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Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró este viernes 9 de abril que recibió una denuncia formal por acoso sexual en contra de Juan Ramón Martínez, magistrado de la Sección de Reconocimiento de este Tribunal de Paz.
Cifuentes contó que “dieron oportuno traslado de esa denuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para investigar internamente a los magistrados de la Jurisdicción”. Y recalcó la importancia de que en este tipo de casos se respeten las debidas garantías procesales.
Asimismo, el presidente de la JEP dejó claro que “como parte de la política de género del órgano de gobierno, en la JEP hay cero tolerancia frente a cualquier tipo de conducta de acoso en materia sexual”.
Martínez llegó a la Jurisdicción apenas fue creada, a través de un comité de escogencia. El abogado fue profesor de la Universidad del Rosario y Director del grupo del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de esta misma institución educativa. También fue conjuez de la Corte Constitucional de Colombia.
El pasado 8 de marzo, la JEP firmó la creación “de una política institucional de igualdad y no discriminación por razones de sexo, género, expresión de género, identidad de género y orientación sexual, que establece y prioriza un conjunto de acciones estratégicas para mejorar la respuesta institucional en esta materia y para avanzar, a través de su implementación, en la superación de las desigualdades, la discriminación y las violencias por razón de dichos factores”, según se lee en el Acuerdo AOG No. 06 de 2021.
Para avanzar en la incorporación del enfoque de género, señaló el documento, la JEP adoptó: Los lineamientos para la implementación del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz , el Protocolo de comunicación de la Unidad de Investigación y Acusaciones con víctimas de violencia sexual y un manual para la participación de las víctimas ante la JEP. Lo cierto es que aún no se conoce si el tribunal abrió formalmente una indagación interna del caso.
Asimismo, se conoció el pronunciamiento de la Corporación Sisma Mujer, que en comunicado público expresó que están acompañando a la mujer que denunció el acoso sexual por parte del magistrado Martínez y aseguró: “hemos tenido conocimiento de otras mujeres víctimas que estarían interesadas en dar a conocer sus casos. Acompañamos y acompañaremos el camino de estas mujeres, les creemos. Reconocemos lo difícil que es emprender el camino de denuncia, las admiramos en su fortaleza y hacemos un llamado a la sociedad a rodearlas”.
De igual forma, para esta corporación feminista que desde hace décadas brinda asesoría en casos de violencia sexual, violencia doméstica y asesinato de mujeres por el hecho de serlo (feminicidios), “es una obligación estatal prevenir, investigar y sancionar su perpetración, así como garantizar la reparación para las víctimas”. Esto debido que “los agresores sexuales cometen, en muchos casos contra una multiplicidad de víctimas, estos hechos porque perciben un mensaje de tolerancia social y estatal al comportamiento. Saben que además las posibilidades porcentuales de tener una condena son muy bajas por cuenta del escenario de impunidad de nuestra justicia y con mayor razón cuando son actores con poder porque tienen mayores posibilidades de violentar y callar a las víctimas. El acoso sexual, en tanto forma de violencia sexual, es una expresión de las relaciones desiguales de poder”.