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El 16 de septiembre de este año se cumplen 20 años del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres en Valledupar. Su nombre no es muy conocido a nivel nacional, pero en el Cesar, donde ejerció su labor por más de 10 años, su muerte significó silenciar la prensa regional. Con su asesinato también murió el periodismo de investigación y las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y grupos armados en esa zona.
A Guzmán Quintero hay quienes lo comparan con Jaime Garzón por su manera de hacer periodismo en la región Caribe. Trabajó en El Heraldo de Barranquilla y como corresponsal del noticiero Televista de Telecaribe, y a sus 34 años, la edad que tenía cuando murió, era el jefe de redacción del periódico El Pilón de Valledupar.
A diferencia de Garzón, Quintero no usaba el humor para revelar la compleja realidad de su contexto, pero sus artículos tenían gran impacto en el Cesar, Bolívar y La Guajira. Fue una de las pocas personas que se atrevieron a denunciar públicamente los atropellos del Ejército en esa región, y las amenazas y masacres que cometieron paramilitares. Se convirtió en una voz incómoda para el poder y por eso ordenaron su asesinato.
“Su vocación de periodista era de servicio, humanista y defensor de los derechos humanos. Además de reportear su información, también orientaba a los campesinos de la región para que defendieran lo que era de ellos”, cuenta su hermano Yury Quintero, quien desde el día siguiente a la muerte de Guzmán ha abanderado la lucha de su familia para que la justicia dé con los responsables intelectuales de su asesinato.
¿Por qué lo asesinaron?
La noche del 16 de septiembre de 1999, después del cierre de la redacción, Guzmán salió con Édgar de la Hoz y Óscar Martínez, colegas de El Pilón, a tomar unas cervezas en el bar del hotel Los Cardones, en el centro de Valledupar.
Al poco tiempo de estar sentados, un hombre desconocido caminó hasta Guzmán y le disparó cuatro veces. Él trató de defenderse en vano intentando parar las balas con su mano. En medio del pánico y el alboroto, el hombre salió de nuevo caminando hasta la moto que manejaba otro desconocido, quien lo estaba esperando en la esquina del hotel.
En el libro ¿Quiénes y por qué asesinaron al periodista?, escrito por Yury Quintero, cuenta que su hermano no había recibido amenazas antes de lo sucedido, pero que desde agosto de ese año corría el rumor en Valledupar de que un periodista sería asesinado. Despertó la zozobra en el gremio; sin embargo, las autoridades no se preocuparon por investigar.
Según la narración de Quintero, la primera amenaza que recibió Guzmán fue en 1995, por su artículo “Los hijos de la sierra”, publicado el 28 de noviembre de ese año en El Heraldo. Allí lanzó varias alertas por la conformación de una organización paramilitar en las estribaciones de la serranía del Perijá y el incremento de los asesinatos de personeros y sindicalistas en el sur del Cesar. Por ese artículo recibió amenazas contra su vida y la de sus hijos, así que tuvo que renunciar a la coordinación del periódico en Valledupar y salir de la ciudad.
En 1999, sus publicaciones hacían referencia a los excesos e irregularidades del Ejército en contra de la población. En mayo de ese año contó en el artículo “Ejército asesinó a dos mujeres” que militares abrieron fuego contra un carro en el que viajaban diez personas en la región de Conejo, sur de La Guajira, pensando que eran guerrilleros. Una de las mujeres asesinadas tenía tres meses de embarazo, y ocho niños, algunos de solo meses de nacidos, resultaron heridos.
Según Guzmán, familiares de las víctimas fueron testigos de cómo uno de los soldados intentó hacerlos pasar como guerrilleros colocando proyectiles dentro del carro y al lado de los cuerpos. En ese momento el artículo causó tanto malestar entre los militares que varios llegaron a las oficinas de El Pilón para averiguar sobre el responsable de la publicación.
Guzmán fue uno de los primeros periodistas en documentar en esa región lo que años después se conocería como falsos positivos. Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en esa zona puede haber más de 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, solo entre 2003 y 2008.
En sus notas, Guzmán intentó obtener las respuestas de los militares. Allí aparecieron las voces de, por ejemplo, el entonces coronel Luis Roberto Pico, quien era el comandante del Comando Operativo N.º 7 en el Cesar, o del general Freddy Padilla de León. Ambos tuvieron que responder años después por ejecuciones extrajudiciales. A Pico, que estuvo en el grupo de militares que salieron del Ejército tras el escándalo, se le investigó por supuestos vínculos con paramilitares y hoy se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un escenario de justicia transicional que podría ayudar a esclarecer lo que pasó.
