La crítica de Kai Ambos a los ajustes que propone el uribismo a la justicia transicional

El magistrado del Tribunal de Kosovo y referente académico en derecho internacional se refirió a las iniciativas de Centro Democrático, por un lado, para limitar el acceso de información a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y, por el otro, para que el congreso legisle sobre un tratamiento "especial y diferenciado" a los miembros de la Fuerza Pública. 

El profesor alemán Kai Ambos es referente mundial en derecho penal internacional. /Cristian Garavito

Kai Ambos, profesor de la Universidad Georg-August de Göttingen y referente académico en justicia transicional, participa por estos días en el evento “La construcción de paz en Colombia: balance y perspectivas”, que se realiza hasta este miércoles en la Universidad Externado, y del cual es uno de los ponentes. El experto es amicus curiae de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, “amigo de la Corte” que emitirá conceptos para ayudar a los magistrados en la toma de decisiones. 

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Durante su intervención de este martes, denominada La JEP: problemas y desafíos, Kai Ambos volvió a pronunciarse sobre los proyectos del Centro Democrático que buscan hacerle ajustes a la justicia transicional. La primera crítica estuvo enfilada contra la iniciativa de limitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que puedan solicitarles a instituciones del Estado cualquier tipo de documentos, expedientes reservados o de cualquier índole que les permitan cumplir con su misión.

Aseguró que hace poco tiempo tuvo una acalorada discusión “hasta agresiva” por cuenta de algunos colegas colombianos que viven en Inglaterra por el artículo publicado en Colombia2020 de El Espectador, titulado El ataque a la verdad y la memoria (histórica), en el que criticó el proyecto del uribismo para incluir un artículo en la Constitución que busca impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas puedan solicitarles a instituciones del Estado cualquier tipo de documentos, expedientes reservados o de cualquier índole que les permitan cumplir con su misión.

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“Es un proyecto que limita el acceso a la verdad. Limita el acceso de la Comisión de la Verdad y de todos los órganos del sistema (de justicia transicional) a la verdad, en un proceso en el que la verdad es central. Es un antiproyecto. Es un proyecto es una perversión frente a lo que llamamos justicia transicional”, precisó.

Aprovechó el espacio, además, para responder a las críticas sobre la figura de amicus curiae. “Ha habido una crítica sobre los amicus, que no hacemos nada. Quiero decir algo sobre ese tema. La ventaja de no hacer nada es que podemos decir todo. Estoy acá como académico y no me siento limitado o inhabilitado, porque nosotros no jugamos un papel”.

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Respondió también a una crítica según la cual el experto alemán supuestamente recibió dinero como amicus curiae de la JEP. “Yo puedo decir todo, porque no recibo un peso de la JEP, nunca he recibido un peso de la JEP. La JEP ni siquiera tiene presupuesto para nosotros. Es la verdad. La JEP no paga nada para los amicus. Si una vez hacemos algo si nos llaman, se supone que hacemos todo gratis (…) ”, añadió.

Kai Ambos también fue enfático en que el gobierno de Juan Manuel Santos tampoco le pagó por su asesoría. “Mucho menos he recibido del gobierno anterior. Nunca he sido contratado por el gobierno. Quiero mencionar eso para mostrar el clima de polarización sobre ese tema”.

Acto seguido, se refirió al tratamiento diferenciado de los miembros de fuerza pública.

“En mi opinión, el DIH no exige un tratamiento diferenciado. Por el contrario, exige uno igualitario (…) El tratamiento diferenciado que se da en la JEP y en el Acuerdo ya es un beneficio para la Fuerza Pública”.

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En ese sentido, Ambos se refirió al artículo 75 de las reglas de procedimiento que se introdujo durante su debate en el Congreso y que le da al Gobierno y al Congreso 18 meses para presentar un procedimiento “especial y diferenciado” para los miembros de la Fuerza Pública. “Los militares solo voluntariamente se pueden someter a la JEP con ese artículo, que está en examen de la Corte Constitucional. Si no lo quieren, no sabemos qué van a hacer porque en 18 meses se debe aplicar otra cosa, tal vez justicia militar, algo que es imposible pensar hoy (…) Eso lo que yo llamo un ‘tratamiento diferenciado agravado’. Es una cosa gravísima”.

Por otra parte, criticó el acceso de la ciudadanía a la JEP. “Para mí hay una contradicción permanente. Todos sabemos y siempre hablamos que la paz es en el territorio y que el problema no está precisamente en Bogotá, sino en los territorios. La JEP, con el edificio monstruoso que tiene, está en Bogotá. Eso es un problema del diseño de la JEP. En ese sentido, Justicia y Paz fue mejor porque tuvimos algo de la justicia ordinaria y fue parte de los tribunales superiores; hubo audiencias en Barranquilla y en Medellín.  El problema de acceso en la JEP ha sido mucho más grave que en Justicia y Paz. Eso se podría solucionar más adelante”. 

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