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En un salón estaba María Sanabria y, a su lado, su hijo Anderson. Sentados en calidad de asistentes al juicio oral contra Pedro Antonio Gámez Díaz, el hombre que, bajo engaños, se llevó a Jaime Estiven Valencia Sanabria, otro hijo de María, desde Soacha (Cundinamarca) hacia Ocaña (Norte de Santander). Una vez ahí, Jaime Estiven, que entonces tenía 16 años y cursaba sexto de bachillerato, fue asesinado por militares y presentado como N.N., como miembro de una ‘bacrim’, "dado de baja en combate".
Al frente de la madre y el hijo estaba la imagen del acusado, proyectada a través de una videoconferencia, porque se encuentra recluido en el Batallón del Ejército Cantón Militar de Nápoles, en Cali (Valle del Cauca), a pesar de ser un civil. Según fuentes cercanas al proceso, Gámez ganó una tutela en la que presentó una certificación expedida por un funcionario de la Defensoría del Pueblo que establecía que, para el momento de los hechos, él era militar. Esta fuente dice que no fue así, el condenado fue militar hasta abril o mayo de 2007 y los hechos ocurrieron en 2008.
Esto genera gran preocupación en la Asociación Minga, quienes acompañaron el proceso, y en las mismas familias, pues estar en una guarnición militar es un beneficio al que no tiene derecho como civil y menos por los delitos que cometió. El reclamo es que debería estar, y pagar su condena, en un centro carcelario.
El hombre, que estaba siendo juzgado por desaparición forzada y homicidio agravado, se movía constantemente. Se paraba, se sentaba, se tocaba la cara, incluso se ausentó por un momento. En sus respuestas, sin embargo, se escuchaba tranquilo.
Este juicio oral era producto del acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación con Gámez, que, a cambio de una rebaja de su pena, se comprometió a colaborar con la justicia. Diciendo la verdad de lo que pasó en los cinco casos en los que participó como reclutador de los mal llamados “falsos positivos”. Cinco jóvenes de Soacha que, al igual que el hijo de María, desaparecieron en 2008: Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, de 17 años; Daniel Alexander Martínez, de 21 años; Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años; Julio Cesar Mesa Vargas, de 24 años; y Jaime Estiven.
Durante el juicio, en el Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca, se leyó ese preacuerdo, que relataba con detalles los hechos de desaparición forzada y posterior homicidio en los que participó, como coautor, Gámez: un reclutador de los falsos positivos.
La historia de cinco jóvenes
Debían tener un perfil específico, dijo la fiscal. Gámez estaba encargado de contactar a jóvenes sin empleo, o con adicciones a drogas o alcohol, para ofrecerles un supuesto trabajo en Ocaña. Los jóvenes se iban voluntariamente con Gámez, a quien, a su vez, militares le giraban dinero para el transporte y pago por esta tarea. Un millón de pesos por joven, según Alexander Carretero Díaz, otro reclutador ya condenado a 44 años de prisión por los mismos crímenes.
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Llegando a Ocaña aparecieron los militares, esos que querían bonificaciones o reconocimientos por las bajas que presentaran en combate. Dos días, máximo una semana, después de que los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos, ingresaban a la morgue de Ocaña sin identidad, supuestamente abatidos en combates entre grupos armados ilegales y el Ejército Nacional.
Pero los jóvenes realmente no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley ni estaban armados en el momento de su desaparición. La coordinación de los crímenes incluyo una decena de nombres, entre ellos a Alexander Carretero Díaz y militares.
La sentencia
El abogado defensor, la fiscal, el representante de Ministerio Público y los abogados de las víctimas se limitaron a dar su aprobación a lo establecido en el preacuerdo. La jueza escuchó y preguntó al acusado si estaba de acuerdo. Pedro Antonio Díaz Gámez dijo “sí, señora” y “no, señora”, a la pregunta sobre si tenía dudas. La sentencia fue de 39 años de prisión y el compromiso de decir la verdad.
María, la madre de Jaime Estiven Valencia Sanabria, y su hermano Anderson dicen que, después de 10 años de exigir justicia junto al acompañamiento jurídico de la Asociación Minga, les queda el sinsabor de no conocer la verdad. "Nos tocó aceptar un preacuerdo, pero no nos dicen quienes dieron esas órdenes. No tenemos los nombres de los que mandaban y ya llevamos 10 años en esto", dice Anderson. Sí, la ejecución extrajudicial como fenómeno está documentada, según la oenegé Human Right Watch hubo al menos 3.000 casos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación habla de más de 4.000. En Soacha fueron 19. Pero siguen sin saber quién dio la orden, quién sabía que en Soacha, como en otros municipios y ciudades del país, el conflicto armado se degradó tanto que se alimentó con "bajas" de jóvenes que nunca estuvieron en combate.