. La camioneta blindada Mercedes Benz de la senadora en la que se desplazaron hasta ese punto nunca apareció.

Las pesquisas avanzaron a la velocidad del rayo y, el 31 de marzo de 2002, se abrió investigación formal con base en un elemento clave para los investigadores: una carta de puño y letra de Martha Catalina Daniels, en la que señalaba que, si algo le ocurría, las sospechas debían recaer sobre su propia hermana. Dieron con la carta en la casa de la congresista, la cual registraron una vez sin suerte. Fue la Central de Inteligencia del Ejército la que dio pistas sobre el papel y, en una segunda diligencia, apareció. Las labores investigativas llevaron también a un hombre llamado José Gabriel Caballero, quien delató a cinco posibles relacionados con el crimen. Uno de ellos era Sandra Lucrecia Daniels.

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Además de los arrestos, los investigadores allanaron otros sitios en los que encontraron las armas con que les habían disparado a Daniels, a Medina y a Lozano. Para el 19 de abril de 2002 -un mes y medio después del crimen-, Sandra Lucrecia Daniels ya estaba detenida. Al rendir indagatoria, la hermana de la víctima enfiló sus baterías en contra de su cuñado, Hernando Rodríguez, condenado a 13 años de prisión por el desfalco de Foncolpuertos: “Según él, dizque lo quiero vincular, y como es conocido por todo el mundo él tiene poder y plata, aunque mande, manda mal, él tiene el poder. Es un hombre de alta peligrosidad”, le dijo entonces a la Fiscalía.

Al principio, Sandra Lucrecia Daniels pidió protección de la Fiscalía: “Así yo no vea a nadie, así no me dé la hora del sol, así sean restringidas las visitas, (que) sea tenida en estas celdas del bunker de la Fiscalía (…) si no me brindan protección, esa ‘mano negra’ de la que hablaba mi hermana, más temprano que tarde, resultaré ahorcada o envenenada”. La Fiscalía, sin embargo, no compró su versión y en octubre de ese mismo año —siete meses después del crimen— la llamó a juicio por homicidio agravado, dado su parentesco con una de las víctimas, y concierto para delinquir, agravado también “por ser quien organizaba y financiaba la banda criminal”, dice el fallo de su condena.

Los testigos de la Fiscalía confirmaron, como dijo la propia Martha Catalina Daniels en su carta, que su hermana buscaba quedarse con sus bienes. Su relación estaba tan mediada por el dinero, que la senadora la denunció por hurto y estafa. También salió a flote que la congresista y sus acompañantes iban camino a reunirse con un jefe de las Farc para que este devolviera el dinero que se había pagado por la fallida liberación de dos secuestrados, de los cuales uno era amigo de la senadora. Una de las movidas que hundió a Sandra Lucrecia Daniels fue apropiarse de ese dinero (las esposas de las víctimas se lo entregaron a ella en su apartamento) y luego enviárselo a William Saldaña, quien, ya capturado, “cantó”.

Las mediaciones de Daniels para gestionar liberación de plagiados de las Farc eran conocidas. De hecho, dos años antes de su muerte, esa guerrilla secuestró a Sandra Lucrecia Daniels y fue ella quien hizo las labores necesarias para que su hermana -quien luego terminaría orquestando su asesinato- recuperara su libertad. Por ese contacto con las Farc, apenas se supo del triple homicidio, fue la guerrilla la primera sospechosa del crimen. Y es por esa vía que ahora Sandra Lucrecia Daniels quiere que la JEP examine su caso. “Mi poderdante es un miembro colaborador con la organización, tal como lo corroboró el comandante Hugo, del frente 22 de las Farc-Ep que operó en Cundinamarca”.

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Así se lee en el documento que envió a la JEP el abogado de Daniels, José Ricardo Orjuela, el cual fue conocido por El Espectador; Hugo era el comandante guerrillero con el que Daniels se iba a reunir para lograr la liberación de su amigo y del otro hombre. Daniels está en casa por cárcel en Cúcuta y su propósito, asegura, es “confesar la verdad” sobre su responsabilidad en el crimen de su hermana y el papel de las Farc en este. Esa solicitud se envió en abril de 2018 y, el 2 de mayo de 2019, el expediente llegó a la Sala de Amnistía o Indulto, a la cual se le pidió verificar los nexos de Daniels con la guerrilla, pues su condena “no hace mención certera o clara sobre la relación de la solicitante con las Farc-Ep”.

Tras haber sido condenada a 40 años de prisión, Sandra Lucrecia Daniels quiere libertad condicionada y acude a las normas que derivaron del Acuerdo de Paz y su supuesta colaboración con las Farc como motivos para merecerla. Un requerimiento que, para la Procuraduría, es traído de los cabellos. “De los hechos probados en la sentencia se concluye que la conducta reprochada constituye un delito común (…) con la finalidad única de apoderarse de los bienes de familia que a su nombre (el de Sandra Lucrecia Daniels) se encontraban”, señaló el ente de control el pasado 19 de junio, en un concepto de 15 páginas que envió a la JEP y que conoció este diario.

Para la Procuraduría, Sandra Lucrecia Daniels ordenó el asesinato de su hermana y “ni siquiera indiciariamente se advierte que su finalidad persiguiera favorecer la causa rebelde o apoyar el esfuerzo general de guerra de dicha organización armada” y “tampoco existe alguna evidencia o indicio de que los crímenes por los que la solicitante fue condenada fueran cometidos por causa del conflicto armado” y ni ella ni su abogado, reitera la entidad, “han proporcionado información que detalle la manera como la conducta por la que fue condenada guarda relación directa o indirecta con el conflicto armado”. O sea, que no hay nada en el expediente que explique por qué Daniels está tocando la puerta de la JEP.

La Procuraduría admite que existieron colaboradores externos de las Farc y, por eso mismo, dice que “es pertinente hacer un análisis de la sentencia condenatoria con la que se cuenta (…) para establecer si en efecto se puede hablar de una colaboración de la señora Daniels Guzmán con las Farc-Ep, como lo pretende alegar la compareciente para recibir beneficios provisionales de la Ley de Amnistía”. Aunque advierte que la sentencia no indica por ningún lado que ella haya cometido el crimen como miembro de la antigua guerrilla. Por eso, la Procuraduría pide un “rechazo in limine” para la petición de Daniels: es decir, que es “manifiestamente improcedente”.

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