Las Farc y el secuestro

Marcha por la paz frente a las Asamblea del Valle el 5 de julio de 2007. / /Cortesía.

“Yo le había dado la mano a Marulanda, al Mono Jojoy, a Raúl Reyes y a Joaquín Gómez – la última vez, sólo dos semanas antes- y eso me hizo creer que había un clima de diálogo entre nosotros y que yo estaba de alguna manera cubierta contras sus acciones terroristas (…) No lograba concebir que, de la noche a la mañana, esas personas afables hubieran tomado la determinación de secuestrarnos”96 — Íngrid Betancourt.

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio sobre secuestro en Colombia “Una verdad secuestrada”, las FARC han tenido una participación significativa en los secuestros dentro del territorio colombiano. Se ha identificado que durante el periodo 1970 – 2010, las FARC estuvieron involucradas como autor presunto en 9.447 secuestros y como autor confirmado en 3.325. Una de las consecuencias del proceso de masificación del secuestro en el país, es que la sociedad colombiana vio cómo este flagelo no sólo afecta a las élites económicas y políticas, sino a toda lo sociedad.

Frente a esto se ha acudido a la protesta social a través de marchas como la del 4 de febrero de 2008, donde la sociedad civil97 pidió una vez más al gobierno y a la guerrilla de las FARC la liberación de los secuestrados. Los ciudadanos han mostrado su rechazo a esta práctica y a su principal autor: Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia - FARC.

Discurso sobre el secuestro: Conferencias VII y VIII.

Las FARC han llevado a cabo ocho conferencias a lo largo de su historia, en las que se ha establecido el discurso político del grupo guerrillero, así como su estrategia militar. En lo que concierne al tema del secuestro, las conferencias más relevantes son la VII y la VIII, pues a partir de las mismas se consolidó un discurso en torno a esta práctica y a los beneficios de la misma en términos de su expansión y consolidación, y del debilitamiento tanto del Estado como de la “burguesía”, declarados “enemigos” por esta organización.

En 1982, en la región de Guayabero (Meta), se llevó a cabo la VII Conferencia. Además de agregarle la sigla EP - Ejército del Pueblo – al nombre FARC, se formuló el plan “Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia” que pretendía establecer un programa de crecimiento estratégico y militar para tomarse el poder en ocho años. A partir de dicho plan estratégico se reestructuran las operaciones, creando la “Nueva Forma de Operar” – NFO, cuyo propósito era “pasar de la emboscada a las acciones ofensivas de cerco y aniquilamiento de unidades militares.”98 Las FARC también buscaron aumentar su pie de fuerza, incrementando el nú- mero de combatientes y multiplicado los lugares de influencia de la organización; en fin, estructurándose como un ejército.

Así se inició un crecimiento acelerado de esta guerrilla. Esta situación se vio favorecida, en parte, por el proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las FARC que, a inicios de los años ochenta, entraron en un período de negociación, consolidado con el Acuerdo de la Uribe en 1984.

El cambio estratégico militar que se planteó en la VII Conferencia, se reafirmó en la VIII Conferencia, realizada en los Llanos del Yarí (Caquetá) en el año 1993. En esta reunión del estado pleno de las FARC se planteó la necesidad de construir un ejército guerrillero capaz de propinarle derrotas contundentes a las Fuerzas Militares, creándose bloques regionales, comandos conjuntos, compañías móviles y el comando general destinado a dirigir la nueva ofensiva militar en contra del Estado. Enfocadas en esta estrategia, las FARC decidieron concentrar un número enorme de su pie de fuerza en el sur del país, pasando de un modelo centrífugo a uno centrípeto, que buscó concentrar grandes unidades militares, con cientos de hombres, que tuvieran la capacidad de atacar bases militares del Ejército.

Este cambio en la estrategia militar les permitió a las FARC consolidar grandes operaciones con cientos de guerrilleros. Los golpes a las bases de Patascoy, Mitú, Miraflores, Las Delicias y El Billar, son ejemplos del fortalecimiento de la guerrilla y el éxito de la estrategia. Los grandes ataques permitieron el secuestro de policías y militares que, más tarde, se convirtieron en un recurso político y un insumo para presionar al Gobierno con la finalidad de consolidar un intercambio de secuestrados por guerrilleros recluidos en las cárceles.

