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Cuando se desplazaba por la avenida las Américas de Bogotá, a dos cuadras de su residencia, el recién posesionado senador Manuel Cepeda Vargas recibió varios disparos de parte de dos sicarios que se movilizaban en un Renault 9 color blanco. Fue el 9 de agosto de 1994, en medio de un charco de sangre sobre el que cayeron más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista de Colombia. Desde entonces, sus hijos, el hoy senador Iván Cepeda y su hermana María, persiguen la verdad y la justicia del caso de uno de los mayores dirigentes de la izquierda colombiana en la década de 1990.
El pasar del tiempo ha destapado a cuentagotas la verdad del homicidio. Sin embargo, aún no hay justicia frente a los autores intelectuales. Por eso, su familia y la abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Soraya Gutiérrez, pidieron este viernes a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que acoja el caso, que reconozca como víctimas a sus hijos y los escuche en un proceso para saber quiénes fueron los determinadores del crimen declarado de lesa humanidad.
Solo pasaron siete años del hecho para que la justicia empezara a encontrar pistas que aún no completan el rompecabezas. El 18 de enero de 2001 el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 43 años de prisión a Hernando Medina y Justo Gil Zúñiga, dos suboficiales retirados del Ejército quienes ejecutaron el crimen. En 2009, la Fiscalía sindicó a Edilson Jiménez, alias “El Ñato”, quien habría sido otro de los autores materiales. No obstante, el caso dio un giro en 2010 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que este caso fue un crimen de Estado, perpetrado como parte del genocidio cometido contra miles de integrantes del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica.
Por eso, el 9 de agosto de 2011, tras cumplirse 17 años de su desaparición, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en nombre del Estado colombiano, reconoció que el homicidio fue obra y gracia de agentes estatales que conspiraron con paramilitares para aniquilar a otro dirigente de izquierda en el país. Vargas Lleras, entonces en el Congreso de la República, pidió perdón ante sus familiares por el denominado “Plan Golpe de Gracia”, que denunció Cepeda Vargas un mes antes de su asesinato.
Por acciones individuales de algunos operadores de la justicia ordinaria, dice hoy su hijo, el senador Cepeda Castro, fue que conoció la declaración de alias “Don Berna”, tomada por la Fiscalía General de la Nación en una cárcel de Nueva York. Según el exjefe paramilitar, José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fungía como intermediario entre un círculo de poderosos políticos y mandos militares, y el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, y que ese círculo encomendó asesinar en la capital al senador Cepeda Vargas.
Ante estos hechos, el senador Iván Cepeda dice que busca que la JEP establezca quiénes fueron los máximos responsables de este asesinato como parte del proceso de esclarecimiento y la justicia en el marco del conflicto armado. “Esperamos que este proceso refuerce el caso 006 que ha abierto la JEP por el tema de genocidio contra la Unión Patriótica, pues existen muchos expedientes que permiten lograr el objetivo de entender quiénes determinaron todos estos crímenes”, señaló el senador del Polo Democrático.
Una de las solicitudes más importantes que hoy le hace la abogada Gutiérrez a la JEP, es que llame a declarar a Narváez y a los demás responsables vinculados con al “Plan Golpe de Gracia”, toda vez que existe evidencia suficiente de su participación a raíz de los informes entregados al tribunal de paz por parte de la Fiscalía General de la Nación y distintas organizaciones no gubernamentales.
Hay que recordar que el 3 de marzo de 2019, la JEP abrió el Caso 006, denominado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP), pues los magistrados de la Sala de Reconocimiento consideraron que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización, ya que fueron "víctimas de la violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica". Las victimizaciones, dijo la magistrada Catalina Díaz en ese momento, demuestran que se buscaba el exterminio del partido y sus miembros.
En uno de los informes que entregó la Fiscalía a finales de 2018 a ese tribunal, aparecen los 67 asesinatos de dirigentes y militantes que han sido declarados delitos de lesa humanidad. De acuerdo con el ente acusador, la declaratoria se debió a que todas las víctimas formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra este partido de izquierda. Además, funcionó como una estrategia para seguir investigando ataques que hoy siguen impunes y que hace unos años estuvieron a punto de prescribir.
Hoy, tras 25 años de la desaparición del dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas, su hijo se siente parte de la generación que busca construir la paz y la reconciliación de Colombia, como uno de los legados y designios de su padre. Hacia el medio día de este viernes, en el Cementerio Central de la capital de la República, se llevará a cabo un homenaje póstumo liderado por familiares y amigos.