Las cuentas pendientes de los civiles por la guerra

La Fiscalía calcula que Justicia y Paz ha costado más de $100.000 millones. / Archivo El Espectador

En desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, creada en 2005 como modelo transicional para el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y los grupos de autodefensas, se abrieron múltiples investigaciones orientadas a evaluar la presunta participación de empresarios y civiles en el fortalecimiento de este actor armado. La mayoría de esas pesquisas están consignadas en compulsas de copias a la Fiscalía para abrir procesos formales. Un tema que ha vuelto a aparecer en medio de la polémica por la reciente sentencia de la Corte Constitucional respecto a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

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Como se sabe, el alto tribunal dispuso que los agentes del Estado que no han pertenecido a la Fuerza Pública y los civiles, lo cual incluye a empresarios que posiblemente apoyaron la guerra, si bien pueden ser requeridos judicialmente, no tienen la obligación de acudir a la JEP. Esa decisión desató una controversia centrada en la disyuntiva de establecer si los empresarios incursos en el respaldo o patrocinio de grupos armados quedaron con una especie de inmunidad para ser investigados o si la Corte los blindó de deliberadas acciones de persecución judicial.

En ese contexto cobran vigencia las sentencias que ha emitido la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en las que se compilan las investigaciones contra exparamilitares en este modelo de justicia transicional en las cuales salieron a relucir empresarios y civiles. En total, esos fallos se refieren a las presuntas conductas en las que habrían incurrido 57 empresas, dejando claro que sería preciso dilucidar si su colaboración fue voluntaria o si fueron aportes económicos producto de la extorsión.

En las sentencias se mencionan las investigaciones contra miembros de los bloques Bananero y Norte, que es la cara más conocida de la llamada “paraeconomía”. En términos generales, las declaraciones de los procesados apuntan a que a través de la Convivir Papagayo se canalizaron recursos aportados por la multinacional bananera Chiquita Brands, su filial Banadex y las comercializadoras Sunisa S.A., Conserva S.A., Uniban, Tropical S.A., Proban, Banafrut, Bagatella S.A. y Agrícola Río Verde. La evidencia son consignaciones de dinero hechas por esas empresas en las cuentas de la citada Convivir.

Las confesiones de paramilitares sometidos a Justicia y Paz señalan que, entre 1997 y 2007, la Convivir recibió el pago de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado. De esta manera, los bloques del paramilitarismo beneficiados tenían incentivos para lograr que los cultivadores de la fruta no detuvieran su actividad. Mientras más cajas de banano se exportaran, más dinero recibía la Convivir. Eso explica también por qué la violencia paramilitar en Urabá se dirigió principalmente hacia los obreros de Sintrainagro o líderes sindicales en las bananeras.

En el mismo ámbito de la producción bananera quedó el nombre de Carlos Lacouture Dangond, propietario de dos fincas dedicadas a la explotación de la fruta. Como quiera que unos 50 trabajadores de estas haciendas se afiliaron a Sintrainagro, él personalmente los amenazó. En sus propias palabras, a sus oficinas llegaron unas personas de las autodefensas y le solicitaron la lista de los afiliados al sindicato y sus directivos, pues era de conocimiento público que a los paramilitares no les gustaban los sindicatos y por eso las amenazas y acciones de violencia en su contra.

En este mismo capítulo del bloque Norte se reseña al empresario y exdiputado Jorge Gnecco Cerchar (asesinado en 2001), de quien quedó escrito en decisiones judiciales que organizó un grupo de vigilancia privada para evitar que la guerrilla atentara contra los camiones que transportaban el carbón. Además era amigo personal de Vicente Castaño, quien incluso lo ayudó a resolver un problema personal con el narcotraficante Julio César Zúñiga. El nombre de Gnecco Cerchar apareció asociado a otras acciones de violencia en el Magdalena.

Empresarios que el Tribunal pidió investigar

Después de que fueron desmanteladas las organizaciones del narcotráfico en Cali, a mediados de los años 90, el cartel del Norte del Valle fue determinante para la expansión del paramilitarismo. Sin embargo, a ese propósito también contribuyeron algunos ganaderos, comerciantes y empresarios cañeros. Hacia el año 2000, en límites entre Córdoba y Urabá, Carlos Castaño se reunió con un grupo de empresarios del Valle con el objetivo de que las autodefensas abrieran un frente en esa región. Inicialmente se acordó un aporte de $20 millones a cambio de seguridad.