Secuestros para presionar el diálogo

Como se ha evidenciado a lo largo de este libro, las guerrillas en Colombia han utilizado el secuestro como estrategia de presión política, particularmente en el marco de negociaciones y diálogos de paz con el Gobierno. Durante los Acuerdos de La Uribe - entre 1984 y 1987 -, se estableció una tregua entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur que implicó un cese al fuego, el compromiso de la guerrilla de dejar el secuestro y del Gobierno de impulsar reformas en el orden político, social y económico.

Lamentablemente, el secuestro nunca dejó de ser una práctica usada por este grupo guerrillero para cumplir sus planes econó- micos y políticos. Es así como la búsqueda de una salida política al conflicto armado fracasó en este momento de la historia, a causa del incumplimiento del cese al fuego bilateral por parte de las FARC, tras la emboscada de una patrulla del Batallón Cazadores por parte de los frentes 14 y 15 el 16 de junio de 1987, y la continuidad de los secuestros perpetrados por este grupo.

En este contexto, las FARC cometen en promedio 34 secuestros anuales entre 1984 y 1987. Tras la ruptura del cese al fuego, las FARC incrementan sus secuestros de carácter político como una forma de manifestar su fortalecimiento frente al Estado. En 1988 se registra el 71% del total de secuestros políticos de la década.

Mientras incumplían el segundo apartado del Acuerdo de la Uribe, en el que se comprometían a abandonar el secuestro como arma política y económica, las FARC, con “Manuel Marulanda” a la cabeza, declararon un “No al secuestro, sí a la política”. En una entrevista, este jefe guerrillero negó rotundamente la comisión de secuestros en el marco de este acuerdo:

“Es que a nosotros se nos atribuyen muchas cosas. Mire: si llueve... dicen que somos nosotros, si hace verano dicen que también somos nosotros. Los servicios de seguridad hacen secuestros para hacerlos aparecer como de las FARC y desacreditar al movimiento armado. Hay otros grupos, según oye uno en las noticias, que tienen otros nombres y que no son de las FARC, pero como ellos secuestran en áreas de las FARC, entonces pues es natural que nos atribuyan eso a nosotros. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esos secuestros. Nosotros hemos hecho ya dos declaraciones pú- blicas y vamos a hacer otra para condenar el secuestro, que vamos a seguir condenando, y vamos a llamar a todas las organizaciones revolucionarias y a todas las masas para que contribuyan en denunciar a estos elementos, porque realmente eso está perjudicando mucho la política de paz”.

La dicotomía entre el discurso y el accionar de las FARC se reflejó en la promoción de una creciente expansión militar y la consolidación de la Unión Patriótica como su brazo político. Aquí surge uno de los principales problemas de la estrategia establecida a partir de la VII Conferencia en 1982, y es la llamada “combinación de todas las formas de lucha”. Tal combinación comenzó a generar un sinsabor en la opinión pública, sobretodo en contextos de negociación, en los que se esperaba un verdadero compromiso por parte del grupo guerrillero con el abandono de la lucha militar y el fortalecimiento de la actividad política.

Sin embargo, el Estado Mayor siempre ha manifestado que junto a las estrategias políticas, las FARC debe preparase para la guerra, lo cual ha reflejado una marcada desconfianza frente a la salida política al conflicto armado. La afirmación del “Mono Jojoy” - en una entrevista concedida a la Revista Semana en el marco de los diálogos de paz en el Caguán -, es un claro reflejo de esto:

“Las FARC jamás han hablado de desmovilización y desarme. Las FARC han hablado de buscar una salida dialogada con el Gobierno para ponernos de acuerdo. Pero hay que recordar que el fusil es el garante de los acuerdos que se firmen. Si uno los entrega, esto se acaba. Ni siquiera los periodistas vendrían a hablar con nosotros (…) Las armas representan un ideal, un objetivo; si no tiene uno ese fusil, aquí lo matan a garrotazos. Recuerde que a la Unión Patriótica la mataron toda, al mismo Partido Comunista. A todos los movimientos de oposición los han eliminado física y políticamente. Por eso las armas tienen que ser las garantes de los acuerdos. Eso se hace a través de una discusión y mejor dejemos que los voceros de las FARC y el Gobierno lo definan en las mesas.”

Frente a los efectos de las negociaciones entre las FARC y los diferentes gobiernos, es posible concluir, en palabras del analista colombiano Eduardo Pizarro Leongómez – en las que hace referencia a los Acuerdos de la Uribe -, que:

“la tregua fue utilizada – como habría de ocurrir en todos los procesos de paz posteriores -, con fines tanto políticos como militares, no sólo para ganar espacios de visibilidad en los escenarios abiertos, sino para fortalecer el aparato militar”.

