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Cecilia Torres se sienta todos los días en una oficina en el centro de Cúcuta a ordenar montañas de expedientes. Los homicidios están en un archivador de madera, los de desplazamiento forzado y deportaciones de Venezuela descansan sobre repisas de metal, los de despojo de tierras, en cajas de cartón. Los documentos de desaparición forzada están encima de sillas Rimax, en escritorios y apilados sobre el suelo.
En total suman más de 3.000 expedientes, y sólo los de desaparición forzada son 500. Pero si estos últimos son casos muy difíciles de investigar y probar, los que hay en esta frontera revisten una mayor complejidad porque no se sabe en qué país se perdió el rastro de ese ser querido y dónde se puede investigar y buscar, aunque sean sus restos. (Le puede interesar: "Último impulso a la dejación de armas")
Cecilia afirma con orgullo que ella es la única persona que sabe dónde está cada uno de los papeles que conforman el nutrido archivo que la fundación Progresar ha recolectado desde 1991. “Antes de meter en el sistema la información me los leo y me los aprendo de memoria”, dice mientras se siente frente a su computador.
En una silla está uno de los expedientes más gruesos y el que mejor se sabe: el de su hijo, Sergio Ómar Abril, desaparecido el 9 de abril de 2010 en el barrio El Trigal, a cinco cuadras de Venezuela. Tenía 26 años, trabajaba como mototaxista y cruzaba la frontera decenas de veces al día. Por eso no se sabe en qué país lo desaparecieron. Así está expuesto en el expediente de la Fiscalía 24 de San Antonio, Venezuela; en el de la Fiscalía Séptima de Cúcuta; en el archivo de Progresar; en la camiseta que su mamá lleva puesta, y en la valla que cuelga detrás de su escritorio.
Carmen levanta el expediente de Sergio. Cada foto, recorte de periódico y documento que está ahí le ha costado horas de caminatas por el puente Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, incontables esperas en oficinas, peligrosas averiguaciones con delincuentes, derechos de petición y tutelas. “A las víctimas nos toca convertirnos en investigadores para hacer valer nuestros derechos”, dice. La historia de Carmen y Sergio se repite en decenas de familias de Norte de Santander. Medicina Legal tiene registros de 651 desaparecidos en el departamento entre 2014 y abril de 2017, pero los expertos saben que el subregistro es muy grande.
Según una investigación desarrollada por la fundación Progresar, entre 2000 y 2009, en Norte de Santander fueron denunciados 947 casos de desaparición. Cúcuta y los municipios de Villa del Rosario, Ocaña y Tibú son los lugares más críticos.
La mayoría de estos casos fueron denunciados después del 10 de diciembre de 2004, luego de la desmovilización del bloque Catatumbo de las Auc. Pero el conteo de víctimas no se detuvo allí. (Puede leer: "Este año van tantos desplazamientos como en 2016": Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia")
Wilfredo Cañizares, director de la fundación, afirma que en Cúcuta hay un clima propicio para que se cometa el delito de la desaparición forzada, porque es una zona clave para el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas. “Aquí se paga por desaparecer. Algunos son señalados de ser auxiliadores de las guerrillas, otros son acusados de no pagar cuotas o cumplir pactos con grupos armados”, dice. Esto sucede en un lugar donde el 75 % de la población vive de la informalidad que los expone a tratar con delincuentes y, por lo tanto, a todo tipo de crímenes. Pero, además, hay familias que tienen indicios de que agentes del Estado estuvieron involucrados en las desapariciones de sus seres queridos.
Este es el caso de la familia Lobo Rodríguez, que perdió tres hijos en el conflicto armado. Uno de ellos, Antonio Lobo Rodríguez, fue visto por última vez subiéndose al carro verde en el que, se supone, siempre lo recogía la Sijín cuando le pedía información sobre grupos paramilitares. “Desde que se lo llevaron nosotros tenemos la esperanza de que vuelva. Esperamos que entre por esa puerta diciendo ‘mamá, la bendición’ ”, dice Diana Rocío Lobo, hermana menor de Antonio. Ella explica que cuando empezaron a buscarlo recibieron amenazas escritas y telefónicas.
La búsqueda también es obstaculizada por la descoordinación entre autoridades venezolanas y colombianas. En el país vecino, por ejemplo, el crimen de la desaparición forzada no está tipificado en el Código Penal. Esto hace que las fiscalías de ese país no tengan herramientas judiciales ni información concreta cuando los familiares van de hospital en hospital, de fiscalía en fiscalía mostrando la foto de un familiar desaparecido. Mucho menos cuando encuentran cuerpos a lo largo de la frontera. La mayoría son simplemente llevados a fosas comunes en los cementerios de municipios como Boca de Grita, Orope, La Fría, Ureña y San Antonio del Táchira.
Eso sin contar con que los fiscales colombianos no dan abasto. La fiscalía de Tibú, por ejemplo, tiene un solo investigador y más de 400 denuncias de desaparición para un municipio con 200 veredas y presencia de paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas, Epl, Eln y cerca de 300 guerrilleros de las Farc que están dejando sus armas. El fiscal de Cúcuta, a su vez, tiene dos investigadores y 900 denuncias de desaparición forzada. (Lea: "El desarme del bloque más guerrero de las Farc")
Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, explica que es necesario mejorar los bancos de perfiles genéticos y reconstruir la historia de las personas desaparecidas. Para eso se necesitan unificar los criterios para lograr el cruce de información entre institutos de Colombia, Venezuela, y otros países.
Valdés cree que el Sistema Integral de Justicia Transicional, que incluye la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se acordó en el pacto de paz de La Habana, puede ser clave para recolectar información contundente sobre el fenómeno de desaparición forzada en el conflicto armado.
“La gran característica de la Unidad de Búsqueda es que la investigación es humanitaria, no judicial. Las personas podrán acercarse a decir dónde está la persona sin miedo a ser perseguida”, dice Valdés.
Cecilia guarda también su esperanza en esta Unidad. Cree que cuando esté creada la fundación podrá entregarle toda la información que tiene y, quizá, los procesos avancen. “Nosotros necesitamos que nos los entreguen, si es posible vivos. En caso contrario, pues al menos sus restos para darles cristiana sepultura”, concluye.