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En la mañana de este miércoles comenzó la versión voluntaria de Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en la guerra como Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, por el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y los homicidios del economista Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro León y José Fedor Rey o Javier Delgado. Con la presencia de todos los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP, un delegado de la Procuraduría General de la Nación, las familias de las víctimas y sus abogados, Londoño reconoció también el homicidio de José del Cristo Huertas, exconductor y escolta de Gómez Hurtado al momento del asesinato. Desde el comienzo, la magistrada Nadiezhda Henríquez indagó en los detalles hasta ahora desconocidos que pudiera aportar Timochenko.
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Aunque es el único exintegrante vivo del Secretariado de la época, y todavía adscrito al Acuerdo de Paz, aseguró que la mayoría de los detalles sobre estos homicidios los conoció por la versión voluntaria que entregó Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), quien acudió a este tribunal el pasado 10 de diciembre. Según él, “en el Secretariado no se discutían los asesinatos a estas personas” y explicó que sus reuniones eran para debatir y tratar asuntos de índole político.
Sin embargo, mencionó que la única vez que se debatió un atentado contra alguien fue por iniciativa de Alfonso Cano contra el expresidente Juan Manuel Santos. “Es la única vez que como Secretariado se determinó si se atentaba o no contra una persona (...) él mismo tomó la decisión de no ejecutarlo porque no sería ético actuar contra una persona contra quien se estaba dialogando”, mencionó.
En este punto, Londoño se detuvo para explicar que fue a partir de 1993, con la Octava Conferencia de las Farc en la que se definió que cada miembro tendría que ubicarse en un bloque. El compareciente, quien estuvo en la coordinación del Bloque Magdalena Medio, declaró que cada estructura podía tomar decisiones independientes sin necesidad de ser consensuadas. “No teníamos coordinación, a menos que se nos orientara para ejecutar un plan conjunto”.
La magistrada Julieta Lemaitre se refirió a la información que pudo haber tenido Londoño sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado, pero el excomandante mencionó que no hubo una reunión para debatir ni para planear este magnicidio. “Nosotros nos enteramos como tres días después, a través de un comunicado que colocó Jorge Briceño (Mono Jojoy) a través de un sistema de radio HF que encriptaba mensajes en un computador”. Además, mencionó que este tipo de decisiones al interior de la guerrilla eran confidenciales y no se podían poner en conocimiento los detalles al Secretariado.
Esta diligencia, que ya había sido aplazada en dos ocasiones en noviembre y diciembre del año pasado, se programó después de que, el pasado 3 de octubre, a través de una carta enviada a la JEP, los excomandantes de las antiguas Farc se atribuyeron responsabilidad de estos seis asesinatos. Tres días después del anuncio, en entrevista con El Espectador, Lozada aseguró que él había ejecutado la orden de matar a Gómez Hurtado y contó detalles hasta ese momento desconocidos, como que la orden llegó de Jorge Briceño, El Mono Jojoy, y que el operativo para asesinarlo fue ejecutado por cuatro excombatientes de la antigua Red Urbana Antonio Nariño.
Álvaro Gómez Hurtado
Los familiares del exlíder conservador y sus abogados interpelaron a Londoño y le preguntaron qué razones y pruebas tenían para atribuirse dicho atentado. Rodrigo Londoño fue enfático en que no conoce testigos, desmovilizados ni documentos que puedan probar su culpabilidad en este crimen, pero aseguró que “es el más interesado en que aparezca alguien y esto se esclarezca”. De hecho, le aseguró a la magistratura que la comunicación encriptada en la que se les avisaba del operativo fue destruida años más tarde, por razones de seguridad de los archivos en poder de las Farc.
Ante las preguntas de los abogados y la magistratura sobre el impacto que tuvo el magnicidio en la política colombiana, respondió que en ningún momento midieron las consecuencias de este hecho, pero que fueron conscientes que esto “exacerbó las contradicciones en la política”.
