Los índices de impunidad que involucran empresarios con el conflicto son altos

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Según la base de datos de la Corporate Accountability and Transitional Justice (Base de datos de Justicia Transicional y Responsabilidad Corporativa) en Justicia y Paz hay acusaciones a 439 actores económicos acusados de haber financiado o colaborado con grupos armados al margen de la ley en el conflicto colombiano, pero las condenas son casi nulas.

Tres investigadores asociados a la Universidad de Oxford lanzaron este martes el libro “Justicia Transicional y Responsabilidad Corporativa”, un documento en el que consolidan una base de datos sobre empresas y empresarios que tienen procesos de investigación por haber colaborado, financiado o haber sido cómplices de delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley en conflictos armados de varios países de Sudáfrica, Europa y Latinoamérica.

Entre todos los casos estudiados de Europa, África, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica, Colombia ocupa el segundo lugar con mayor número de casos de empresarios acusados de participar en el conflicto armado colombiano, con 439 actores reportados ante los tribunales de Justicia y Paz. “Hay algo muy importante y es la oportunidad que tiene Colombia de tener una Comisión de la Verdad vigente que tiene el mandato de develar lo que pasó en el conflicto con los empresarios, eso no ha pasado en todas las comisiones de la verdad que estudiamos”, comentó Leigh Payne, coautora del libro e investigadora de Sociología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford.

Sobre el caso de Colombia, Laura Bernal, docente de derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá y coautora de la investigación mencionó que el caso más icónico de los reportados es el de Urapalma S.A., en el que fueron involucradas varias empresas de aceite de palma que desplazaron forzosamente a una comunidad afro en alianza con grupos paramilitares y en la que hay 16 personas que pertenecían a las empresas, condenadas por desplazamiento forzado.“Una de las características de este caso es que es de los pocos donde hay condenados altos ejecutivos, además que hay que entender que haber participado de desplazamiento no es solo cometer un acto de desplazar con armas sino que impedir el retorno también es desplazar”, dijo la investigadora.

(Lea también: “Sí hubo pagos de empresarios a actores armados ilegales, pero también somos víctimas”: empresario del Meta)

La base de datos construida en el libro muestra las fases de las investigaciones en las que están los casos con las compañías. En el caso colombiano, se especifica que hay un caso en un tribunal civil que está en etapa de juicio adversarial (Maderas del Darien) y 19 casos que están en tribunales penales con las empresas Urapalma, Agropecuaria Palmas de Bajirá, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Palmas, Inversiones Fregni Ochoa, Alfonso Ardila Hoyos, Augura, C.I. Banafrut S.A., C.I. Unión de Bananeros de Urabá, Campo Elías de la Rosa, Manuel Morales, Chiquita Brands International, Drummond Ltd., Fondo Ganadero de Córdoba, Francisco Serna Palacios, Guillermo Gaviria Echeverry, Jaime Blanco Maya, Jairo Alberto Banquet Paez, Ocensa, Oscar Dario Ricardo Robledo, Oscar López, Pedro Nel Rincón, Uriel de la Ossa.

Otro de los casos que se documentan en detalle es el de Chiquita Brands, que admitieron haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia y a guerrilleros bajo “coacción”. Esta, según la coautora Leigh Payne es una de las razones más comunes por las que las empresas dicen haber cometido estos hechos. “Cuando estos casos se conocen, muchas empresas dicen que fue por extorsión que se aliaron o financiaron a grupos armados ilegales pero no es así con todos los casos, en realidad en muchas ocasiones es porque el fin último de una compañía son los ingresos económicos”.

De hecho, en el caso de Chiquita Brands se menciona en el documento que la empresa apeló en primera instancia “para desestimar el caso” y a principios del año 2018, la compañía hizo un acuerdo extrajudicial no revelado con las familias de las víctimas, por lo que la Fiscalía procesó a 13 empresarios de la empresa por presuntamente haber financiado a grupos paramilitares. Sin embargo, aunque el caso ha estado en varios estrados judiciales, no se ha logrado llegar a un juicio final ni en Colombia ni en otros países como Estados Unidos donde se elevaron las denuncias.

Y como muchos otros casos del conflicto armado, los índices de impunidad de los que involucran a empresarios son altos. Aunque no se menciona cuánto puede ser el índice, Gabriel Pereira, investigador argentino explica que lo que hallaron en la investigación es que “hay un veto empresarial muy poderoso para que muchos de estos casos en el mundo no sean resueltos a favor de las víctimas”.

(Vea: “Hay que esclarecer la responsabilidad de los empresarios en el conflicto”: Annelen Micus)

Incluso, uno de los capítulos del documento, titulado Veto Corporativo explica que el poder de las empresas “les da una capacidad de escapar de la justicia por violaciones graves (...)”. En palabras de los investigadores, el gran hallazgo es que cuando las grandes empresas multinacionales se han visto envueltas en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, en la mayoría de los casos han fracasado las investigaciones en su contra.

De acuerdo con Bernal, el papel de los “terceros civiles” que está específico como uno de los actores del conflicto armado en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Comisión de la Verdad, es fundamental para lograr esclarecer lo que ha pasado en el país con grupos económicos y sus modus operandi con los grupos armados al margen de la ley. “Cuando nosotros revisamos los documentos de Justicia y Paz donde se mencionaban esos más de 400 empresarios nos dimos cuenta que el trabajo y los hallazgos que habían allí eran históricos. Son muchísimos casos que han quedado allí pero sobre los cuales hay muy pocos resultados”, señaló.

Una de las dificultades para esclarecer estos casos de responsabilidad empresarial, según los autores, es la dificultad para llegar y entender la línea de mando de las empresas. En la mayoría de casos en Colombia y en el mundo se condenan a trabajadores de rangos bajo y medio y no a las “cabezas”. La razón, según explicaron en un conversatorio moderado por el portal DeJusticia, es porque es muy complejo llegar hasta los altos ejecutivos que, en muchas ocasiones, dan las órdenes.

La labor de la Comisión de la Verdad, según los tres analistas, será fundamental para conocer nuevas formas, modus operandis, patrones y sistematicidad de los hechos cometidos por actores económicos. Bernal aseguró que: “Lo más complejo del sistema de justicia transicional colombiano es que ya sabemos que no se permitió que la comparecencia de los terceros civiles en la JEP fuera obligatoria sino que son los mismos casos que ya se conocían y que tenían investigaciones abiertas en la Fiscalía o en Justicia y Paz, eso repercute en algo muy lamentable y es que desde la JEP no sancionará nada nuevo en esta materia”.

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