De 1958 a 2018

Así impactó el conflicto armado en la Universidad Nacional de Colombia

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Asesinatos, montajes judiciales y desapariciones son algunos de los hechos victimizantes que han sufrido en las últimas seis décadas los miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional. Un informe que recoge los casos más emblemáticos de cómo este plantel fue víctima de todos los actores del conflicto llega hoy a la Comisión de la Verdad.

El relato universitario es el relato de la sociedad colombiana. Al hablar de la Universidad Nacional de Colombia (UN) fundada en 1867, se está hablando también de la historia reciente del país. “La Universidad no solo es productora de conocimiento científico, también es formadora de ciudadanos”, asegura Mauricio Archila, investigador, docente y el coordinador del informe “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)” que llega este viernes a la Comisión de la Verdad.

“El movimiento universitario y estudiantiles han sido actores protagónicos de muchas luchas sociales del país y de muchos conflictos por lo menos desde los años 10 del siglo pasado y con más fuerza desde los años sesenta. Las universidades han sido víctimas del conflicto y también, parcialmente, escenarios del mismo” dijo Archila.

Desde abril del 2019 comenzó la elaboración de esta investigación, en la que colaboraron estudiantes de pregrado de la UN, docentes, grupos estudiantiles y egresados. El resultado es un documento de 127 páginas que narra el impacto del conflicto armado en esta institución en las últimas seis décadas. Es la primera vez que la Comisión recibe un informe que narra la forma en la que la violencia impactó de manera específica a los miembros de la comunidad universitaria, en este caso de la UN.

La violencia política en la Universidad Nacional atraviesa distintas fases o etapas que se enmarcan en las últimas seis décadas, según indica el estudio. Como lo muestra el siguiente gráfico, la década con mayor número de hechos victimizantes contra esta comunidad educativa fue entre 1998 y 2007, en el final del mandato de Andrés Pastrana y durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

No hay que olvidar que durante las décadas anteriores, el movimiento estudiantil había representado y abanderado otro tipo de causas sociales y cívicas, como la lucha por la apertura democrática desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), pasando por el Frente Nacional (1958-1974). Durante este periodo de coalición bipartidista se limitó la agencia real del pueblo, y la participación de sectores de la nueva izquierda. En este contexto de hermetismo político y social, asegura el informe, el movimiento estudiantil se alineó para enfrentar asuntos académicos, la recuperación de la democracia en las universidades y en la sociedad, así como “problemas de carestía de vida en los sectores populares y en general, problemas del modelo desarrollista que aumentaba las desigualdades sociales del país”.

Un segundo ciclo del movimiento estudiantil llega con el fin del Frente Nacional y allí un gran sacudido social que no se dio únicamente en los planteles universitarios de la capital sino en todo el país. Por ejemplo, la toma de tierras en 1971 por parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la movilización de universidades públicas como la UIS, y la Universidad de Antioquia, quienes se oponían a la reforma educativa impulsada por el aquel entonces ministro de educación, Luis Carlos Galán.

Vale la pena resaltar estos contextos de lucha social y estudiantil porque durante este tiempo y en las décadas siguientes con el gobierno de López Michelsen quien enfrentó el paro nacional de 1977, en el que los sectores universitarios, campesinos y sindicales fueron quienes lideraron las protestas contra reformas nacionales. Por ejemplo, la disminución al presupuesto de universidades públicas para concentrar recursos en la educación primaria.

Lo que siguió a partir de ese momento, según el documento, fue una escalada de la violencia en el país. Primero con represión a liderazgos sociales, estudiantiles y campesinos durante el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (1978-1982), el fortalecimiento de grupos guerrilleros como las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Movimiento M-19 (M-19) y el aumento del poder del narcotráfico, en el ámbito político y económico.

Tras el fallido proceso de paz de Betancur con la guerrilla de las Farc en 1982 y el posterior exterminio de la Unión Patriótica (UP), la violencia se ensañó con los sectores progresistas y de izquierda. “Ello se hace evidente, por ejemplo, con la desaparición y posterior asesinato de un grupo de estudiantes, la mayoría de la sede capitalina de la Universidad Nacional, acusados del secuestro y muerte de los pequeños hijos de un narcotraficante. Estos hechos serán conocidos como el “Colectivo 82”, con el que se dará origen a Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes)”, dice el informe.

Y continúa: “Este caso de desaparición colectiva estuvo precedido del asesinato del estudiante Patricio Silva en un ingreso de la fuerza pública a la universidad en 1978, nuevamente en el contexto de jornadas anti-electorales. En el mismo 1982 también fue asesinado por paramilitares cerca del campus el profesor de Derecho y defensor de presos políticos, Alberto Alava”.

Durante la década de los ochenta, los reclamos estudiantiles cambiaron. En comparación con los tiempos del Frente Nacional, en aquel entonces “se aumentó la exigencia de presupuesto adecuado para la dotación física de las universidades públicas, así como para un desenvolvimiento adecuado en lo académico, comenzando por la democracia interna y la necesaria participación de los estamentos universitarios en las grandes decisiones de las instituciones de educación superior”.

Y fue precisamente durante este periodo, que se dio uno de los hechos más violentos registrados por la Universidad Nacional: la masacre del 16 de mayo de 1984. El detonante de la movilización estudiantil que se desató aquel 16 de mayo fueron las torturas y el asesinato del dirigente estudiantil Jesus “Chucho” Humberto León Patiño, en Cali el 9 de mayo de ese año. León Patiño, estudiante nariñense de Odontología de la Universidad Nacional había defendido las políticas de bienestar y luchado contra la corrupción dentro de las universidades públicas.

