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Tres oficiales investigados por la masacre de Barrancabermeja entraron a la JEP

Se trata del teniente coronel retirado de la Policía Joaquín Correa López y el mayor (r) Oswaldo Prada Escobar y capitán (r) Antonio Enrique Daza Camacho del Ejército. Estos son investigados por presuntamente omitir su deber de proteger a la población y permitir el asesinato de siete personas y la desaparición de 25 más.

Días después de perpetrada la masacre, en Barrancabermeja se hizo un entierro colectivo. / Archivo El Espectador.

Por haber permitido la masacre de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento a esta justicia del teniente coronel retirado de la Policía Joaquín Correa López, quien para entonces era el comandante operativo especial de la Policía del Magdalena Medio, y de los militares Oswaldo Prada Escobar y Antonio Enrique Daza Camargo, que en la época ostentaban los cargos de oficial de inspección adscrito al Batallón de Artillería Antiaérea N° 2 Nueva Granada y Comandante de la Base Militar de Pozo Siete, respectivamente.

La masacre de Barrancabermeja, en la que fueron asesinadas 11 personas y desaparecidas 35 más,  fue cometida por las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), comandadas por Guillermo Cristancho Acosta, conocido como Camilo Morantes. Los paramilitares ingresaron a la Comuna 7, cerca de la avenida Circunvalar y de la base militar, aseguran las víctimas y testigos. Cometieron los crímenes en menos de una hora y salieron de la ciudad. Según El Espectador de la época, eran dos camionetas Ford 350 carpadas las que llevaban a los "paras". 

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Según el expediente, si bien la ejecución material de las conductas punibles estuvo a cargo de las AUC, los exmiembros de la fuerza pública fueron acusados por haber omitido de manera concertada e intencional su deber de proteger a la población civil, "por lo cual se les atribuyó responsabilidad como coautores de los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo, y de desaparición forzada, en concurso heterogéneo, este último bajo la figura de acción por omisión", agregó la JEP.

En ese entonces, el coronel Correa fue suspendido por 30 días por la Procuraduría General de la Nación, y los otros dos militares fueron separados de su cargo por estos hechos. Este caso estaba apenas en etapa de juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. Ahora queda en manos de la JEP.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le solicitó a los tres exmiembros de la fuerza pública para que presentaran a la JEP "un compromiso concreto, claro y programado de régimen de condicionalidad, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles". En este deben expresar cómo harán su contribución a los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, de aportar a la verdad plena, la no repetición y a la reparación. "Su contribución debe ser seria, significativa y completa para los derechos de las víctimas y no abstracta ni etérea", señaló la Sala.

Los magistrados solicitaron que dentro de la propuesta estén incluidas la época y forma como obtuvieron el contacto con las AUC de Santander y Cesar, las actuaciones que realizaron conjuntamente, las circunstancias como obtuvieron la información previa de la incursión paramilitar en Barrancabermeja, los acuerdos efectuados con el grupo paramilitar, las actuaciones u omisiones que realizaron para contribuir a los hechos criminales y la ubicación de las víctimas que hoy continúan desaparecidas.

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En la misma decisión, la Sala le otorgó al coronel Correa el beneficio de la privación de la libertad en luna unidad militar. A los oficiales  Prada y Daza les mantuvieron la libertad que tenían por vecimiento de términos. Sin embargo, ahora está sujeta a sus aportes de verdad ante esta justicia. De no cumplir con los requerimientos podrían perderla.

Actualmente, dentro de este proceso la JEP ya ha acreditado como víctimas a tres personas.

En contexto:

Esta incursión marcó el inicio del poder paramilitar en el puerto petrolero, un lugar estratégico tanto económica como territorialmente. Ingresar a Barranca, según dijo Rodrigo Pérez Alzate en dos versiones libres de Justicia y Paz, significaba tener acceso a los dos flancos de la Serranía de San Lucas, es decir, hacia el río Cauca y a los valles del río Magdalena. Además, podrían entrar a los corredores que tenía el Eln para ingresar al Oriente Antioqueño y a la Serranía del Perijá. De esa manera, las Auc “aseguraban el control absoluto de los frentes guerrilleros que operaban en los departamentos de Antioquia, Cesar, Sucre, Bolívar y, principalmente, Santander”.

Además, las Autodefensas también infiltraron la contratación petrolera, tanto por colaboración como por intimidaciones, según una sentencia de 2015 de Justicia y Paz contra varios paramilitares del Frente Fidel Castaño de las Auc.

Esas, las sentencias contra paramilitares, son las únicas que han traído justicia en relación con la masacre. No hay a la fecha ninguna decisión judicial contra instituciones o funcionarios del Estado. Esto aunque las víctimas recuerdan haber visto hombres con chalecos negros marcados con las letras DAS. 

Tiempo después, Camilo Morantes, el comandante paramilitar de las Ausac, diría que fue una equivocación, que las víctimas no eran guerrilleros, pero que igualmente los asesinaron. Lo mismo dijo Rodrigo Pérez Alzate en su versión libre, que todas las víctimas eran inocentes.

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