Víctimas se niegan a ir a la JEP en el caso del general (r) Torres Escalante

Su posición obedece a que, si bien el oficial (r) pidió perdón por los falsos positivos que se cometieron cuando fue el comandante de la Brigada XVI del Ejército, él insiste en que nunca los ordenó.

El general (r) compareció ante la JEP por primera vez en julio del año pasado. Mauricio Alvarado - El Espectador

Hace dos semanas estaba prevista la realización de una diligencia judicial de versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de los falsos positivos que se atribuyen al general retirado Henry William Torres Escalante. Sin embargo, las víctimas se negaron a participar. Así se lo hicieron saber al tribunal transicional, argumentando que no están dispuestas a prestarse a burlas o revictimizaciones, pues el oficial (r) insiste en su inocencia.

(Lea también: La defensa de Torres Escalante ante la JEP)

Este episodio está asociado con la posición que ha asumido Torres Escalante frente a las acusaciones en su contra. El oficial retirado acudió a la JEP para pedir públicamente excusas y perdón a las víctimas, pero desde la perspectiva de no aceptar su responsabilidad frente a lo sucedido. En su momento, Torres Escalante aseguró que cuando fue comandante de la Brigada XVI le escondieron lo que estaba ocurriendo.

“Lamento no haber podido evitar esas muertes o detectarlas a tiempo”, reiteró Torres Escalante, quien recalcó que su no aceptación de responsabilidad se fundamenta en su rechazo a las afirmaciones formuladas por dos de sus subalternos ante la Fiscalía y la JEP. “Jamás podré admitir una responsabilidad porque estaría mintiendo. Jamás me puse de acuerdo con un subalterno para hacer pasar homicidios como muertes en combate”.

(Le puede interesar: Condenan al Estado por caso emblemático de falsos positivos)

El oficial (r) manifestó que si hay alguna responsabilidad de su parte, la asumirá con el honor y la dignidad que le corresponde como miembro de la reserva activa del Ejército; pero que, así le nieguen todos sus derechos como procesado, no piensa mentir para mejorar su situación personal. Hoy, el general (r) Henry Torres Escalante es uno de los pocos oficiales que permanece privado de la libertad por el sonado escándalo de los falsos positivos.

"Jamás podré admitir una responsabilidad de este tipo porque estaría mintiento. Nunca ordené la muerte de ciudadanos que no supusieran un peligro real, inmediato y efectivo para la ciudadanía pero también para la tropa, nunca ordené simular combates para justificar una baja causada infringiendo los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Jamás me puse de acuerdo con un subalterno para hacer pasar homicidios como muerten en combate. Como comandante, nunca prefería una baja sobre una captura o una desmovilización", escribió el exuniformado. 

En el documento que le entregó a la JEP, Torres Escalante agregó que no acepta ninguna responsabilidad en los hechos por los que es investigado pues, dice, "desconozco y rechazo de manera humilde pero honorable y enérgica las afirmaciones entregadas por dos subalternos míos en diferentes casos a la Fiscalía y a la JEP, quienes luego de años de privación de la libertad, se volvieron contra sus propias palabras y comenzaron a adjudicarme una participación estelar en varias muertes que ellos no debieron causar y que no debieron ocurrir.

Ante esta postura de Torres Escalante, las víctimas de los falsos positivos en la zona en donde fue comandante de la Brigada XVI decidieron negarse a asistir a las versiones voluntarias programadas para el caso. En una misiva conocida por este diario, las víctimas le hicieron saber a los magistrados de la JEP que no piensan presentarse para constatar cómo Torres Escalante quiere aparecer como víctima del sistema judicial, de la política y de sus subalternos.

“Encontramos con gran tristeza que nos miente, que les miente a otras víctimas, a su institución, a la JEP y al Estado colombiano”, precisó un familiar de las víctimas, a cuyo juicio, la postura de Torres Escalante les está otorgando un papel residual en su petición de perdón, “a nuestros ojos soberbia, pues únicamente persigue beneficios a su causa personal, sin dejar de lado el hecho de que por el mero ingreso a la JEP se le otorguen beneficios”.