Las denuncias de Guzmán no pararon durante ese año, sobre todo las que tenían que ver con afectaciones a las fincas de campesinos por bombas y proyectiles que caían fuera de los polígonos de entrenamiento del Ejército, lo mismo que con varias incursiones de grupos armados en las que familias enteras eran asesinadas. Así continuó hasta que su pluma fue silenciada con su asesinato.
Fue tal el impacto que provocó su muerte que el presidente de entonces, Andrés Pastrana, llamó a la familia y les prometió presionar la investigación del crimen. Pasaron 20 años y nada pasó.
En la impunidad
En 68 días su caso prescribirá en la justicia colombiana. Durante estos 20 años, la investigación ha pasado por los escritorios de seis fiscales. Su familia ha pedido en tres ocasiones a la Fiscalía, con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que su asesinato sea declarado delito de lesa humanidad, para que se encuentre la verdad y la justicia. Incluso han recaudado y entregado pruebas a la Fiscalía.
“Desde 1938 a la fecha tenemos registrados 84 casos de crímenes contra periodistas que han prescrito, y la cifra sigue subiendo. Este año, con el caso de Guzmán Quintero, prescribirían seis casos”, sostiene Ángela Caro, asesora legal de la Flip y quien tiene a su cargo el monitoreo de esta investigación. Esta organización hizo la tercera solicitud de declaración de delito de lesa humanidad en 2017 y ha hecho insistentes llamados para que no haya impunidad en los asesinatos y amenazas contra periodistas en Colombia.
Por el caso de Guzmán fueron condenados a 39 años de prisión Jorge Eliécer Espinal Velásquez, el Parce, y Rodolfo Nelson Rosado Hernández, el Pichi, presuntos sicarios al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia y asesinos de Guzmán. Ambos salieron libres por reducción de penas en 2002 y uno de ellos murió días después de quedar en libertad.
Según el abogado del Cajar Reinaldo Villalba, a pesar de que Espinal y Rosado cumplieron la condena, se declaraban inocentes y señuelos para no dar con los verdaderos autores del asesinato. Señalaron como autor intelectual del crimen a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, comandante del bloque Norte de las Auc y preso actualmente en Estados Unidos. Yury Quintero, sin embargo, asegura que falta esclarecer la responsabilidad de las Fuerzas Militares en el crimen. Según él, quienes fueron condenados eran “personas sin mucha capacidad para el trabajo de seguimiento y asertividad para asesinar. Fueron disparos muy precisos, de personas de academia militar”.
Según Quintero y la Flip, se ha llamado a indagatoria a agentes de la Sijín que atendieron el caso en ese momento y a militares del Batallón La Popa, en Cesar. Actualmente se está investigando la participación de un soldado.
Colombia 2020 consultó a la Fiscalía sobre el caso de Guzmán Quintero y la entidad respondió que investiga la identificación de los autores intelectuales. Respecto a la pregunta de por qué no ha respondido a la solicitud de declaratoria de lesa humanidad, la entidad solo manifestó que “el despacho se pronunciará en la calificación del mérito del sumario contra el soldado Jairo Pirateque Plaza, señalado como autor material de los hechos”.
El legado de Guzmán Quintero permanecerá por muchos años más en Valledupar, no solo por las conmemoraciones que año tras año hace su familia o porque algunos de sus compañeros escriban artículos en El Pilón para recordarlo. También porque su rostro está pintado en la Universidad Popular del Cesar y porque la plaza que queda en el barrio Los Fundadores lleva su nombre. Es innegable que hoy el miedo de investigar su caso se ha posado sobre sus colegas y varios decidieron tomar distancia de la investigación del caso tras recibir amenazas. Yury también ha sido amenazado de muerte, en 2015 y 2018, por estar detrás de la verdad de la muerte de su hermano. Aun así, y como cada año, organiza conmemoraciones en memoria de su hermano junto con la esposa de Guzmán, Alcira Vitola, sus dos hijos, familiares y amigos.
Hoy realizarán uno de estos eventos conmemorativos. Desde las 9:00 a.m., en el auditorio Guzmán Quintero del diario El Pilón, se sentarán la Comisión de la Verdad, el Cajar y el Círculo de Periodistas de Valledupar para hablar sobre la búsqueda de la verdad en el caso de su hermano y los avances en las investigaciones.
“Para nosotros es importante trabajar en el esclarecimiento de lo ocurrido con el periodismo porque nuestro mandato nos exige mirar los impactos del conflicto armado en la democracia y, definitivamente, el debilitamiento del periodismo por amenazas, hostigamientos y asesinatos afectó que la ciudadanía estuviera mejor informada. Nuestro deber es dejar las cosas más claras alrededor de su muerte y los otros periodistas en la región, como Amparo Jiménez”, aseguró Ana María Ferrer, coordinadora territorial de Cesar y La Guajira de la Comisión de la Verdad, colega y amiga de Guzmán cuando ambos trabajaron en El Pilón.