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En el marco de la conmemoración de los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, el director de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, hizo una invitación a no bajar la guardia en la lucha por la implementación de lo pactado. Recordó, además, que la entidad que dirige ha escuchado más de 16.000 testimonios de personas víctimas del conflicto armado y que vivieron hechos como el secuestro, la violencia sexual, el reclutamiento de menores, entre otros tipos de violencias. “Durante la pandemia hemos recibido centenares de documentos de organizaciones y hemos escuchado a militares, exFarc, y hasta exparamilitares condenados que nos han hablado desde las cárceles. Nos impresiona la cantidad de personas del país que se suman para contribuir a la verdad y esclarecer lo que nos pasó en Colombia en el conflicto”, dijo en medio de su intervención.
Sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el acuerdo para lograr la reparación de las víctimas y para esclarecer la verdad sobre lo que vivió el país en 52 años de confrontación armada con las antiguas Farc, el padre de Roux recordó la importancia de proteger a los líderes y lideresas sociales que, desde los territorios defienden los derechos humanos de las comunidades. “Esta pasión por la paz profunda está viva y lleva el dolor de los líderes y lideresas campesinas e indígenas que fueron parte de una multitud de más de 10.000 personas extraordinarias que nunca estuvieron de acuerdo con la guerra y que en los últimos 35 años fueron asesinados mientras soñaban que la paz era posible en Colombia”, dijo De Roux.
El director de la Comisión agradeció a las comunidades campesinas, resguardos indígenas, a las organizaciones de derechos humanos, a los jóvenes, a la guardia cimarrona, a las mujeres organizadas, a las distintas Mesas por la Verdad y a las redes de emisoras comunitarias que “vienen construyendo la paz, a través de iniciativas con verdadera pasión”.
El padre resaltó la importancia de trabajar articuladamente con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, para cumplir con los derechos de las víctimas del conflicto armado, esclarecer la verdad y recibir una reparación integral. Recordó, además, que “lo único sagrado debe ser la vida del ser humano, y más de los seres humanos destrozados, de las diez millones de víctimas que hay en Colombia. Los Estados no están para defenderse a sí mismos, ni el Estado colombiano, que está colombiano que está tan perdido en el sentido de sí mismo”.
Para finalizar su intervención, en nombre de la Comisión de la Verdad, invitó a los colombianos a no tener miedo: “Para que la paz continúe su marcha, les invitamos a no tener miedo. No tengan miedo a la verdad buscada en la escucha de todos los lados, la escucha contrastada, sometida a la crítica por encima de las ideologías políticas (...) Una verdad que se resiste al negacionismo y que se resiste al miedo”.
Por su parte, Luz Marina Monzón, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), hizo un balance sobre la entidad que encabeza y aseguró que “no habría ninguna posibilidad de desarrollar esta tarea (la búsqueda de desaparecidos) si estuviéramos solos o aislados”. Agradeció la articulación que han logrado con Medicina Legal, la Fiscalía y todos los organismos gubernamentales y las organizaciones sociales que han sumado esfuerzos para darle respuesta a las familias de las más de 120.000 personas reportadas como desaparecidas en la guerra.
Para la labor que realizan, explicó que trabajan un equipo de 190 profesionales de diferentes disciplinas que están distribuidos en 23 equipos y que son quienes se encargan de recorrer distintos territorios del país para acercarse a las víctimas de desaparición forzada. En lo que llevan de funcionamiento, cuenta, han podido visitar 800 de los 1.120 municipios de Colombia. " Hemos recibido 7.297 solicitudes de búsqueda y hemos prestado apoyo, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de sus seres queridos a 2.860 personas y a 21 organizaciones civiles; entre ellos, 12 familias en el exilio", aseguró Monzón.
La directora de la UBPD recordó que desde el pasado 6 de mayo pusieron en marcha el Plan Nacional de Búsqueda, que representa la estrategia integral para “hallar a las personas desaparecidas que ha dejado la guerra”. Las regiones y departamentos del país de los que la Unidad ha recibido solicitudes de búsqueda son: Meta, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Cesar, Valle del Cauca, el Magdalena Medio, el Pacífico, Antioquia y Casanare.
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Mencionó que durante este tiempo han dirigido sus esfuerzos hacia el Registro Nacional de Fosas y Cementerios Ilegales y Sepulturas “para ir desarrollando la identificación de fuentes, la sistematización de la información y estableciendo una estrategia ágil para la búsqueda e identificación de personas”, un trabajo que, según la funcionaria, no habría sido posible sin la articulación con otras entidades del Gobierno.
Sobre el trabajo que han concluido, señaló que la Unidad ha participado en la entrega de seis cuerpos de personas que habían sido dadas por sus familiares y concluyó hablando sobre la importancia de promover “la construcción de un acuerdo nacional que nos permita asumir que la búsqueda es un compromiso por la que debemos responder todas y todos los colombianos”.
Finalmente, durante la intervención de Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recordó la importancia de que la centralidad de la justicia transicional sean las víctimas del conflicto armado. “Para lograrlo, debemos reclamar de los comparecientes una verdad que debe ser plena, detallada, exhaustiva, minuciosa y con detalles que alivien el dolor a través de las certezas”. La presidenta de la JEP señaló que en el mandato de la jurisdicción han recibido 291 informes presentados por organizaciones de víctimas en los que narran los hechos y las denuncias que han hecho, a lo largo de estos años, por violaciones a los derechos humanos cometidas por exguerrilleros de las Farc, miembros de la fuerza pública y personas civiles.
Se refirió también a quienes, contra el acuerdo de paz y el mandato de la JEP, “cimientan sus discursos para negarle el paso a una alternativa histórica, que prescindiendo de las armas, quiere hacer realidad la paz en Colombia”. Linares recordó que la JEP es una entidad de justicia restaurativa, lo que la distingue de la justicia ordinaria, y fue enfática en que, quienes no estén comprometidos con contar la verdad exhaustiva y aportar en estos tribunales, perderían los beneficios de estar en la justicia transicional y podrían recibir penas carcelarias de hasta 20 años. “Pero sobre todo, habrán perdido la oportunidad de aliviar el sufrimiento prolongado de las víctimas y el propio llamado de sus consciencias individuales que, estoy segura, les reclama el trámite de sus acciones desde el relato doloroso pero necesario de los crímenes cometidos”.
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En los siete macrocasos que investiga la JEP, dijo Linares, están vinculados 9.757 exguerrilleros, 2.711 miembros de la Fuerza Pública y 117 terceros civiles. Quienes esperan una verdad y una justicia restaurativa son las 307.783 víctimas colectivas e individuales que participan activamente de esos procesos judiciales. “Aspiramos, no obstante a los efectos de la pandemia, a tener escritos de acusación en dos de los macrocasos abiertos".
Patricia Linares reconoció las críticas y presiones que han recibido como entidad del Sistema y comparó el sistema de justicia transicional que preside con el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia profirió 90 sentencias en 24 años. También habló sobre los tribunales de Camboya, que tardaron 16 años investigando cuatro casos contra 20 personas y aterrizó el comparativo a Colombia: “El Tribunal de Justicia y Paz, que es un valioso referente de justicia transicional, profirió su primera sentencia contra paramilitares hasta cinco años después de su mandato".
“50 años de guerra, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra en las que pareciera, estamos atrapados como sociedad", concluyó.