Como rechazo a este crimen, los estudiantes de la UN convocaron a las protestas del 16. El inicio de la jornada transcurrió entre poemas, canciones y la agitación cultural por la memoria del líder estudiantil asesinado. Pero esto se escaló a enfrentamientos entre los universitarios y la Fuerza Pública. La Policía habría entrado al campus con cuatro de sus unidades: el escuadrón de motorizados, la fuerza disponible, los servicios de inteligencia F2 y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y habrían usado armas letales y no letales contra los estudiantes. Esto según el grupo Archivo El Búho, de la Universidad Nacional, quienes han registrado juiciosamente los hechos ocurridos aquel día y entregarán próximamente un informe detallado sobre este acontecimiento.

El saldo de civiles heridos y muertos han sido objeto de discrepancia. Lo que pasó ese día permanece todavía en la sombra. Pero, con base en testimonios y algunos medios como El Bogotano y la publicación estudiantil 16 de mayo, se estima que fueron decenas de estudiantes heridos, al menos 17 estudiantes muertos y un número difícil de determinar de desaparecidos. Uno de estos casos fue el del estudiante William Mayorga de Antropología, que fue desaparecido ese día y “cuyo cadáver fue encontrado en el barrio Santa Rita el 19 de junio”.

A finales de los años ochenta, bajo el gobierno de Virgilio Barco, no solo los líderes de izquierda sino también los sociales, sindicales y profesorales fueron amenazados y silenciados. En aquella época otras universidades como la de Antioquia fueron duramente atacadas. Vale recordar los asesinatos de los profesores de este plantel como Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez. Así como el asesinato de Jaime Pardo Leal, quien además de ser candidato presidencial de la UP, también era docente de la Universidad Nacional.

Los docentes han sido el objeto de múltiples hechos violentos. Pese a que los estudiantes representan el mayor porcentaje de víctimas, es necesario recordar entre ellos el asesinato de Jesús Antonio Bejarano, quien fue asesor de Paz de Barco y posteriormente del expresidente César Gaviría. Bejarano era economista de la Universidad Nacional y fue asesinado el 15 de septiembre de 1999 cuando entraba a dictar clases en el edificio de Contaduría de la UN. Hasta hace poco su crimen había sido objeto de diversas teorías, pero en octubre de este año los excomandantes de las Farc admitieron su responsabilidad por su asesinato y por el de Álvaro Gómez y el general Landazábal. El hijo del docente asesinado, Jesús Antonio Bejarano, pidió pruebas y explicaciones a los miembros de la extinta guerrilla sobre el asesinato de su padre.

Aquí el gráfico que muestra las víctimas de hechos violentos en la Universidad Nacional, según su estamento. Entre ellos estudiantes (84 %), docentes (12 %) y trabajadores (4 %):

Como se indicó anteriormente, fue durante la década de los noventa y la primera década del 2000 que la violencia contra la población estudiantil de la Universidad Nacional aumenta de manera desproporcional. Pese a los antecedentes sangrientos de las décadas anteriores, fue entre 1998 y 2002 que se disparan las violaciones contra los miembros de este plantel. Archila, académico y coordinador del informe, asegura que este periodo coincide con los picos de la agudización del conflicto armado a nivel nacional.

“La sede de Bogotá de la UN fue víctima de otras violencias del conflicto, no solo disputa territorial. Por ejemplo, las labores que hicieron los grupos paramilitares fue la represión de movimientos universitarios. La lógica era una función de controlar y reprimir la protesta, así actores sociales, en el caso de líderes sociales y estudiantiles”, añade Archila.

De acuerdo con la investigación, durante este lapso más violento durante la presidencia de Pastrana y Uribe Velez, “hubo un desplazamiento de los motivos de lucha de los integrantes de la Universidad Nacional”. Para aquella época, era la “exigencia al respeto por los derechos humanos, principalmente a la vida y a la libertad; seguido de manifestaciones en contra de los planes de desarrollo que profundizan el modelo minero-exportador y así mismo reclamaciones por la política social, las reformas constitucionales y las privatizaciones”.

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Uno de los hechos registrados en el informe es el allanamiento a la UN el 29 de noviembre de 2002, cuando Uribe Vélez llevaba solo tres meses como presidente. Aquel día, a las tres de la mañana, casi 3.000 agentes del Estado entraron a requisar las instalaciones del plantel. Aún queda la duda sobre qué motivó el allanamiento. Hay teorías sobre posibles amenazas a la Embajada norteamericana o ataques a la sede de la Fiscalía. Sin embargo, no han sido probadas y carecen de fundamento probatorio, según indica el informe. “Se trataría más bien, o yo lo veo así, como un acto de estigmatización contra la Universidad Nacional”, asegura Archila.

En los años posteriores, la violencia se agudizaba. En el año 2015 asesinaron al profesor y defensor de los derechos humanos, Luis Fernando Wolff Isaza quien dictó clases en la sede de Medellín de la UN. Y también se hace memoria del montaje judicial al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien fue capturado en México y acusado por el mismo expresidente Álvaro Uribe como “uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las Farc”. Beltrán recuperó su libertad en 2016 pero no pudo continuar con su vida universitaria por la estigmatización en su contra y las posteriores amenazas que recibió.

A continuación, así se distribuyen los hechos victimizantes registrados en el informe:

Para concluir, el informe caracteriza los responsables de los hechos victimizantes registrados en las últimas seis décadas. El primer lugar lo ocupan agentes del Estado (41 %), después responsables de quienes no se tiene información (33 %), paramilitares (18 %), guerrilla (5 %), sicarios (1%) y encapuchados (1%).

La apuesta de la investigación, como dice al inicio, busca aportar a la verdad histórica, que es más de “comprensión y explicación, no de juicio y sanción. Se trata de entender lo ocurrido para evitar que se vuelva a repetir y así invocar un radical nunca más”.

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