'Sin los empresarios no se cierra el conflicto armado': Philipp Wesche

El fellow de la División las Américas del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y Seguridad analizó los casos de este gremio en Justicia y Paz, donde el 85 % no llegó a etapa de acusación. El poder local y el diseño de la justicia transicional son algunas de las causas de la impunidad.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Chiquita, empresa norteamericana que en un proceso en Estados Unidos admitió haber pagado a las Auc. Bloomberg News

Los empresarios en Colombia no fueron solo víctimas de la extorsión en el conflicto armado. Su participación como un actor activo aún no ha sido investigada a profundidad en la justicia, a pesar de que han sido denunciados como promotores de grupos armados, sobre todo del paramilitarismo, como han dicho varios integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en su desmovilización y contribución a Justicia y Paz.

Algunos apoyaron material y logísticamente a las Auc, proporcionándoles vehículos o gas o alojándolos en sus fincas. Otros fundaron bloques. Y otros contribuyeron con el despojo de tierras comprando terrenos por debajo de los precios del mercado, después de conspiraciones con los paramilitares, quienes intimidaban o hostigaban a las comunidades.

Las relaciones de los empresarios con la élite política, su impacto económico en las regiones, la falta de una presión de la sociedad civil y de los medios de comunicación sobre estos casos, las altas tasas de impunidad e, incluso, el diseño de los sistemas de justicia transicional que esperan darle cierre al fin del conflicto armado forman parte de la larga lista de obstáculos que Philipp Wesch, fellow de la División las Américas, del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y Seguridad, documentó en un artículo publicado en la Revista Internacional de Justicia Transicional, de la Universidad de Oxford, de Inglaterra.

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El documento, llamado Actores empresariales, paramilitares y justicia penal transicional en Colombia (Léalo aquí), concluye que los procesos de este tipo de justicia deberían hacer más hincapié en la responsabilidad penal de los actores empresariales en las economías de guerra, teniendo en cuenta que las disputas sobre la desigualdad, en este caso con respecto a la distribución de la tierra, son una de las causas centrales del conflicto armado. Al quedar impunes, muchos de ellos pueden seguir utilizando la violencia como un medio para proteger sus intereses.

¿Cómo fue la participación de los empresarios en el conflicto? Usted analizó o determinó varios patrones.

Mucha evidencia indica que los empresarios tuvieron un papel importante en el conflicto armado, sobre todo en el paramilitarismo. Hubo muchos empresarios que pagaron a las autodefensas. Eso nos cuentan los mismos paramilitares en sus versiones libres en justicia y paz. Algunos también entregaron listas de los aportes, con nombres, cientos de nombres. La discusión es si estos aportes fueron extorsionados o si fueron voluntarios. Yo creo que en su mayoría fueron un producto de extorsión. Pero también existen casos, donde la evidencia sugiere que pagaron voluntariamente. Que los empresarios se sentaron con las autodefensas y que les dieron el dinero para combatir la guerrilla, para poder seguir con los negocios que la guerrilla ponía en riesgo. Y también existen casos donde empresarios son acusados de ser fundadores de grupos paramilitares o de haber colaborado en crímenes individuales, por ejemplo, en homicidios de sindicalistas o en el despojo de tierras. En suma, la evidencia indica que la participación de los empresarios en el paramilitarismo ha sido un fenómeno muy extendido, pero también muy variado. Muchos empresarios fueron víctimas del conflicto, pero también hubo los que se beneficiaron de los crímenes de las autodefensas o que colaboraron en ellos. En estos casos, los empresarios no son víctimas, son cómplices, cuyo papel debería ser investigado penalmente.

¿Qué datos importantes encontró sobre la impunidad en los casos de los empresarios involucrados con paramilitares, por ejemplo?

El problema es que la justicia colombiana, a pesar de los muchos testimonios incriminatorios, no ha logrado esclarecer la participación de los empresarios con el paramilitarismo. Según datos de la Fiscalía General de la Nación de 2018, hubo 379 procesos penales contra empresarios por presuntos nexos con este grupo. Pero de estos, más del 85 % se encontró en la etapa de investigación preliminar o instrucción, es decir, sin acusación. Y hubo muy pocas sentencias. La justicia colombiana está en deuda con las víctimas. Todavía les debe la verdad sobre el papel del empresariado en el paramilitarismo.