El magistrado auxiliar Farid Benavides se refirió a Timochenko para indagar en la declaración pasada de Carlos Antonio Lozada, quien declaró ante la JEP que la orden de asesinar al exlíder conservador fue directamente del Secretariado. Sobre esta inquietud, el compareciente dijo que cuando los excomandantes de Bloque se referían al Secretariado, aludían al integrante del Secretariado que pertenecía a su Bloque, más no a todo el grupo en general. “Aunque fui fundador del Bloque Oriental, no tuve ningún ejercicio en esta estructura. No conozco los detalles de cómo funcionaba el Bloque Oriental ni la Red Urbana Antonio Nariño”.
En el caso de la Red Urbana, a quienes se les atribuyó directamente la ejecución del magnicidio, el integrante del Secretariado era, precisamente, Jorge Briceño. De hecho, Londoño expresó que sólo conoció detalles del modus operandi de la Red Urbana y de la planeación y ejecución del magnicidio, cuando escuchó la declaración de Lozada ante la JEP el pasado mes de diciembre.
Los representantes de la familia de Gómez Hurtado fueron críticos con las respuestas del compareciente y aseguraron que su versión era poco creíble por la ausencia de material probatorio para verificar la responsabilidad en este crimen. El abogado Joan Moreno, uno de los representantes de la familia, lo interrogó sobre las razones para guardar silencio por tantos años e indagó sobre posibles nexos de la Fuerza Pública en este crimen. Sin embargo, Londoño aseguró las Farc no operaron con apoyo de ningún otro grupo armado o criminal como el cartel del Valle y que las razones de este crimen fueron netamente políticas. También negó la posibilidad de que Manuel Marulanda se hubiera aliado con el expresidente Ernesto Samper para planear y ejecutar este asesinato.
El excomandante explicó ante la magistratura que las Farc no volvieron a hablar del tema porque se dieron cuenta de las contradicciones y polémicas que se generaron alrededor de este magnicidio. “Sin haber estado en el momento en que se tomó esa decisión, me atrevo a decir que ese fue un cobro de cuentas a las actitudes políticas del señor Gómez”. Y, nuevamente, se refirió a las víctimas para pedirles perdón por este delito. “Viendo las cosas desde esta perspectiva, hoy estoy seguro que tendríamos a Álvaro Gómez como aliado en este proceso de contribución y búsqueda de la paz en Colombia”, añadió.
Después de la intervención del compareciente, la abogada Ingrid Bibiana Muletones, representante de la familia de José del Cristo Huertas, exconductor y escolta del exlíder conservador se tomó la palabra para reclamar por qué dentro de la carta de perdón de las Farc no se reconoció el homicidio contra Huertas, quien fue víctima el mismo día de los hechos. Sobre esto, Londoño solamente admitió el error de la organización y reconoció su autoría por este hecho. “Para mí es sumamente difícil tener que decirle a los familiares que nuestra organización fue la que organizó ese crimen”, reiteró.
Hernando Pizarro León-Gómez y José Fedor Rey
En la segunda parte de la diligencia judicial, la magistrada Catalina Díaz indagó sobre estos dos homicidios que también se atribuyó Carlos Antonio Lozada cuando dio detalles de la operación en la que fueron asesinados los dos exguerrilleros de las Farc en 1995 y 2002. Sobre estos hechos, Londoño también explicó que sólo conoce los detalles que relató Gallo Cubillos ante la JEP.
Explicó que llegó a tener una relación cercana con Hernando Pizarro León-Gómez en el año 1979, cuando compartieron juntos en el campamento “Jacobo Arenas” y, según él, llegaron a intercambiar conocimientos sobre filosofía y teatro y que, por eso, le “dio muy duro” la decisión y noticia del homicidio. Sobre los detalles del atentado, explicó que en la Séptima Conferencia de las Farc, comenzaron a notar “actitudes salidas de los planes de la organización”, por lo que fue en este momento cuando las relaciones del exFarc con el Secretariado se rompieron y comenzó a conformar el Frente Ricardo Franco, una disidencia de las Farc, responsable de haber cometido la masacre de Tacueyó (Cauca), ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986 y en la que murieron 164 guerrilleros.
