Se levantaron los términos en la JEP, ¿cómo serán las diligencias virtuales?

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Desde el 27 de abril de este año, la Jurisdicción Especial de Paz levantó la suspensión de términos y comenzó a normalizar sus trámites y audiencias judiciales. Han adquirido software para el manejo de la información y buscan cerrar las brechas digitales con la ciudadanía. Abogados dicen que por ahora, ellos son el puente y la voz de las víctimas por las dificultades del acceso a internet en algunas regiones.

La cuarentena nacional por la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido más de lo que los colombianos pensaban. Y aunque siguen las restricciones en movilidad, muchas empresas y entidades han reabierto su operación progresivamente. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es la excepción: desde el 27 de abril levantaron la suspensión de los términos judiciales y, en los primeros días de junio, dieron a conocer su estrategia digital.

Justicia Más Digital es el nombre de la estrategia con la que buscan virtualizar trámites judiciales como el análisis de datos, la gestión de sistemas documentales, recopilar información y llevar a cabo diligencias como las audiencias, entrevistas, la presentación de observaciones de las víctimas, la entrega de versiones voluntarias, el traslado de las mismas, entre otros procesos que antes solo podían realizarse de manera presencial.

El tema de la digitalización siempre ha sido complejo para la justicia colombiana porque casi todas las audiencias son presenciales y los expedientes están albergados en carpetas de miles de páginas que reposan en los archivos de las entidades judiciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una de las características de esta justicia transicional es que muchas de las audiencias eran territoriales y se realizaban en zonas donde, usualmente, ocurrieron los hechos del conflicto armado.

Los procedimientos con los comparecientes, por ejemplo, cuando iban a entregar versiones o testimonios donde narraban hechos del conflicto armado, de los que participaron o fueron cómplices, eran casi siempre presenciales: los magistrados podían hacer citaciones en Bogotá o en su lugar de residencia o reclusión, entre otras cosas, para garantizar la protección de la información y confidencialidad de la misma.

Pero la cuarentena cambió las dinámicas del mundo y por eso, con el fin de evitar la propagación del COVID-19, la JEP tuvo que ingeniárselas con la plataforma Teams, de Microsoft, para continuar con sus términos judiciales que se reanudaron en su totalidad el 27 de abril.

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Con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de análisis de información, la JEP adquirió una herramienta de gestión organizacional que les permite tener un panorama sobre la población de interés (víctimas y comparecientes) de esta justicia. “Con eso se dispone del registro de quienes comparecen ante la Jurisdicción y de su situación jurídica, el cual será de fácil acceso y consulta por parte de los despachos de las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para la Paz”, anunció la JEP en un comunicado.

Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, organización que analiza y responde a amenazas y oportunidades sobre la tecnología para el desarrollo, ya había advertido que lo más confiable y seguro, sobre todo por el tipo de trámites que se hacen en un sistema de justicia era crear una plataforma propia para la realización de videoconferencias y trámites virtuales. Sin embargo, los altos costos y la complejidad para crearlo, han hecho que muchas entidades recurran a utilizar otras plataformas de uso público intentando cifrar las conferencias para evitar riesgos de seguridad informática.

Por eso, para tener mayor calidad y control de los documentos que se entregan a esta entidad, la JEP puso en marcha un programa de sistema de gestión documental, llamado CONTi, con el que podrán hacer trazabilidad y podrán producir, postproducir, grabar, almacenar y consultar de manera más segura las diligencias judiciales virtuales.

Y ¿cómo han recibido las víctimas y sus abogados estos cambios? Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien representa a víctimas en varios macrocasos, especialmente el de “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, señaló que “estamos más tranquilos porque la JEP ya está haciendo versiones voluntarias a través de internet porque eso quiere decir que estamos avanzando en los casos”.