Según confesiones de paramilitares ante Justicia y Paz, entre los empresarios que apoyaron la iniciativa estuvo el expresidente de Avianca Édgar Lenis, quien murió en 2006. De igual modo, el Ingenio San Carlos habría realizado aportes. Para garantizar el control del narcotráfico, el grupo se desplegó especialmente en Buenaventura, donde contó con el aporte de empresas pesqueras. En algunos casos de forma voluntaria y en otras ocasiones de manera coercitiva, hubo dineros de industriales, ganaderos y comerciantes. El bloque Calima extendió sus tentáculos al poder político.

Otro caso crítico lo representó el bloque Central Bolívar, que derivó como parte de sus finanzas el cobro de impuestos a las empresas contratistas de Ecopetrol. Responsables de obras civiles, prestación de servicios o suministro de bienes debían pagar porcentajes entre el 2 y el 5 %. Según se lee en la sentencia contra Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, la principal fuente de ingresos fue la sustracción ilegal de combustible. Sus cuantiosos recursos le permitieron un manejo social y político en los barrios ubicados en las comunas nororiental y el sur de Barrancabermeja.

En cuanto al bloque Tolima, según se desprende de declaraciones de desmovilizados, el empresario y ganadero Manuel Bernate habría sido una de las personas que financiaron la llegada del paramilitarismo al Guamo y San Luis en el año 2000. En otra sentencia se advierte que el propietario de Cementos Diamante, Gustavo Giraldo, habría contribuido económicamente y prestado fincas para el alojamiento de integrantes de las autodefensas. Lo mismo que se atribuye al directivo del Fondo Ganadero del Tolima Ignacio Alvira.

En las autodefensas campesinas del Meta y Vichada, exjefes paramilitares como Fredy Rendón o Elkin Casarubio, alias el Cura, manifestaron que la génesis de este frente de guerra del paramilitarismo y su financiación tuvieron como su principal promotor al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza Niño, quien murió en 2013. Sus fincas fueron, además de centros logísticos, ejes de expansión de las autodefensas en los Llanos Orientales. En diversas regiones del Oriente del país fue determinante el apoyo económico de muchos ganaderos.

El caso del bloque Cacique Nutibara, desprendido de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá para crear una estructura urbana en Medellín y contrarrestar el poder de las milicias guerrilleras, constituye un ejemplo de cómo se involucraron civiles y empresarios en esta expansión. El 30 de abril de 1998, la Fiscalía de la capital antioqueña realizó un allanamiento al llamado Parqueadero Padilla. Los hallazgos en esta acción judicial evidenciaron los nexos del grupo armado ilegal con empresarios del transporte o el comercio.

En los libros de contabilidad, además del organigrama de las autodefensas, se encontraron extractos bancarios, facturas de compras de medicamentos, registros de bienes y comunicaciones sobre operativos militares. El proceso del Parqueadero Padilla estableció la existencia de 496 cuentas bancarias en las que se relacionaban múltiples empresas. La falta de investigación judicial no permitió esclarecer si fueron financiadoras del paramilitarismo o firmas privadas conminadas a contribuir a la expansión del paramilitarismo en Antioquia.

Entre las firmas que aparecieron registradas están Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y Compañía, Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresarias Varias de Medellín, Miro Seguridad, Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis y Transportes Botero Soto. En las terminales de buses de varios barrios de Medellín siempre se supo que por cada bus los empresarios tenían que pagar aportes mensuales. El pretexto era que se trataba de contribuciones a cambio de vigilancia y seguridad. Las firmas ladrilleras también aportaron.

A pesar de que faltó mucha investigación en este capítulo particular de la violencia paramilitar, las sentencias derivadas de los bloques del paramilitarismo en Antioquia permitieron establecer importantes nombres de estrechos colaboradores del paramilitarismo o enlaces fundamentales para su expansión. Es el caso de Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño y directora de Funpazcor, que desarrolló una acción sistemática de despojo de tierras especialmente en Córdoba y Urabá. Como sucedió en Tulapas con apoyo del Fondo Ganadero de Córdoba.