En el marco de los diálogos de paz de Tlaxcala, es importante mencionar que, al igual que el impacto generado tras la toma de Marquetalia, el bombardeo de Casa Verde marcó una nueva etapa de las FARC como organización, lo que – dada su capacidad de adaptación – implicó un fortalecimiento de sus bases a nivel militar y un incremento de su accionar delictivo; esto se reflejó en su creciente comisión de secuestros durante el periodo de Escalamiento (1990-1995).

Luego de este episodio, el presidente César Gaviria estableció contacto con los grupos guerrilleros que conformaban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y abrió espacios para la negociación en escenarios internacionales como Caracas (1991) y Tlaxcala (1992). Estos diálogos no tuvieron los resultados esperados, dado el secuestro y posterior asesinato del ex ministro de Obras Públicas Argelino Durán Quintero por parte del EPL.

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que el secuestro es utilizado por las guerrillas – en particular las FARC - no sólo como una estrategia de financiamiento económico y de presión política, sino también como una herramienta en función de su estructura militar. En efecto, la práctica del secuestro les permite adoptar dinámicas de entrenamiento y movilidad permanente, lo cual fortalece su capacidad logística y consolida su estructura de mando. Adicionalmente, la comisión de este delito se usa como una muestra a los combatientes de menores rangos de la posibilidad real y cercana de controlar y humillar a sus blancos ideológicos y militares.

El secuestro de miembros de la Fuerza Pública y de líderes políticos ha sido utilizado como una herramienta para la consolidación de un discurso político en el que se resalta el secuestro como un mecanismo para combatir el creciente poder de las élites corruptas del país, lo que transforma al secuestrado en prisionero de guerra de un actor político que se considera a sí mismo legítimo, al disputarle el poder a un Estado al cual declaran ladrón, corrupto, injusto y opresor.

Lo anterior se erige como una estrategia para evitar la criminalización de sus acciones delictivas en medio de la pretensión de reconocimiento como actor político tanto a nivel interno - desde sus combatientes - como a nivel externo - ante la opinión pública nacional e internacional -. Es por esto que las FARC en su discurso hablan de negociar el canje de prisioneros, y se refieren al mismo como un “intercambio humanitario”. En este sentido, es importante resaltar que entre 1970 y 2010, de los 39.058 secuestros registrados en la base de datos, sólo 480 personas han sido dejadas en libertad tras un canje con el actor que cometió el delito, de estos 134 corresponden a las FARC.

Para el brazo militar más radical de las FARC, representado en su momento por alias “Mono Jojoy”, dicho canje ha debido presionarse militarmente porque no se ha logrado ningún acuerdo de larga duración. Refiriéndose al respecto - en el marco de las negociaciones de paz del Caguán - el “Mono Jojoy” dio unas explosivas declaraciones que dejaron entrever las intenciones de las FARC de establecer una “política” al interior de la organización que promoviera el secuestro de miembros de las Fuerzas Armadas y de funcionarios públicos, y permitiera a este grupo guerrillero presionar y deslegitimar al Estado en pro de la liberación de guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas, e incluso en el exterior, como en el caso de “Simón Trinidad”:

“Si no se puede la ley de canje, tocara que algunos de la clase política acompañen a los soldados, para que salgan en el canje. Es la única forma. Si no quieren por las buenas tocara por otros medios. Pero esa ley debe salir. Habrá que traer políticos como hicieron con el hermano de Gaviria. Porque solo entonces les pusieron atención y los llevaron a Cuba y los canjearon (…) si [la solución] se prolonga en el tiempo, cada semana o cada día que pase habrá más prisioneros. Entonces, lo mejor es solucionarlo inmediatamente. Además, lo poco que tenemos para dar son los prisioneros. Entregarlos y que nos entreguen los nuestros. Así de facilito.”

Se observa entonces una estrategia clara de este grupo guerrillero de secuestrar figuras políticas con un doble fin: primero, presionar al Estado colombiano y, segundo, publicitar un discurso político a la vez que su poderío y capacidad militar frente a la debilidad del Estado en sus zonas históricas de control. Esto se deriva del enorme cubrimiento mediático que se le ha dado a los secuestros de las FARC, pues cada secuestro o señal de liberación - máxime cuando se trata de personalidades públicas -, suele despertar el interés de la opinión pública en general.

En este sentido, para este periodo de Masificación (1996-2000), se registró un crecimiento significativo de secuestros de figuras de la política nacional – 502 secuestros en este periodo en contraste con 173 en el periodo de Escalamiento (1990-1995) -, donde las FARC se consolidaron como el perpetrador de secuestros que más apareció en la prensa nacional e internacional.