¿A qué se debe esa impunidad?

Los datos muestran que la mayoría de los procesos no ha entrado a la etapa judicial. Entonces, la impunidad se debe a las investigaciones en la Fiscalía que no han avanzado por mucho tiempo. En el debate sobre los terceros civiles, el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, fue uno de los principales opositores de incluirlos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El argumentó que la Fiscalía sería el ente mejor cualificado para investigar a los empresarios. Pero los resultados de la Fiscalía en los procesos no sostienen esa argumentación. Los empresarios continúan en la impunidad. Y esto pone en riesgo el proceso de paz. Existen denuncias de que los empresarios que formaron, promovieron o colaboraron con paramilitares podrían estar relacionados con los muchos crímenes contra reclamantes de tierra y contra líderes que se oponen a proyectos mineros y agroindustriales. Pero hasta ahora no se ha podido probar.

Fiscales y analistas aseguran que puede haber “anillos de protección para los empresarios”, dada su importancia en las economías locales y sus relaciones con las élites hace muy difícil su investigación...

En mi trabajo, entrevisté a fiscales para entender por qué las investigaciones contra empresarios no avanzaron. Según ellos, hubo varios factores. Uno de estos factores es que investigar a un empresario reconocido, con buenas relaciones al sector político, implica riesgos de interferencias indebidas. Y estos riesgos también se pueden convertir en riesgos para la carrera de los fiscales e investigadores encargados. En estos casos hay muchos incentivos para no tomar decisiones críticas. ¿Qué hacen los fiscales? Le dan vuelta al proceso.

 

Otra de las aristas que llama la atención de su investigación es cuando los fiscales afirman que los paramilitares se alcanzaron a infiltrar en la Fiscalía.

Esto es un segundo factor. Hoy sabemos que los paramilitares tenían una fuerte influencia en las instituciones públicas en muchas regiones. Sabemos que los gobernadores, los alcaldes, los concejales muchas veces fueron aliados de los paramilitares. Y esa influencia también se extendía a la Fiscalía. En estos contextos, puede ser que algunos procesos fueron manipulados. Otro factor es que investigar a los presuntos aliados de un grupo armado también es muy peligroso cuando estos grupos o sus sucesores continúan delinquiendo y a cometiendo crimines, también contra funcionarios públicos.

Usted también menciona que otro factor es la falta de presión de la sociedad civil y los medios.

Los casos más avanzados son aquellos donde participan organizaciones de sociedad civil. Porque ellas no solo crean atención pública, sino que también entregan pruebas, vinculan a las víctimas y generan un lazo de confianza con ellas, que los fiscales no tienen. Hay que fortalecer esas organizaciones para sacar a los empresarios de la impunidad.

(En contexto: La verdad que aún nos debe la ley de Justicia y Paz)

¿A qué se refiere cuando menciona que la impunidad se da, incluso, por el diseño de la justicia?

Hubo errores en la política criminal que beneficiaron a los empresarios involucrados en el paramilitarismo. Uno de estos errores fue la exclusión de los empresarios de la competencia de los tribunales de Justicia y Paz. Por eso, cada vez que un postulado incrimino a un empresario, los fiscales especializados delegaron este proceso a sus colegas en la justicia ordinaria, en su mayoría, en los territorios donde ocurrieron los hechos. Y estos fiscales tienen una carga de trabajo muy alta, muy pocos recursos, y además están más expuestos a la influencia de los paramilitares y de sus sucesores. Y los fiscales especializados muchas veces no dieron suficientes informaciones a los fiscales ordinarios para seguir adelante con los procesos. Los terceros no fueron su responsabilidad, entonces no indagaron mucho.  Otro error fue que no hubo mecanismos eficaces de coordinación entre los fiscales ni mecanismos de monitoreo. Por mucho tiempo, la Fiscalía no podía decir que paso con estos procesos. Tuvieron que formar un equipo para encontrarlos.

Otro de los problemas que menciona es la ausencia de un grupo consolidado de las entidades para investigar a los empresarios, ¿cree que no hay un compromiso de la Fiscalía?