En este mismo contexto, es preciso relacionar a la denominada Oficina de Cobro de Envigado, dedicada al control del mundo delincuencial en Medellín, de tal forma que todo aquel que quisiera delinquir debía pagarle. Uno de los principales financiadores de esta estructura fue el narcotraficante Juan Carlos “Tuso” Sierra. Con el paso del tiempo se ha logrado esclarecer que la Oficina de Envigado siempre contó con el apoyo de congresistas, fiscales, generales del Ejército y la Policía, dirigentes políticos y empresarios del fútbol.

Finalmente, derivado de las investigaciones del Tribunal Superior de Cúcuta a las actividades del bloque Héroes de los Montes de María, existe el registro de la empresa Cementos Argos. Aunque no está acreditado que la empresa tenía relación alguna, directa o indirecta, con los grupos ilegales que exacerbaron el conflicto armado, su mención obedece a la compra de tierras en zonas donde el desplazamiento forzado y el despojo tuvieron lugar. Su argumento de defensa es que la empresa adquirió las tierras de buena fe exenta de culpa, es decir, que compró sin aprovecharse.

Sin embargo, la justicia determinó en algunos casos que la firma cementera incurrió en falencias en algunos negocios. Primero, por que omitió que eran zonas donde se había generado un desplazamiento masivo de campesinos, no se hizo un debido análisis de la historia de los inmuebles y en uno que otro predio no existió un mecanismo para indagar si existían acciones de protección. La Unidad de Restitución de Tierras llevó el caso de Argos ante jueces. En un proceso ya se determinó que no hubo despojo. Hay otro en zona rural de San Onofre con fallo aún pendiente.

Las extorsiones

En los 120 fallos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se detalla también la forma como el bloque Catatumbo, en la zona de frontera con Venezuela, se benefició con dineros de diversas empresas. En la sentencia de 2011 contra el paramilitar Aramis Machado quedó consignado que, para cumplir su propósito de expansión militar en la región, las autodefensas se financiaron con las extorsiones que cobraban a los comerciantes, el gremio de los transportadores y personas que se dedicaban a los distintos eslabones del negocio de la cocaína.

Por decisión de Carlos Castaño, hacia mediados de 1999 se sumó a las actividades del bloque Catatumbo el frente Fronteras, a la cabeza de Jorge Iván Laverde, alias el Iguano. La violencia se extendió hasta el área metropolitana de Cúcuta y varias poblaciones de su entorno. Algunos centros comerciales, los mercados populares, el transporte formal y las empresas de vigilancia, entre otras, tenían que contribuir. A cambio de seguridad tuvieron que hacerlo Termotasagen, Cootranscúcuta, Gaseosas La Frontera, Carbones La Mirla, Inducarga y la Arrocera Gálvez, entre otras.

Los gastos mensuales del frente Fronteras ascendían a $480 millones, que incluían el pago de nómina de los miembros del grupo, colaboradores, Fuerza Pública y gastos médicos. Además de las contribuciones económicas, este frente contó con el apoyo de autoridades civiles y políticas y servidores públicos. El caso más conocido fue el de la directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez, conocida como la “Batichica”. De igual modo existió una clara ayuda desde el DAS en Norte de Santander. Tampoco faltó el apoyo del dinero del narcotráfico.

En la sentencia contra Salvatore Mancuso, comandante del bloque Catatumbo, también se advierte que, a cambio de seguridad, empresas como Ecopetrol, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y Termotasajero se vieron conminadas a dar aportes financieros, lo mismo que comerciantes, casas de cambio, pequeños finqueros, empresas de vigilancia privada y particulares. No obstante, la decisión judicial evidenció que, literalmente, algunas personas desde Ecopetrol fueron integrantes “orgánicos” de la estructura financiera del referido bloque.

En cuanto al bloque Élmer Cárdenas, que fue comandado por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, las compulsas de copias de Justicia y Paz señalan que hubo impuestos a ganaderos o terratenientes con predios mayores a 100 hectáreas y que, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, se concertaron reuniones con ejecutivos del sector bananero para pactar mecanismos de seguridad o “pacificación laboral”. En particular, quedó el registro de una reunión entre el director general de Banadex S.A. y paramilitares para acordar montos de los aportes económicos.