Gracias a la preponderancia que la sociedad ha dado a los secuestros de la guerrilla frente a los cometidos por otras organizaciones, se presenta un incremento en la lucha contra las FARC por parte del Estado, y en consecuencia se logra, por lo menos en los periodos inmediatamente posteriores, contener en buena medida los secuestros cometidos por este grupo guerrillero.

Los diálogos en el Caguán y el arrinconamiento político

En 1998, gracias al control territorial que obtuvo las FARC con la zona de despeje en San Vicente del Caguán, este grupo guerrillero incrementó su capacidad de mantener grandes volú- menes de secuestrados.

La zona de distensión en el Caguán constituyó un escenario ideal para la mimetización del secuestro, lo que conllevó a que éste se mantuviera al margen de los temas de la agenda de negociación, y que se presentara la entrega de los secuestrados como un canje humanitario de prisioneros de guerra. Adicionalmente, logró acentuar la sensación de indefensión por parte de los familiares de las víctimas, quienes exigían que el secuestro fuera tema prioritario en las negociaciones. Es importante resaltar que la acción limitada de los organismos de seguridad del Estado, particularmente en la zona de despeje, derivó inevitablemente en una preocupación generalizada respecto a la situación de los cautivos.

La zona de distensión del Caguán (1998-2002) coincide claramente con el periodo de Masificación (1996-2000) del secuestro. Es en esta época en la que las FARC se destacan como el principal autor de secuestros en el país. El 33% de los secuestrados hacía parte de la administración pública y defensa, especialmente militares y policías, 18% eran comerciantes y 16% ejercía actividades agrícolas. De igual forma, es en esta etapa cuando las FARC cometieron el mayor número de secuestros contra extranjeros - que para este periodo fue de 156 víctimas – y contra menores de edad – 205.

Cabe resaltar que, según los datos registrados en la base de información sobre secuestro en Colombia, las FARC perpetraron durante este periodo un total de 4.090 secuestros que, con relación al número de hechos cometidos en el periodo de Escalamiento (1990-1995) –752 –, representó un incremento de 444%.

Esto se explica a partir del ya mencionado discurso por medio del cual reivindicaron su derecho a retener a aquellos “prisioneros de guerra” que se rindieran en combate, y de secuestrar a aquellos políticos que denominaban corruptos. Pero además, por la creación e implementación de una norma interna de este grupo guerrillero, “la Ley 002 del 2000”, dada a conocer durante los diálogos en San Vicente del Caguán. Esta ley se refería al cobro de un impuesto - que las FARC denominan “impuesto para la paz”104-, para la financiación del grupo, y establecía que cualquier persona natural o jurídica, con un patrimonio superior al millón de dólares, debía pagar el 10% de dicho monto a la guerrilla para evitar ser secuestrado. A partir de este momento, iniciaron procesos extorsivos contra empresas nacionales y multinacionales en el país.

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que el descontento de la opinión pública con las FARC se derivó de la poca voluntad de paz de este grupo durante los diálogos del Caguán, que se reflejó, entre otros, en el incremento de los secuestros por parte de este actor armado, y en su cada vez mayor involucramiento en todas las etapas de tráfico de drogas - ya no se limitan al cobro de impuesto o “vacuna” a quienes cultivan y producen, sino que intervenían en las diferentes fases de esta actividad: cultivo, procesamiento, producción, venta a los traficantes de drogas, e incluso distribución -.105 Esta incursión de las FARC en actividades de narcotráfico, puso cada vez más en entredicho la veracidad de su discurso revolucionario ante la opinión pública nacional e internacional, lo que deterioró su imagen “revolucionaria.

El Plan Estratégico establecido en la VII Conferencia de 1982, y la continuación del mismo en lo estipulado en la VIII Conferencia Nacional de 1993, propició un cambio en el repertorio de acción de este grupo se transformó notablemente, en tanto se estableció que la organización debía articularse de tal forma que se configurara en una amenaza contundente y letal para las instituciones estatales. Es ahí cuando se dio la evolución de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Esto conllevó a una expansión del conflicto de lo rural a las esferas urbanas, y en consecuencia se crearon las llamadas milicias bolivarianas.

