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“Las caras de la desaparición forzada y la violación al derecho de la vida en Vista Hermosa y Lejanías – Meta)” fue el documento que el pasado viernes 13 de marzo recibió el comisionado de la verdad Alejandro Valencia por parte de los familiares de 65 víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1985 a 2014. Específicamente, el informe se centra en los patrones de violencia evidenciados en dos tipos de crímenes: la desaparición forzada (38 casos) y los asesinatos selectivos (27 casos) cometidos en este periodo.
La entrega se dio en medio de un acto conmemorativo en el polideportivo La Esperanza, en el centro de Vista Hermosa en la mañana del viernes. Además del comisionado, también hicieron presencia voceros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para recibir los 38 casis de desaparición, y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el cual fue el encargado de recoger la información y los testimonios de las familias.
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El interés principal con el informe es que la Comisión de la Verdad, para su informe final sobre el conflicto armado en Colombia, “conozca desde las voces de las víctimas los hechos ocurridos en estos municipios, en los que se vieron involucrados agentes estatales y grupos paramilitares”. Menciona, por ejemplo, al Bloque Centauros, uno de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en parte del Meta, y de la IV División del Ejército, sobre todo, del Batallón de Infantería N° 21 Batalla Pantano de Vargas.
Además, reza el documento de 152 páginas, algunos de estos crímenes de lesa humanidad “fueron auspiciados de manera directa e indirecta por el Estado y los gobiernos de turno” porque favorecieron la creación de grupos paramilitares y ampliaron las facultades militares de las fuerzas armadas que en muchos casos fueron desmedidas.
Ejemplo de ello fueron las acciones militares para recuperar en 2002 las zonas de distensión creadas durante las negociaciones entre las Farc y el expresidente Andrés Pastrana. O el Plan de Consolidación Integral de La Macarena, una estrategia implementada en 2004 para la recuperación de los territorios del sur del Meta donde las Farc tenían dominio histórico.
El pico más alto en el que se dieron estos hechos fue durante el periodo 2002 a 2005. Allí, según el informe, por el incremento de las acciones militares y los enfrentamientos de los grupos era la población campesina la más afectada. En otros casos, paramilitares y militares asesinaban o desaparecían a los pobladores por ser supuestos colaboradores de las guerrillas.
Los 27 asesinatos (precedidos algunos por el secuestro y la tortura) ocurrieron entre 1990 y 2013 en Vista Hermosa y Lejanías. El 78% eran hombres y el 22% mujeres. Todos estaban en un rango de edad entre los 21 a 30 años. Y el 59% de los homicidios fueron cometidos por el Bloque Centauros.
“Las acciones se desarrollaban por lo general hacia aquellas personas que tenían trato directo con las habitantes del territorio y hacían viajes esporádicos a los municipios, pasando por “presuntos mensajeros de la guerrilla” para los grupos paramilitares e incluso para el mismo Ejército”. En general, por lo dicho por las familias, sobre todos ellos pesaba el estigma de ser “colaboradores” de las Farc.
Los asesinatos, al igual que las desapariciones, ocurrían en horas de la noche o en la madrugada, en zonas rurales apartadas. Otra manera de coger a las víctimas era a través de retenes ilegales que colocaban de camino a Villavicencio.
Con respecto a las desapariciones forzadas, el primer caso de una mujer desaparecida ocurrió en la vía Vista Hermosa a Granada el 15 de enero de 1985. El último registro -antes de la firma de paz con las Farc- fue de un hombre, también en Vista Hermosa, desaparecido desde el 3 de diciembre de 2014.
El 84% de estos casos fueron hombres y el 16% fueron mujeres. En Lejanías la situación es distinta: allá el 100% de los desaparecidos fueron hombres. En el documento explica que fue a raíz de que tenían mayor participación en las juntas de acción comunal y un rol más activo en el campo.
También se afirma que la mayoría de las personas desaparecidas tenían entre 12 a 20 años. Dado ese rango es muy probable que muchos casos no haya sido desaparición forzada sino reclutamiento forzado, dice el informe. Varios de ellos eran estudiantes.
No se ha logrado establecer quiénes fueron los grupos armados que desaparecieron a la mitad de estas personas. En Lejanías, sin embargo, se estableció que el 75% de los casos fueron cometidos por el Batallón 21 Vargas.
Un anhelo de justicia y verdad
El documento no se queda en las cifras y las estadísticas, también recoge los nombres y la información disponible (que por seguridad no publicamos) de las 63 personas víctimas de una guerra inhumana. Además, y aprovechando la entrega del informe a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también recogió sus peticiones.(Le puede interesar: Encuentran disparos en tres cadáveres que se exhumaron en la zona de Hidroituango)
La primera y principal, es que las familias de las víctimas quieren ser reconocidas en su lucha y búsqueda, no meramente catalogadas como víctimas. Esto a través del hallazgo de la verdad con sus seres queridos, el reconocimiento por parte del Estado y los grupos armados de su responsabilidad en estos crímenes y el acceso a la justicia. En este último punto no solamente esperan lo que debería de ser: que sus denuncias sean atendidas en el sistema judicial, sino que también haya un trato digno en las diligencias y por parte de los funcionarios.
Otro reclamo importante fue la distribución de la tierra, que sean compartidas “entre aquellos que tienen vastas extensiones de tierra sin producir con quienes no tienen” con el fin de apoyar el crecimiento económico familiar y regional. El anhelo de las familias de Lejanías es convertir este municipio como despensa frutícola del país.
Por último, le piden al Estado y sus instituciones que abran canales de colaboración accesibles a las víctimas, “en específico a las mujeres frente a la veeduría que se le realiza a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet)”, uno de los compromisos del acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las Farc.