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“Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera”. Esas fueron las palabras de respaldo del vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, durante la intervención que dio esta mañana en su paso por Colombia.
Stewart, de visita formal en el país, estaba invitado al foro: “Complementariedad: Papel de los tribunales nacionales y de la CPI en el enjuiciamiento de crímenes internacionales”, organizado por el Centro Internacional de Justicia Transicional (Ictj por sus siglas en inglés), y en su discurso señaló que confiaba en la independencia y capacidad de los magistrados de la JEP para interpretar las normas del Derecho Internacional Humanitario. "La creación de una sección, y de un procedimiento separado para las fuerzas militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente. Esto será visto de forma negativa por parte de la Fiscal de la CPI por razones que ya deben ser ampliamente conocidas", indicó.
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El vicefiscal Stewart, además, señaló que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ve con preocupación unos aspectos de las reglas de procedimiento de la JEP que fueron aprobadas por el Congreso. Se refiere a las disposiciones del artículo 11 de esa norma: "excluye los siguientes objetivos de las investigaciones relativas a conductas presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas: develar el plan criminal, establecer la estructura del procedimiento de la organización criminal, sus redes de apoyo, y las características del ataque y los patrones macro criminales".
Por otro lado, el vicefiscal reiteró que "serían concebibles" sentencias reducidas por conductas de competencia de la CPI siempre y cuando la persona condenada satisfaga condiciones que podrían justificar una sanción "incluyendo el no reconocimiento de la responsabilidad y la participación plena en mecanismos para establecer la verdad, entre otras".
Stewart ha venido tres veces al país este año y en su momento, ante la Corte Constitucional, el organismo internacional presentó una intervención, por invitación de ese alto tribunal, en el que hizo reparos a la reforma constitucional que creó a la JEP sobre asuntos como la responsabilidad de mando o las restricciones efectivas de la libertad.
La propuesta de 14 nuevos magistrados en la JEP
La intervención del vicefiscal se dio luego de que el Centro Democrático, el partido de Gobierno, logró un acuerdo político mayoritario en la Comisión Primera, la noche del miércoles, para modificar la JEP y con ello el juzgamiento de los miembros de Fuerza Pública y otros agentes estatales en esta justicia transicional.
De acuerdo con la proposición del proyecto que busca cambiar la Constitución (y al que le faltarían siete debates y una aprobación de la Corte Constitucional para ser realidad) se adicionarán 14 magistrados. Estos magistrados serán escogidos por un comité que no está excento de presiones políticas y que no hará la selección de estos magistrados a través de un proceso de postulación pública ni concurso de méritos, como sí lo hizo el comité seleccionador que escogió a los 51 magistrados que ya componen la JEP. Las entidades encargadas de la elección de los 14 son: el Consejo Superior de la Judicatura, un delegado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, y un delegado del Procurador General de la Nación.
Estos nuevos magistrados entrarían a las salas y secciones más sensibles para los agentes de Estado: La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad (la encargada de revisar los informes y determinar si hay mérito para abrir investigaciones) la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (encargada de conocer las solicitudes de sometimiento de terceros civiles, Fuerza Pública y otros agentes estatales) las secciones de revisión y apelación (que revisan condenas o decisiones proferidas en la justicia ordinaria) y de No Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas (donde llegan a afrontar un juicio quienes no reconocen ninguna responsabilidad), y la sección de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de definición de los hechos y conductas del Tribunal para la Paz (donde llegan las personas que aceptaron su responsabilidad en los hechos endilgados por la Sala de Reconocimiento).
En la misma proposición se señala que se adicionará un artículo nuevo al acto legislativo que le dio vida al acuerdo de paz, que determina que para los procesos ante la sección de no reconocimiento (es decir, quienes no han reconocido ninguna responsabilidad pero sí entraron a la JEP y gozaron de sus beneficios) la sola confesión de quienes se sometan o quienes puedan ser llamados a comparecer ante la JEP "no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra" y que para esto se requerirán "otras pruebas de información". Lo que podría poner mayores trabas para llegar a la verdad y la justicia de los hechos más graves del conflicto armado, ya que anula el estímulo de ofrecer verdad y reconocimiento de responsabilidades en esta justicia transicional que se cimenta en que mientras más intenso y temprano fuera el reconocimiento de responsabilidad y el ofrecimiento de verdad, más alternatividad habría en las sanciones y más función restaurativa tendrán estas.
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La Fiscalía de la CPI, vigilante
Desde hace un tiempo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) viene muy interesada en Colombia. Su acción solo puede ser posible si hay impunidad en graves crímenes, como ha sucedido con las ejecuciones extrajudiciales. Así lo dejó ver el último reporte de ese despacho, que conoció el Gobierno Nacional: 23 generales y seis coroneles activos y retirados están en su radar por haber comandado unidades militares implicadas en 1.228 ejecuciones extrajudiciales, hechos conocidos como falsos positivos.
En ese momento se conoció que la Fiscalía de la CPI los dividió en cinco casos, según las regiones donde ocurrieron y si la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz no hacen lo suficiente en términos de justicia, esos serían los procesos que podrían llevar a altos oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas ante este tribunal internacional.
En el listado de los altos oficiales que llamaron la atención de la Fiscalía de la CPI figuran los nombres del actual comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y de otros tres hombres que ocuparon ese mismo alto cargo: los generales (r) Mario Montoya Jaime Lasprilla y Óscar González. Aparecen también el primer general —y hasta ahora el único— que ha sido llamado a juicio por crímenes de esta naturaleza, Henry Torres Escalante; y militares que fueron retirados del servicio en 2008, recién estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, como los generales Luis Pico Hernández, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés.