:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/F_icmdCWxYdDtEhw9wl81tvA6tc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZRXRXNJMCJBQPKOJ2WKNIN7RQE.jpg)
Cuando el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) se montó al barco de la solicitud de medidas cautelares de 16 lugares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no sabía bien qué rumbo iba a tomar su propuesta. Para entonces, agosto de 2018, contaban con una interpretación de la norma y la certeza de que en esos espacios habría decenas de personas dadas por desaparecidas, según sus investigaciones.
“Según la ley, se pueden decretar medidas cautelares frente a personas, víctimas, procesos, pero no hablaba de sitios. Pero lo hicimos porque creíamos que esta es una manera de que garanticen los derechos de las víctimas que quieren encontrar a sus familiares desaparecidos”, cuenta Adriana Arboleda Betancur, directora de la Corporación Jurídica Libertad que acompaña los procesos jurídicos del Movice.
No es la primera vez que el Movice se embarca en hechos que en su momento se vieron como imposibles. Esta plataforma —donde confluyen más de 200 organizaciones de derechos humanos y de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados— ha mostrado al país los peores horrores de la guerra. También ha dado la lucha para que el Estado, como responsable de crímenes cometidos durante el conflicto, resarza su daño y garantice los derechos de las víctimas. Fue así como se convirtió en uno de los mayores impulsores de la Ley de Víctimas y creó el banco de datos de las víctimas de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad.
(Puede interesarle: Con medidas cautelares piden proteger 16 zonas del país en donde podría haber desparecidos)
El Movice, sin miedo, navegó en medio de leyes y lo logró: la JEP atendió esta solicitud, ratificó su competencia para decretar estas medidas y empezó a estudiar cada caso para tomar la decisión de proteger esos sitios. Según Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, no tenía sentido cerrarle la puerta a esa petición que le ayudaba a la magistratura a comprender el escenario de las fosas comunes en el país y los fenómenos regionales.
Apenas se aceptó la iniciativa del Movice, los magistrados la Sección de Ausencia de Reconocimiento de esta justicia, encargada de adelantar la petición, arrancó con la primera fase: la recolección de datos. Solicitaron información de las organizaciones y entidades locales y nacionales sobre las condiciones en las que están actualmente dichos lugares, dentro de los cuales están los municipios afectados por la construcción del megaproyecto Hidroituango y la Comuna 13 de Medellín, en Antioquia; el resguardo indígena de San Lorenzo (Riosucio), en Caldas, y los cementerios de Aguachica (Cesar), Cimitarra (Santander), Dabeiba (Antioquia) y San Onofre (Sucre), entre otros.
Para Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, que las organizaciones activen el sistema les da una oportunidad para actuar: “Para la magistratura es más fácil responder cuando hay peticiones claras, expresas y manifiestas. Eso nos permite concentrarnos en las respuestas que necesitan las víctimas. A partir de los 17 sitios hemos creado contextos, definido estructuras armadas en municipios y armado bases de datos”.No ha sido un proceso fácil. En Colombia no hay buenas prácticas de sistematización de datos y menos sobre conflicto armado. Las instituciones tampoco son diligentes a la hora de entregar la información. No en vano, en este camino que han emprendido el Movice y la JEP ya se han abierto incidentes de desacato en contra de funcionarios. Sin embargo, ni las organizaciones ni las víctimas se rinden y juiciosamente han ido a los municipios para registrar las denuncias.
(Lea también: Entienda por qué la JEP empezó a desenterrar cuerpos en Dabeiba)
Con esa información, y con ansias de obtener más respuestas para aclarar el fenómeno de la desaparición forzada, se dio paso a la segunda etapa: las audiencias. Estos espacios han sido cruciales porque, a diferencia de la justicia ordinaria, se han construido entre los magistrados y el Movice. Aunque el objetivo fundamental era comprender, a partir de los responsables, que pasó con los desaparecidos; las organizaciones y víctimas también asumieron este escenario como parte de su reparación, donde por fin empiezan a recibir respuestas, tras décadas de silencio.
Ya se han realizado tres audiencias sobre la Comuna 13 de Medellín e Hidroituango, en Antioquia, y San Onofre, en Sucre. En todas tomaron relevancia las representaciones, los bailes, los cantos y las historias. En la Comuna 13, por ejemplo, las madres llevaron las fotos de sus hijos y una maqueta de la escombrera donde explicaban dónde podrían estar sus cuerpos. En Hidroituango, los pescadores y barequeros, a través de una obra de teatro, les explicaron a los togados cómo su fuente de vida, el río Cauca, había sido desviado y cómo se quedaron sin sustento por esa decisión. En San Onofre, las víctimas visitaron dos sitios donde podrían estar sus familiares y les entregaron a los magistrados dos cofres vacíos que representaban a los desaparecidos de su departamento. En cada diligencia ha predominado el poder de lo simbólico.