(Lea también: Entregan informe a la JEP que enredaría al general Torres por falsos positivos)

En la misiva, las víctimas insisten en que se trata de un insulto a la memoria de sus familiares y de otros ciudadanos que Torres Escalante diga que “nunca ordenó la muerte de ciudadanos que no supusieran un peligro real e inmediato para la ciudadanía, pero también para la tropa”. Según las víctimas, a pesar de sus apariciones en los medios de comunicación, las palabras de Torres Escalante son engañosas y por eso no están dispuestas a participar en las diligencias de este caso.

Concluyen que la posición del general (r) Henry Torres Escalante se resume en expresiones que ofenden la dignidad de las víctimas, al no asumir un comportamiento acorde con la gravedad de los hechos, incurriendo en justificaciones aun más graves, con franco desconocimiento del derecho internacional humanitario, concretamente del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en los tiempos de guerra.

(Lea también: “Quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado": General (r) Torres Escalante)

¿Por qué está siendo investigado?

El militar es investigado por su supuesta participación en dos asesinatos de civiles que no hacían parte del conflicto armado y fueron presentados como “bajas en combate” por el Ejército el 16 de marzo de 2007 en Aguazul, Casanare, zona en donde operaba la Brigada de Torres Escalante. Las víctimas eran Daniel y Roque Julio Torres, padre e hijo, quienes fueron presentados como guerrilleros del Eln.

De acuerdo con la Fiscalía, el subteniente Marco Fabián García Céspedes, subalterno del general (r) Torres Escalante y quien dirigió la operación, puso armas en las manos de las dos víctimas y las hizo disparar, al tiempo que ordenó accionar una ametralladora M-60 y un lanzagranadas MGL para simular un combate. Luego de enterarse de la operación realizada por sus hombres, Torres exaltó públicamente a los integrantes del Batallón de Contraguerrilla 65 por su logro.

(Lea también: “Montoya fue lo peor que le pasó al Ejército": exjefe del Gaula Casanare)

Según el oficial retirado, nunca supo que García Céspedes reunió después a los militares que participaron en el operativo para concertar la versión que debían dar a la pesquisa de la Justicia Penal Militar. Y tampoco lo que había hecho para alterar la escena del crimen. En 2012, el teniente García Céspedes fue condenado por la doble ejecución extrajudicial. Luego el uniformado le dijo a la Fiscalía que la operación que lo puso tras las rejas se basó en un anexo de inteligencia con información del enemigo y que tenía el soporte y la firma de sus comandantes.

Sin embargo, en 2015, el teniente García Céspedes le dijo a la Fiscalía que nadie le había dado órdenes de cometer el doble homicidio y que todo había sucedido por iniciativa suya. Sobre el general (r) Henry Torres Escalante, dijo que él no sabía que eran acciones individuales y que, en cambio, él las había acomodado para que parecieran un combate. La defensa del alto uniformado no se explica por qué la Fiscalía no tuvo en cuenta la retractación de Céspedes.

(Lea también: "Que devuelvan lo que les dieron por asesinar a nuestros hijos": Madres de Soacha)

En marzo de 2016, cuando la Fiscalía ordenó la detención del general (r) por la muerte de los dos miembros de la familia Torres, este integraba la comandancia de las Fuerzas Militares. En esos nueve años que pasaron desde la ejecución extrajudicial de los campesinos, Henry Torres Escalante comandó la Novena Brigada en Neiva (Huila), la Quinta División para el centro del país y la comandancia conjunta del suroccidente colombiano.

En julio de 2017, el exoficial firmó el acta de compromiso de someterse a la JEP. Un año después, ante esa justicia especial acudió a una primera audiencia en la que anunció su compromiso de contribuir a la verdad. Aun así, en diciembre de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó su libertad porque no había estado detenido al menos cinco años.

En ese momento, también la Sección de Apelación le informó que los miembros de la Fuerza Pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad “tempranos, extraordinarios y exhaustivos”. Pero hasta ahora no ha salido ni una palabra nueva de parte de Torres Escalante, quien está recluido en una unidad militar cumpliendo una medida de aseguramiento, ordenada en su proceso en la justicia ordinaria por los casos de ejecuciones extrajudiciales.

890575

2019-11-11T21:00:00-05:00

article

2019-11-12T16:07:06-05:00

[email protected]

colombia2020

Redacción Judicial

JEP

Víctimas se niegan a ir a la JEP en el caso del general (r) Torres Escalante

77

11579

11656