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Tras varios años de batallas judiciales y persecuciones, la familia del agente del CTI, Edilbrando Roa empieza a ver la luz al final del túnel. En decisión del pasado 31 de agosto, la Fiscalía declaró su asesinato y el de su compañero Jhon Alejandro Morales como crímenes de guerra y ordenó una medida de aseguramiento para los miembros del Comando Central de la guerrilla del Eln (COCE) por sus muertes. Para el ente investigador, este homicidio se dio en el marco del conflicto armado, pues a Roa y Morales los mataron porque fueron considerados una amenaza por pertenecer a la Fiscalía.
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El 2 de septiembre de este año se cumplieron 20 años del homicidio de los dos investigadores, que en su momento fueron considerados como mártires. Aunque en ese entonces la Fiscalía prometió poner toda su capacidad investigativa para encontrar a los responsables del asesinato de los agentes, tuvieron que pasar casi dos décadas para que se entregaran resultados concretos. En todos estos años el silencio no fue lo único que golpeó a la familia de Edilbrando, sino también el exilio. Desde 1998 fueron víctimas de constantes amenazas de muerte, situación que los obligó a salir del país.
En principio, la familia Roa culpó al paramilitarismo del crimen, debido a que el agente estaba a cargo de las investigaciones que se adelantaban en ese entonces contra el dirigente deportivo y dueño del equipo Envigado, Gustavo Upegui, por sus supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, apoyaba las pesquisas por el sonado allanamiento del Parqueadero de Padilla, que en 1997 develó las entrañas del paramilitarismo y su relación con la Oficina de Envigado. Sin embargo, la hipótesis de la Fiscalía era otra. Según el expediente que reposa en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos el responsable del asesinato fue el grupo guerrillero del Eln.
La investigación adelantada por el fiscal 66 de esa dirección evidenció nuevos detalles de cómo se perpetró el secuestro y posterior asesinato de los agentes. Según la Fiscalía, Edilbrando Roa y Jhon Alejandro Morales fueron retenidos ese 2 de septiembre de 1998 por hombres armados mientras se desplazaban desde la ciudad de Medellín al municipio de Sonsón (Antioquia). Hacía las 10:00 de la mañana de ese día, los investigadores fueron abordados en la vía a la altura del sitio conocido como “Piedras” por hombres del Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln. Los montaron en una camioneta y los llevaron hasta una zona boscosa, donde fueron asesinados.
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Cuatros pruebas clave tiene la Fiscalía para demostrar que el homicidio de los agentes fue cometido por Eln. Entre ellas están las actas de inspección a los cadáveres, las necropsias y los registros de defunción que evidencian que los investigadores fallecieron por heridas de arma de fuego. Frente al delito de secuestro, la Fiscalía recopiló tres pruebas. La principal es la denuncia presentada por el Mayor Óscar Anzola Pinto, oficial de Derechos Humanos de la Cuarta Brigada del Ejército, quien responsabilizó al grupo guerrillero de la retención de Roa y Morales. Asimismo, cuenta con varias declaraciones de testigos que aseguraron que los agentes estuvieron bajo el poder del grupo guerrillero.
Algunos de los declarantes son Juan Carlos López, José Ramiro Posada, Fernando Londoño Giraldo y Julio Cesar González, quienes dan crédito del retén que montó el Eln ese 2 de septiembre. Otro importante testigo de la Fiscalía es Federico Serapión Uribe Gómez, quien también fue secuestrado por el Frente Carlos Alirio Buitrago para la época de los hechos al ser confundido como uno de los hermanos de Álvaro Uribe Vélez. Este hombre aseguró que durante su cautiverio en el vio llegar al campamento a dos hombres que, al parecer, serían Edilbrando Roa y Jhon Alejandro Morales.
Según Federico Uribe, el guerrillero que llegó con los agentes le entregó al comandante Héctor Julio Ramírez, alias Esteban, un radio, una pistola y un brazalete con las iniciales del CTI. Agregó el testigo que a los dos hombres los sacaron ese mismo día del campamento y que tiempo después se enteró de que habían sido asesinados. Su testimonio se complementa con el de Guillermo Alberto Pérez Restrepo, quien fue secuestrado el 13 de septiembre de 1998 en esa zona y relató haber visto una camioneta Nissan Pathfinder con los logos de la Fiscalía quemada. Asimismo, la Fiscalía obtuvo las declaraciones de los guerrilleros José Luis Mejía Ramírez, alias Bayron, y Esteban, quienes confesaron que ordenaron asesinar a los agentes. Sin embargo, no entregaron detalles de quien los ejecutó.
Para la Fiscalía, esta orden de asesinato provino de alguna manera del Comando Central del Eln (COCE), pues entre sus políticas estaba que cualquier autoridad era vista como un enemigo al que se tenía que combatir. En otras palabras, que tenían que matar. Para septiembre de 1998 la cúpula del Eln estaba conformada por Israel Ramírez Pinedo, alias Pablo Beltrán; Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliecer Herlinton Chamorro, alias Antonio García; y Rafael Sierra Grandos, alias Ramiro Vargas Mejía, quienes fueron vinculados como autores mediatos del asesinato de los agentes del CTI.
Para declarar este caso como un crimen de guerra, el fiscal del caso argumentó que este homicidio se cometió en el marco del conflicto armado, que las víctimas eran funcionarios públicos adscritos a la Fiscalía y que los agentes fueron secuestrados en las denominadas pescas milagrosas. Para la familia de Roa esta decisión pone freno a la zozobra no saber quiénes eran los responsables del homicidio. Además, le piden a la Fiscalía que no cesen en su investigación para evitar que el caso quede en total impunidad.
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