Las consecuencias territoriales del recorte al sistema de justicia transicional

Patricia Linares, presidenta de la JEP; Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; y Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. / Gustavo Torrijos - El Espectador.

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Integrantes de las tres entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han anunciado que el presupuesto de cada una ha sido recortado. El comisionado de la Verdad Alfredo Molano confirmó un 40% menos de asignación presupuestal para la Comisión; el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP dijo que ya no serán 18 sino 10 las oficinas territoriales de esta entidad; y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, después de varios meses sin dinero para la entidad, anunció que aprobaron un rubro para su funcionamiento en 2019.

Después de comprobar el presupuesto solicitado al Ministerio de Hacienda con el aprobado finalmente, el resultado es que dos entidades del sistema sufrieron un recorte presupuestal que afecta su gravemente funcionamiento. 

Estas entidades, creadas con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, tienen mandatos distintos. La JEP debe juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos en la guerra; La Comisión debe escuchar a las víctimas y buscar la verdad de lo sucedido en más de 50 años de conflicto; y la Unidad debe buscar a los más de 80.000 desaparecidos que dejó la confrontación armada. Para cada una de estas labores se necesita despliegue territorial, pues las víctimas y las verdades están en las regiones.

Estos recortes muestran sus consecuencias más duras precisamente en los territorios a los que no podrán llegar. Así es el panorama del sistema de justicia transicional para el 2019.

Jurisdicción Especial para la Paz

Esta justicia está integrada por tres salas, el Tribunal para la Paz y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), un organismo autónomo dentro de la JEP. Inicialmente se preveía que para que esta entidad se desplegara en territorio debía hacer presencia en 10 municipios, pero ahora serán solo cinco.

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En total, la JEP necesitaría $80.000 millones más para funcionar.La UIA, que es, como dice su nombre, quien va a investigar y acusar a los presuntos responsables, también planeaba un despliegue en 18 sedes, pero, según explicó su director Giovanni Álvarez, solo se autorizaron 10, conservando los criterios que establecieron: concentrarse donde el conflicto fue muy fuerte, donde haya mucha aglomeración de víctimas y atendiendo las vías de comunicaciones y los diferentes apoyos que necesiten. En entrevista con este medio, Álvarez dijo que están haciendo alianzas con los gobiernos locales para que les faciliten los espacios físicos para atender a las víctimas.

Comisión de la Verdad

Este es el primer año de los tres que tiene la Comisión para recopilar testimonios, investigar, contrastar, propiciar actos de convivencia y emitir su informe final. Esta primera fase se trata precisamente de acercarse a las víctimas y escucharlas. Por esta razón dividieron el territorio en nueve macrorregiones, en las que habrá 26 Casas de la Verdad, es decir, sedes de la Comisión.

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El secretario general de esta entidad, Mauricio Katz García, explicó que para lograr ese despliegue y, en general, el funcionamiento de la entidad, la idea era tener una planta de personas de 455 personas, que fue autorizada en 2018 y que, para entonces, costaba $53.000 millones de pesos. En diciembre se contrataron 140, sin embargo, el presupuesto total aprobado para este 2019 fue solo del 60% de lo que habían pedido, más una consideración adicional del Ministerio de Hacienda.

Este año solo tienen recursos para contratar a 212 funcionarios.Katz explica que “esto tiene un impacto este año en varias condiciones. Por un lado, significa un freno al despliegue territorial de la Comisión, como es el mandato constitucional. Es decir, el propósito de ir a 26 territorios nos ha significado que este año solamente podamos ir aproximadamente a 17, donde tenemos que contratar a unas personas determinadas”.

En cada uno de estos puntos planeaban tener entre ocho y 13 personas. “En la práctica, hoy solo podemos disponer de entre tres y máximo siete personas por oficina territorial. Esto significa que las escuchas a las víctimas, la recolección de testimonios, la posibilidad de hacer encuentros de reconocimiento o poner en marcha acciones de convivencia de acuerdo a nuestro mandato, se ven reducidas”, dice Katz.

Esto, no obstante, no significa que la Comisión no vaya a cumplir su mandato. Para poder llegar a los territorios y a los testimonios se van a apoyar en las organizaciones sociales y de víctimas, en las municipalidades e incluso en las universidades, pues tienen un compendio de saberes necesarios para esclarecer la verdad. De hecho, ya han firmado al menos siete convenios con estas instituciones.

El déficit es de $53.544 millones, pero para cubrir bienes y servicios es alrededor de $8.400 millones. Katz indica que están gestionando que se les permita disponer de $7.000 millones, de los 81.000, que están condicionados a un visto bueno previo de Hacienda.

Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

El recorte más grande fue para esta entidad, a quien solo le entregaron el 32% del presupuesto solicitado. En total, son $33.332 millones, $25.662 millones para personal y $6.416 para gastos generales. La repercusión más grande se da en la contratación de personal. El decreto que establece las contrataciones indica que se harán de forma gradual. Es decir, 30% en el 2018 (156 cargos); 50% en el año 2019 (261 cargos); 20% en el año 2020 (105 cargos), hasta completar la planta total de 522 cargos. Con la plata entregada este año solo se alcanza a contratar a 58 de los 261 servidores necesarios para este año.

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La Unidad necesita $12.416 millones adicionalesEs decir, son 203 cargos los que están pendientes de financiación, y de estos, 103 estaba previstos para trabajar en territorio. Así, comenzarán su despliegue en 17 territorios, 10 hasta mayo y siete más en agosto.

Para lograr el despliegue territorial de la búsqueda de desaparecidos, que es mucho más que buscar fosas comunes, y el funcionamiento de la entidad, en total se requieren $12.416 millones adicionales: $9.933 millones para cubrir las plazas estipuladas en el decreto y $2.483 millones para gastos generales.