En los últimos años, hubo avances en la Fiscalía. Conformaron un equipo que investiga unos casos priorizados con respecto a los sectores de la palma, el banano, la ganadería, la minería, los hidrocarburos, también los azucareros, entre otros. También realizaron una sistematización de los procesos pendientes. Y crearon la Unidad Especial de Investigación, gracias al Acuerdo de Paz, con un mandato de investigar las redes de apoyo de los grupos armados. Entonces, espero que haya compromiso ahora.

Usted nombra varios casos de impunidad en la investigación a compañías y empresarios ¿cuál resaltaría y por qué?

La atención pública se centra en muy pocos casos, el de Chiquita, el de Drummond. En estos casos hubo decisiones por parte de fiscales que las organizaciones de sociedad civil que los acompañan consideran arbitrarios. Es muy difícil juzgarlo de afuera, los documentos son clasificados. Pero también es difícil de entender porque no hubo juicios contra gerentes en estos casos. Hay mucha evidencia. Chiquita, por ejemplo, admitió haber pagado a las autodefensas en un proceso en Estados Unidos. En Colombia, fueron condenados empleados de la Convivir Papagayo, por haber transferido estos pagos a las autodefensas. Y existen testimonios de diferentes paramilitares, coherentes entre sí, que indican que la empresa hizo estos pagos de manera voluntaria. ¿Entonces por qué no hay por lo menos juicios? Pero es importante resaltar que la participación empresarial en el paramilitarismo parece ir mucho más allá de esas dos multinacionales. Los testimonios de los paramilitares incriminan sobre todo a las elites económicas en las regiones. Sobre estos procesos sabemos muy poco. 

(Lea también: Los pagos que Chiquita Brands habría hecho a los paramilitares)

¿Qué opina de que los empresarios vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) voluntariamente? ¿Cree que pueda ser un tribunal de cierra del conflicto sin estos actores?

Primero, quiero resaltar que la decisión de limitar la competencia de la JEP a terceros civiles que se presentan voluntariamente ha sido una decisión no tanto motivada por razones jurídicas sino políticas. El intento de la Corte Constitucional en esta decisión fue salvar la ley estatutaria de la JEP, que en este momento estaba al punto de caer. Hubo muchos congresistas que se oponían a la inclusión de los terceros civiles y la decisión hizo que se resolvió este punto. Pero, sin duda, esto ha debilitado la capacidad de la JEP de ser un tribunal de cierre del conflicto. Los empresarios con investigaciones en curso pueden presentarse hasta el seis de septiembre y yo les diría que vayan. Los que fueron extorsionados pueden obtener seguridad jurídica, que se cierre los procesos en su contra en ordinaria. Y los que tienen una deuda más grande con las víctimas pueden obtener los beneficios. En la justicia ordinaria les esperan sentencias de prisión graves y la Fiscalía ha fortalecido sus investigaciones. Hemos visto que no participar en el proceso de justicia transicional no es la mejor opción en el caso de los parapolíticos, que tienen condenas más largas que los comandantes de los paramilitares.

¿Qué puede aprender el mundo de esta experiencia de Justicia y Paz sobre los empresarios en sistemas de justicia transicional?

Primero la justicia colombiana debería aprender de la experiencia de Justicia y Paz. Porque ahora está por abrir un capítulo nuevo sobre los empresarios en el conflicto armado: las relaciones empresariales con las Farc. Y espero que se aprenda de los errores de Justicia y Paz. Que se establezca mecanismos para sistematizar las investigaciones en la JEP y para coordinar con la justicia ordinaria.

¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional a que esta impunidad con los empresarios pare?

Espero que Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente la Corte Penal Internacional sigan monitoreando la judicialización y sigan preguntando por los resultados, y no sólo en los casos emblemáticos. También espero que la comunidad internacional soporte más a las organizaciones de sociedad civil en su trabajo de esclarecer el papel de los empresarios y acompañar a las víctimas. Y que fortalezca la cooperación con la justicia colombiana al respecto, especialmente, con la Unidad de Investigación en la Fiscalía y con el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, pero también con los fiscales y policías en las regiones. Hace falta capacitación, hacen falta recursos, y se necesita de una justicia fuerte en los territorios para dar cierre al conflicto.

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2019-07-23T06:00:00-05:00

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2019-07-23T10:12:14-05:00

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Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo

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