Santrich rinde versión ante la JEP desde La Picota

Seuxis Paucias Hernández, 'Jesús Santrich'. / Archivo

Hoy tres magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) visitan la cárcel La Picota, para escuchar la versión voluntaria de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien está detenido desde hace nueve meses, acusado de participar en un presunto envío de cocaína a Estados Unidos.

La diligencia se da en el marco del caso 001, conocido como el de retenciones ilegales, desaparición y homicidios por parte de las Farc, por el que 31 exjefes guerrilleros deberán explicar qué sucedió con los 6.162 casos que se reportaron ante la jurisdicción. Hasta ahora, ya han comparecido siete, entre ellos, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Joaquín Gómez.

No es la primera vez que los magistrados deben trasladarse para escuchar la versión voluntaria de un exjefe guerrillero fuera de la sede la JEP. Justo ayer tuvieron que viajar hasta el Palacio de Justicia de Rioacha, en La Guajira, para escuchar las declaraciones de Joaquín Gómez, quien aseguró tener problemas de salud y además adelanta su reincorporación en este lugar.

Ahora deben asistir al centro penitenciario, donde está Jesús Santrich, después de que la Fiscalía explicara que, por razones de seguridad, no hará su traslado a las instalaciones de la JEP. 

El casos de Santrich ha sido, quizá, el más mediático de la JEP, pero no por el caso 001. El exjefe guerrillero, después de ser uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana, terminó en la cárcel acusado de una supuesta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos. Según la acusación de esa justicia, Santrich se reunió el 9 de febrero de 2017 con un infiltrado de la DEA, que se hizo pasar como miembro del cartel de Sinaloa, con quien habría pactado una transacción de cinco toneladas de cocaína para enviar al país del norte, dice el documento. Por este hecho, las autoridades norteamericanas pidieron su extradición.

Tras esta petición, la Sala de Revisión de la JEP deberá determinar cuál fue la fecha del delito, si antes o después de la firma del acuerdo de paz, y así tomar una decisión sobre su garantía de no extradición. Vale la pena recordar que los magistrados, desde diciembre del año pasado, pidieron sin éxito las pruebas a Estados Unidos para tener mayores elementos que le permitan resolver esta discusión. 

La garantía de no extradición está prevista para exguerrilleros de las Farc que hayan dejado las armas, que estén en proceso de reincorporación y que hayan cometidos delitos antes de la firma del Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016). En caso de que sea concedida, eso no significa impunidad, pues los hechos deberán ser investigados en Colombia.

Por su parte, el exguerrillero asegura que todo es un montaje para atacar el proceso de paz y a quienes defienden letra a letra lo pactado en La Habana. Ahora está a la espera de que los magistrados de la sección de Revisión resuelvan el beneficio de la garantía de no extradición que pidió. Se espera que la otra semana haya una respuesta.

Ante este caso, la Procuraduría solicitó a la JEP negarle este beneficio teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información de as autoridades estadounidenses, los delitos que supuestamente cometió ocurrieron después de la firma del acuerdo de paz.

Jesús Santrich nació en Toluviejo (Sucre) el 30 de julio de 1966, tiene 53 años. Fue miembro del Estado Mayor Central de las Farc al tiempo que se desempeñó como uno los jefes del Bloque Caribe de esta guerrilla. Es un hombre muy cercano a la línea política de Iván Márquez, el exjefe negociador de paz de la insurgencia.

Su militancia política inició en la universidad pública, donde se vinculó a la Juventud Comunista y luego al Partido Comunista Colombiano. En ese trasegar, enterró a su amigo pintor, Jesús Santrich Núñez, quien, como lo reporta la prensa de la época, fue asesinado el 18 de noviembre de 1990, con varios balazos, por dos agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Jesús Santrich, como se bautizó para permanecer la mitad de su vida en la guerrilla, en homenaje a su amigo asesinado.

Actualmente, Hernández es representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) por las curules automáticas que les otorgó el acuerdo de La Habana, aunque no se ha podido posesionar por estar privado de la libertad en la cárcel La Picota.

La última vez que dio una declaración fue hace dos días, después de que el presidente Iván Duque objetara seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la columna vertebral del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Santrich denunció que pretenden envenenarlo a través de la comida que le suministran en la cárcel La Picota y que él es una ficha para desprestigiar y acabar con la JEP.

Las otras versiones voluntarias

De no comparecer ante la JEP, los magistrados podrían iniciar un incidente de incumplimiento a sus obligaciones con el Tribunal de Paz y podría perder alguno de los beneficios que adquirió por acogerse a este jurisdicción.

También faltan, ente otros, Hernán Darío Velásquez, “el Paisa”; Iván Márquez; Henry Castellanos Garzón, “Romaña”; y José Manuel Sierra Sabogal “el zarco Aldinever”, quienes también generan la mayor expectativa por tampoco conocerse su paradero.

El objetivo de estas versiones voluntarias es que los ahora dirigentes del Partido Farc ofrezcan verdad plena, es decir, detallada y exhaustiva, que les permita establecer responsabilidades.

Esto no implica necesariamente que acepten su responsabilidad en los delitos. No se trata de una audiencia. Esa será una etapa posterior dentro de este proceso. Esta diligencia no contará con la presencia de las víctimas, estará cerrada al público y los medios de comunicación, y quedará grabada para efectos judiciales.

¿Por qué se realizará a puerta cerrada? De acuerdo con la JEP, sólo se trata de una etapa de investigación y contraste de información. Una vez reciban sus versiones, las cotejarán con los dos informes que entregó la Fiscalía, en los cuales hay 708 exguerrilleros de las Farc condenados, y nueve informes que entregaron organizaciones no gubernamentales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, País Libre, Fundagan (Fundación de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan), entre otros.