En general, se llevó a cabo un proceso de descentralización del grupo armado - aunque se conservó una estructura jerárquica de poder centralizada – con el fin de garantizar un mayor control en todo el territorio nacional. Esta expansión territorial facilitó a las FARC la comisión de secuestros no sólo en los escenarios rurales o por medio de la práctica de la “pesca milagrosa”, sino también en las áreas urbanas intermedias, con modalidades de secuestro a persona específica, e incluso por medio de secuestros masivos, lo que hizo cada vez más palpable la realidad del secuestro como un fenómeno que anida en medio de la sociedad colombiana:

La guerrilla entró al edificio Miraflores el 26 de junio de 2001, llegaron al apartamento de Gloria Polanco tuvieron que abrir la puerta con explosivos porque estaba trabada, al entrar la guerrilla descubrió que Jaime Lozada (senador) no se encontraba allí, por lo que decidieron plagiar a su esposa (Gloria) y los dos hijos (Jaime Felipe Lozada y Juan Sebastián Lozada) de 16 y 15 años, posteriormente montaron a las víctimas en varios camiones y con prisa salieron de la ciudad, luego llegaron a La Punta y allí les notificaron a las víctimas que estaban secuestradas por las FARC, más tarde las dividieron en grupos y las introdujeron en la selva. — Fuente: Fondelibertad. Autor confirmado: FARC.

Esta estrategia de las FARC también tuvo como consecuencia una mayor capacidad de realizar operaciones militares a gran escala, lo que les permitió llevar a cabo golpes de la magnitud de Patascoy – toma en la que fueron secuestrados 18 soldados, entre ellos Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez -, y Mitú.

El general Luis Herlindo Mendieta fue secuestrado por las Farc el 1 de noviembre de 1998 en Mitú, Vaupés, por orden de alias Mono Jojoy. Fue rescatado por el ejército colombiano el 13 de junio de 2010. Durante once años, siete meses y trece días al General Luis Herlindo Mendieta le fue arrebatado su libertad, su salud, y su vida. Al país le fue arrebatado un gran hombre, un alma honrada, una mente radiante, cuyos 35 años de servicio al país, hubieran hecho de Colombia un mejor país. Hoy en día, el General Luis Herlindo Mendieta vive en España donde es agregado de la policía en la Embajada de Colombia. — Fuente: Voces del Secuestro. Autor confirmado: FARC.

Es así como surge una marcada polarización al interior de la sociedad colombiana, pues es imposible ignorar el apoyo con el que cuenta las FARC en algunas zonas del país, debido a la histórica ausencia estatal y a su estrategia de control territorial de entrar a ocupar estos vacíos. Las FARC tienen claro que el control espacial es la única forma de asegurar su permanencia, pues “(…) combatiente que no conozca bien el territorio en el que actúa, está condenado a perderlo.”

En dichas regiones donde la presencia del Estado nunca ha sido una constante, las FARC se han presentado como un poder único, monopolizando todas las esferas de la sociedad y creando una especie de “justicia guerrillera”, que rige la vida cotidiana de los que allí habitan.107 Dada la falta de un Estado que brinde protección a los ciudadanos y las falencias institucionales, manifiestas por ejemplo, en un sistema judicial ineficiente, las poblaciones en estas zonas del país no han conocido otra alternativa de estructura organizada de la sociedad que la establecida por este grupo guerrillero, y han debido adaptarse al poder de facto del mismo.

Existe pues un sector de la sociedad colombiana que se ha visto identificado con el discurso de las FARC, que consideran a este grupo el defensor de sus luchas y para el cual este actor reviste mayor legitimidad que ciertas instituciones estatales. Teniendo esto claro, cabe afirmar que en el país se da una polarización marcada entre aquellos que le recriminan a las FARC su incursión y profesionalización en actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, y quienes consideran que tales actividades no son más que un medio en pro de un fin específico que es la lucha contra el Estado y la distribución equitativa de los recursos y la tierra.

Las manifestaciones de repudio contra las FARC nacen fundamentalmente en las zonas urbanas del país, y es promovida por una población que siente cada vez más cerca el conflicto armado interno por medio de la masificación de secuestros en el territorio colombiano, y las múltiples afectaciones a individuos no sólo de las élites del país, sino de la clase media, dada la diversificación de los perfiles de los secuestrados. Esto conlleva a una reacción masiva contra las FARC, principal autor de secuestros durante el periodo de Masificación (1996-2000), quienes comenten los secuestros más visibles por su trascendencia política o por su duración, a saber, aquellos cometidos contra funcionarios y figuras públicas como Íngrid Betancourt, Jorge Eduardo Géchem, Fernando Araujo, Alan Jara y Guillermo Gaviria, entre otros.

* Centro Nacional de Memoria Histórica. Una sociedad secuestrada. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.