Sobre la presentación de informes, Bojacá reiteró la importancia de que la presentación de estos documentos se esté realizando de manera virtual, sin embargo, fue reiterativo en la dificultad que tienen los abogados y las organizaciones de víctimas de recopilar la información para esos informes por las trabas que tienen para acceder a los testimonios de las personas en terreno. “Teníamos trabajo adelantado y eso nos facilitó la realización del informe pero ha sido complicadísimo en esta pandemia”, dijo.

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Jesús Mario Corrales, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca, afirmó que tenían previsto para agosto de este año presentar un informe sobre violencia sexual en hombres para que la Comisión de Género y en general toda la magistratura reciba un documento sobre estos delitos, que no fueron cometidos únicamente a las mujeres. “Nosotros queremos este año acreditarnos como víctimas y ser tenidos en cuenta dentro de los procesos de violencia sexual en la JEP. Ya estamos trabajando en un informe para entregar donde damos testimonio 25 hombres víctimas de violaciones y abusos sexuales en el conflicto armado, lo entregaremos de manera virtual”, añadió.

Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, comentó que las dificultades para acceder a un computador o una red de WiFi en Apartadó y sus zonas rurales siguen siendo un pendiente sin cumplir; sin embargo, señaló que esperan poder avanzar en los trámites de la JEP y comenzar un proceso de apropiación digital para adaptarse a los cambios.

“Si para mí que estoy en la cabecera es a veces difícil el acceso a internet y más a un computador, para el resto de las víctimas es mucho peor. Estamos esperando que la JEP nos dé novedades sobre nuestro caso y miraremos si podemos comenzar a aprender de lo digital, sino no sabemos qué vamos a hacer”, comentó.

En ese trabajo de virtualización, la Jurisdicción anunció que para agosto de este año estará funcionando el software LEGALi, un sistema de análisis de datos cualitativos y cuantitativos con el que buscan optimizar y agilizar las labores diarias de todas las Salas de Justicia y secciones del Tribunal para la Paz.

De acuerdo con esta justicia transicional, su objetivo es cerrar las brechas tecnológicas con la ciudadanía para avanzar en los casos y fortalecer la apropiación tecnológica en el país. “La transformación digital ha permitido a la Jurisdicción gestionar inmediata y adecuadamente las consecuencias de la emergencia sanitaria por el Covid-19”, señalaron en un comunicado.

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Sebastián Escobar, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar), dijo sobre su labor con las víctimas que representa que la mayor dificultad que han tenido es la transferencia de archivos web a través de plataformas. “A veces nos dan plazos para presentar, por ejemplo, observaciones de las víctimas a lo que dicen los comparecientes pero mientras contactamos a las personas y cargamos los documentos en páginas web para conectar con las víctimas, se nos va mucho tiempo y eso hace que se nos acorten los días y plazos para responder con esto”, aseguró.

También resaltó que una dificultad que ha visto desde la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas desde siempre, ha sido la complejidad para que comuniquen sus decisiones oportunamente. “Esto no es de la pandemia sino de siempre, por ejemplo yo represento a algunas víctimas de Salvador Arana y esta semana nos enteramos a través de los medios de comunicación que le negaron la libertad condicionada y el traslado de régimen de condicionalidad. Siempre hemos manifestado esa dificultad que con la cuarentena se ha notado más”.

Para trabajar con las víctimas de zonas más alejadas, Escobar comentó que han intentado facilitar condiciones de conectividad en algunos lugares pero que no siempre ha sido posible. Y esa es una de las grandes conclusiones a la que llegan las víctimas acreditadas en esta justicia y sus representantes, quienes por la dificultad del acceso a internet y a un dispositivo electrónico en zonas rurales del país, sumado a la complejidad de la alfabetización digital, en este momento sus abogados son el puente con la Jurisdicción para todos los trámites con los que continúan la investigación de los siete macrocasos abiertos: (retenciones ilegales o secuestros cometidos por la antigua guerrilla Farc-Ep; los hechos de violencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño; las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado -mal llamados falsos positivos-; la situación territorial del Urabá antioqueño; la situación de violencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y, por último, el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto).

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