Adriana Arboleda cuenta que solo para la Comuna 13 tardaron cuatro meses en la organización: “En ese proceso, la JEP ha entendido que es importante para nosotros y las víctimas a comprender qué es la JEP y cuál es el papel que cumple en la garantía de sus derechos. Estamos cumpliendo el mandato de que las víctimas están en el centro y podemos tener una participación efectiva y no marginal. Y lo más importante: estamos construyendo una ruta conjunta”.
Lo cierto es que con este trabajo se han humanizado las diligencias judiciales y, como asegura el magistrado Gustavo Salazar, se ha conseguido un equilibrio entre la cercanía empática, que los obliga a ponerse en los zapatos del otro, y la distancia crítica, que les permite tomar decisiones de ley.
Por otro lado, se ha logrado superar la barrera de la baja participación de las víctimas en las audiencias. Desde un comienzo, los voceros de las organizaciones le explicaron a la JEP que estas poblaciones no tenían dinero para asistir a los encuentros. La Jurisdicción asumió, entonces, sus gastos de hospedaje, movilización y alimentación, con el argumento de que si no se hacía se seguían vulnerando sus derechos.
Sin la participación de las víctimas, las audiencias no habrían tenido sentido. Sus declaraciones han evidenciado la negligencia, el descuido, la falta de voluntad y la impunidad total en los casos de desaparición forzada. Para Arboleda, “la JEP, en poco tiempo, ha logrado hacer lo que la Fiscalía, Medicina Legal y el Ministerio del Interior en veinte o treinta años no han hecho. Si se asume con respeto y se les escucha a las víctimas, si se dispone el aparato de justicia transicional, se puede avanzar”.
Ante las deficientes respuestas de las entidades, la JEP ha tomado decisiones inmediatas. Le ordenó a la Alcaldía de Medellín entregar un informe reservado sobre desaparecidos en la Comuna 13. También decretó protección sobre 300 cuerpos custodiados por la Universidad de Antioquia, que fueron exhumados irregularmente de los cementerios de los municipios afectados por Hidroituango, sin verificarse que pudieran ser personas desaparecidas. Y en el caso de San Onofre, le pidió a la Fiscalía investigar a la Alcaldía por no cumplir con sus funciones en la protección de los cementerios.
(En contexto: En busca de los 45 falsos positivos en el cementerio de Dabeiba (Antioquia))
Y mientras se cumplen estas determinaciones, el Movice continúa trabajando. Hace seis meses, pidió ampliar esta solicitud de medidas cautelares para el Cementerio Católico Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia), que ya fue aprobada. También solicitó la protección de 16 cementerios y tres fincas en Sucre en las que podría haber 229 cuerpos que corresponden a personas dadas por desaparecidas.
De hecho, la última decisión trascendental que tomó la Sección de Ausencia de Reconocimiento en este caso fue ir hasta el cementerio de Dabeiba para buscar a 45 personas después de que un grupo de militares asegurara que enterraron a la mayoría de las víctimas civiles presentadas como bajas en combate de la Brigada XI, entre 2005 y 2007. Fue la primera vez que la JEP pasó de escuchar las versiones de los comparecientes, a la etapa de la contrastación. Aunque esto hace parte del caso 003, sobre los mal llamados “falsos positivos”, también se cruza con las medidas cautelares.
Las medidas cautelares también han obligado a activar otras entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). A pesar de tener carácter extrajudicial, la UBPD ha hecho parte de una mesa técnica, creada para asesorar a la JEP en procesos de recolección de pruebas y apoyar en la búsqueda.
“La información que ellos [los magistrados] recolecten nos la deben entregar para que nosotros desarrollemos la tarea de búsqueda. Ellos exhuman cuerpos, como el caso de Dabeiba, pero ahí no se agota el proceso. Esa ruta que empezaron es fundamental para que nosotros planifiquemos. Es un punto de inicio concreto que ayuda e ilumina nuestros planes regionales para relacionar estos hallazgos con estos reportes de desaparecidos, agrega Luz Marina Monzón, directora de la entidad.
El camino es largo, pero la esperanza de seguir trabajando juntos ha hecho que las víctimas vuelvan a creer en la justicia colombiana, reconocida por sus altas cifras de impunidad. Arboleda manifiesta que, a pesar de que falta la decisión definitiva de proteger los sitios, se llevan ya un gran aprendizaje: “No se trata solo se esclarecer la verdad, sino que en la medida en que vayamos avanzando les apostemos a las medidas restaurativas y al reconocimiento de responsabilidades. Solo así lograremos que los hechos violentos no se repitan y empezaremos a hablar de paz. La desgracia que tiene este país es hacer este proceso transicional en medio de la guerra”.