De igual modo, las principales empresas dedicadas al negocio del gas en el norte de Antioquia y a la región de Urabá se vieron forzadas a pagar una tarifa de entre $5 y $25 por galón de gas, similar a la que se impuso a la empresa Maderera. En tal sentido, se reseñaron aportes de las firmas Cartagas, Intergas, Corona, Gas de Urabá y Batigas. El mayor contribuyente del segundo sector anotado fue Maderas del Darién. Los contrabandistas también tuvieron que aportar.

En otras sentencias de Justicia y Paz en desarrollo de las actividades del bloque Élmer Cárdenas quedó testimonio de que empresas como Cootrasur-Occidente, Transportes Gómez Hernández, Transportes Sierra y el Puerto de Cartagena tuvieron que hacer contribuciones económicas a cambio de seguridad. Los registros económicos se concentraron especialmente entre 1999 y 2001, y según los hallazgos del poder judicial oscilaron entre $6 millones y $400 millones. Este frente de guerra fue uno de los que más apelaron a los empresarios, por extorsión o contribución voluntaria.

Otro bloque implicado en estas prácticas fue el Libertadores del Sur, a cargo de Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”. De acuerdo con informes financieros conocidos en Justicia y Paz, para sostener su accionar en el sur del país, el señalado bloque aceptó contribuciones voluntarias o impuso tributos de guerra. A cambio de seguridad, palmicultores y agroindustriales contribuyeron. En especial lo hizo la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, así como varios civiles del comercio o los negocios de apuestas.

En cuanto al denominado impuesto de guerra, Justicia y Paz dejó el rastro de la contribución que se impuso a transportadores, entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, hoteleros, propietarios de almacenes agrícolas o restaurantes y, por supuesto, a todo aquel que se dedicara al negocio del narcotráfico. En particular, quedó el nombre de la empresa Lácteos Andinos de Nariño, cuyo propietario materializó su apoyo económico al menos en dos reuniones políticas con paramilitares. La Fiscalía urgió identificar relaciones con otros gremios económicos.

Responden los empresarios

El conflicto armado en los territorios de Colombia ha producido de todo. Muchos empresarios alegan que fueron extorsionados para pagar vacunas. Varios de los mencionados en este texto sostienen que su único compromiso ha sido el de aportar al crecimiento del país.

Uno de los que sostienen esta idea es Hernando Díaz, presidente de Termotasajero, quien le dijo a este diario que no se puede creer en las declaraciones de exparamilitares. “Son criminales que están acostumbrados a difamar. Revisamos los estados financieros de la empresa y no existe evidencia de pago alguno a grupos ilegales. En el momento tampoco enfrentamos ningún proceso judicial que tenga que ver con este tema”.

Por su parte, voceros de la multinacional Drummond han manifestado que, aunque la entidad ha sido presentada en procesos judiciales, hasta el momento las acusaciones han sido cerradas. “La Fiscalía ha archivado en dos ocasiones investigaciones en contra de la compañía. Algunos de los casos llegaron a instancias internacionales en Estados Unidos, en los cuales en última instancia se falló en cuatro decisiones a favor”.

Por último, Camilo Abello, vicepresidente del Grupo Argos, sostiene que la compañía no enfrenta ningún proceso judicial que los relacione con el presunto apoyo a grupos paramilitares o por cuenta de compulsas de copias en Justicia y Paz. “No hay ninguna mención por parte de ningún paramilitar en contra de la compañía y tampoco existe un solo proceso abierto”.

Afirma que sí existe un proceso civil por una sentencia del Tribunal de Cúcuta, pero no tiene relación con los procesos de la justicia para los paramilitares. “El Tribunal dejó claro que Argos no está relacionada, directa o indirectamente, con hechos de violencia, desplazamiento forzado, despojo, grupos armados al margen de la ley; y que los hechos que dan lugar a la restitución se originaron en compraventa anterior a la adquisición del predio por parte de Argos. El Tribunal consideró que las actuaciones de Argos eran de buena fe”.

Todas estas decisiones de la justicia, en las que se pide que se indague la presunta financiación de la guerra por parte de empresarios, quedaron cojas tras la reciente decisión de la Corte Constitucional, pues la justicia ordinaria no ha dado la talla para esclarecer la “paraeconomía”. Tampoco se sabe mucho de civiles que hayan apoyado a las Farc. Y la JEP, tal parece, tampoco será el escenario en que estas verdades salgan a flote.