De hecho, confesó que las Farc sí llegaron a emprender operaciones para intentar atraer la gente que ellos tenían a su mando. “Ese trabajo se logró y recuperamos mucha gente, pero ya había órdenes para atacarlo a él”.
Aunque dice no tener presente quién dio la orden del asesinato, mencionó que su reacción generó confusión al interior de la guerrilla y que lo único que sabe es que, cuando lograron localizarlo, “pidieron autorización para proceder y se las dieron”. De este homicidio, dijo, también se enteró varios días después a través de un mensaje radial.
De este caso, mencionó también que se trató de un “cobro de cuentas” y a pesar de que dice estar seguro de que cualquier integrante de las Farc que lo tuviera localizado habría actuado de la misma forma, añadió que no tiene conocimiento sobre si hubo algún agente externo que participara en estos asesinatos. “Yo creo que en ese momento a cualquiera que se le hubiera aparecido Hernando, habría actuado en el mismo sentido para ese momento y en esas circunstancias”, declaró.
En un segundo momento, la magistrada Nadiezhda Henríquez, encargada de la diligencia judicial, interrogó a Timochenko sobre qué conocía de la red urbana de los dos excombatientes, a lo que Londoño respondió que nunca indagó sobre estas estructuras, ni siquiera después de la firma del Acuerdo de Paz.
Sobre el caso específico de José Fedor Rey y ante el interrogatorio de la magistrada, Londoño aseguró que no tenía ninguna información sobre las estructuras que asesinaron a José Fedor Rey. También negó tener información sobre cuántas personas cometieron este homicidio y dijo que no conocía qué estructura de las Farc planearon este hecho. Reiteró la versión que ya han dado otros excombatientes sobre las razones para haberlos declarado objetivo militar, que respondía, según él, a otro “ajuste de cuentas” por la masacre de Tacueyó (Cauca), entre 1985 - 1986.
Ante la dificultad para acceder a nueva información por parte del compareciente, la magistrada Henríquez le preguntó a Rodrigo Londoño qué información nueva preparó para la diligencia judicial, específicamente sobre estos casos, a lo que respondió que para el caso de José Fedor Rey, “hemos estado conversando con Pablo (Catatumbo) y estamos agotando toda la información que él maneja en ese sentido para aportarla a la Sala. Y en el caso de Hernando Pizarro, lo que conozco es lo que aportó Carlos Antonio Lozada”. Antes de finalizar la intervención, la magistrada calificó como “insuficientes” los aportes a la verdad de Rodrigo Londoño sobre estos dos casos en mención.
En otra intervención, María Ximena Castilla, abogada de la familia Pizarro León-Gómez cuestionó fuertemente al compareciente por no hacer ningún aporte a la verdad y le preguntó qué acciones concretas están llevando a cabo para conseguir más información sobre estos casos y cuánto tiempo se podría tomar recopilarla, a lo que Londoño explicó que están intentando indagar con otros excombatientes pero aseguró que no se comprometería con una fecha.
Jesús Antonio Bejarano
Sobre el caso del economista Jesús Antonio Bejarano, Londoño dijo que tampoco tenía mayores detalles, sin embargo asegura que se convirtió en objetivo militar para la guerrilla por su papel en los diálogos de paz en Caracas (Venezuela) y por haber ejercido como asesor del Ejército Nacional “en momentos en los que estaba la confrontación armada”. La magistrada Belkis Izquierdo lo interpeló y le preguntó sobre la planeación de este homicidio y las personas involucradas, pero aseguró no tener información exacta para responder.
Dijo, entre otras cosas, que los hechos los cometieron excombatientes de la estructura “Joselo Lozada” (del Frente Urbano Antonio Nariño) y que esta información la conoce por la versión que dio Lozada ante la JEP hace un mes. En este punto, la togada cuestionó si las antiguas Farc no tenían una política o normativa que evitara cometer este tipo de atentados dentro de instituciones educativas, como fue el caso de Bejarano, quien fue asesinado en la facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Timochenko respondió que no había una orden específica que les prohibiera cometer estos crímenes en estos sitios y dijo que en ningún momento abordaron ese tema.
Al igual que los casos anteriores, señaló que trató de un “ajuste de cuentas” y reconoció que el atentado “no contribuyó a ningún avance dentro de la organización armada”. Incluso, dijo que en estos momentos Bejarano podría haber sido un aliado de la paz, pero que en ese entonces, “era considerado como un enemigo de la paz”, según él, por las intenciones que tenía para enfrentar el conflicto armado.
El abogado Humberto Vergara Portela pidió la palabra para indagar sobre qué decisiones generales estaban a manos del antiguo Secretariado, pues Timochenko precisó que la orden directa para ejecutar a Bejarano provenía del Bloque Oriental y aseguró no haber tenido conocimiento previamente a estos hechos. Incluso, en este punto el abogado refutó qué compromiso con la verdad tenía Rodrigo Londoño y le preguntó directamente qué podía aportarle a las víctimas sobre este caso.
Fernando Landazábal
El togado encargado de interrogar sobre el homicidio del exgeneral Landazábal Reyes fue Óscar Parra, quien le preguntó cómo se comunicaban los “objetivos militares” que tenía cada estructura de las Farc. Sobre este punto, Londoño especificó que “uno le informaba al jefe de las Farc, en ese entonces Manuel Marulanda, qué objetivos militares teníamos y les decíamos en qué habíamos avanzado”. El magistrado Parra se detuvo para preguntar qué autonomía tenían las distintas estructuras de las Farc para cometer hechos sin que los conociera el Secretariado, a lo que el compareciente aseguró que “cada uno era autónomo para echar adelante los distintos planes políticos. Era uno el que tenía que definir si consultaba antes de hacerlo o no”.
Sin embargo, ante la imposibilidad de acceder a información nueva, el magistrado llamó la atención de Timochenko y le dijo que “es parte de sus obligaciones tomar todas las medidas y pasos necesarios para auscultar por más información que permita el esclarecimiento de estos hechos”. Por otro lado, el hijo de Fernando Landazábal, que lleva su mismo nombre, intervino y le dijo que no consideraba que hubiera mayores aportes a la verdad por el caso de su padre, a lo que Londoño aseguró que “estamos aportando la verdad y no nos la creen”.
Pablo Emilio Guarín
Aunque el pasado 10 de diciembre, Carlos Antonio Lozada aseguró en su versión ante la Jurisdicción que Rodrigo Londoño podría aportar mayores detalles del homicidio del exrepresentante a la Cámara de Representantes, en la diligencia judicial de este miércoles, Timochenko aseguró no conocer mayor información sobre este caso y dijo que se enteró del asesinato, a través de un comunicado. En la versión, le aseguró al magistrado Faryd Benavides que en ocasiones había miembros del Secretariado que “podían haber ordenado homicidios sin que el resto supiera”, pues, según el excomandante, esto hacía parte de la estrategia de clandestinidad.
La diligencia finalizó siete horas después con una reflexión de Rodrigo Londoño: “Si en algún momento ha parecido que me estoy justificando, pido me disculpen. Nunca ha sido mi intensión. Ahora, luego de la firma del Acuerdo de Paz, dispuestos a darlo todo por el cumplimiento e implementación integral de lo acordado, tenemos posibilidad de evaluar mucho de lo sucedido. No podemos ser menores a los retos que este escenario nos pone (...) De buena fe, reiteramos a las víctimas, a la jurisdicción y a la sociedad que crean nuestro testimonio. Somos conscientes, además, de la responsabilidad que implica no decir la verdad. Estamos acudiendo a cuanto tenemos a disposición para reconstruir los hechos y presentar la mayor cantidad de elementos”.
Los próximos en comparecer por estos casos son:
- Julián Gallo Cubillos: 29 de marzo de 2021
- Pastor Lisandro Alape: 15 de marzo de 2021
- Pablo Catatumbo Torres Victoria: 16 de marzo de 2021
- Alberto Martínez: 17 de marzo de 2021
- Jaime Alberto Parra: 18 de marzo de 2021
- Reinel Guzmán Flórez: 19 de marzo de 2021
Para la versión de la exsenadora Piedad Córdoba todavía no se ha fijado una fecha.