Entregan 479 historias de violencia sexual a la Comisión de la Verdad

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La Fundación Círculo de Estudios documentó 479 casos de 455 mujeres y personas LGBT, acompañadas por la organización, que sufrieron estas violencias por parte de actores armados en el conflicto. El informe Derecho de Vozs analiza los impactos de las violencias sexuales en la vida y la salud física y mental de las víctimas.

El miedo, la ansiedad, la depresión, el peso del secreto, el daño en las relaciones de pareja, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos, los abortos, los trastornos en la conducta alimenticia: todos son secuelas que pueden dejar las violencias sexuales, y que han dejado estos crímenes en los cuerpos y vidas de las mujeres y de las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans) después de sufrirlos durante el conflicto armado. Sin embargo, los análisis y la verdad de las víctimas de este, el delito más negado por los actores armados, siguen siendo una deuda con las víctimas.

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Para aportar a la verdad de las mujeres y de las personas LGBT, la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos hizo el informe “Derecho de vozs”, que documenta y analiza 479 casos de violencia sexual que vivieron 455 mujeres en 25 departamentos del país. Esta organización, que en 11 años ha acompañado psicosocialmente a casi 1.400 víctimas, le entregó el documento a la Comisión de la Verdad, esperando así que las historias de estas personas ayuden a la comprensión de qué les sucedió a las mujeres y a las personas LGBT en el marco del conflicto armado. Un capítulo que debe esclarecer la Comisión en su informe final que será presentado a la sociedad civil en 2021.

“Derecho de vozs”, sin embargo, empezó a ser construido desde mucho antes de que la Comisión existiera, pues la documentación de los casos que acompañaba el Círculo de Estudios comenzó hace seis años.

“El informe aporta en la reconstrucción de la verdad de las víctimas, que es nuestro principal objetivo: apoyar a Colombia en la memoria histórica y en la participación injusta y dramática de las mujeres y de las personas LGBTI en un conflicto entre actores armados. También aporta una lectura sobre cómo el ejercicio de la violencia sexual ha sido sistemático, profundizado y ejercido por todos los actores armados legales e ilegales”, explica Nohra Álvarez, directora de la Fundación.

“Ellos llegaban a la parcela y obligaban a las mujeres a atenderlos sexualmente, no les importaba que fueran niñas o adultas, para ellos todas las mujeres del corregimiento eran iguales y para hacer lo mismos: tenían que hacer lo que ellos decían y por miedo lo hacían; les pegaban, las violaban, las maltrataban”, dice el testimonio de Jessica (caso 056), en Magdalena.

En estos 479 casos, los mayores tipos de violencias sexuales ejercidos contra las víctimas son el acceso carnal violento, la desnudez forzada y los comportamientos sexuales abusivos. Y, para el caso de las mujeres, que representan el 84,6% de casos, se unen variables como la discriminación, el aislamiento, el racismo y la presencia consolidada de grupos armados en sus territorios. “En las regiones de Nariño, Chocó y algunos lugares de la costa Caribe la presencia de los grupos armados es dramática. Está en los barrios, en la zona rural, lo que incide en que la ocurrencia de los casos sea mayor”, explica Álvarez.

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El 42,2% de los casos documentados fueron cometidos por guerrillas; el 40,7% por paramilitares; el 0,8% por agentes del Estado; y en el 16,3% de los casos las víctimas no identificaron al actor armado.

Y las mujeres están más expuestas. La investigación evidencia que, en contextos de explotaciones mineras ilegales con presencia de grupos armados, “se ejerce la violencia sexual como una forma de tortura y también como una forma de intimidación a las poblaciones. A través de los cuerpos de las mujeres se busca controlar todo el territorio: esposos, padres, hijos”, expone la directora de la Fundación. Además, encontraron casos en los que las mujeres, para impedir que sus hijos e hijas fueran reclutadas por guerrillas o paramilitares, lo “cambiaban” por una violación.

Para el caso de las personas LGBT, opera la violencia por prejuicio, fundamentada en el patriarcado y los roles de género impuestos que, al no ser “cumplidos”, motivó estas violencias a modo de “corrección” o de castigo. Así lo relató una víctima.

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“«Me dijo (el victimario) que esto me había tocado por ser gay y que si fuera ‘macho’ nada de esto me estaría pasando». Luego de los hechos, Pablo compartió lo ocurrido con sus padres, quienes lo culparon de las violencias sufridas diciéndole que «eso le pasaba por irse a buscar lo que no se le había perdido”. Pablo (caso 579).

Por la manera en la que construyó el informe, los detalles sobre las afectaciones psicosociales, de la salud mental y de la salud física son amplios:

“Ya después de eso no soy muy amante de los hombres, no me gusta tener relaciones. No he tenido marido desde esa vez. Mi vida sexual se vio completamente afectada, no siento ningún placer con las relaciones sexuales, no siento nada por los hombres, no siento amor por ellos. Allá yo antes cultivaba, estaba pendiente de los animales y la vida me gustaba; después de eso ya perdí el interés en todo. Los grupos armados hicieron y deshicieron con la gente, con las propiedades y con uno como persona”: Ada (caso 350), Chocó

O afectaciones a la niñez:

“Ese fue el peor día de mi vida, sentí que dejé de ser una niña feliz y me sentía culpable por cómo estaba vestida. Cada día pensaba en lo que me había pasado, y era peor porque no podía contarle a mi mamá que era mi mejor amiga. Me dijeron que la mataban si contaba y yo sentía que tenía que protegerla”. Elvira (caso 208), Cesar.

O incluso en el acceso a la educación:

“No me gustaba que otros me vieran mal o triste y por eso me encerré, yo prefería sufrir sola, en silencio. Vivía con miedo y lloraba todo el día. Tuvimos que dejar la vereda donde vivíamos y por eso me tocó dejar de estudiar. Luego intenté volver a estudiar, pero todo era muy difícil y me tocó comenzar a trabajar”. Cristina (caso 291), Antioquia.

Y también aparecen los trastornos de sueño, el uso desproporcionado de sustancias psicoactivas y las afectaciones físicas, que también están asociadas al bienestar psicosocial: enfermedades de transmisión sexual, embarazos y abortos.

Por esto para el Círculo de Estudios era clave que el ejercicio de búsqueda de la verdad fuera más que la documentación de los casos. “Para nosotros ha sido fundamental que el trabajo psicosocial se asocie a la mejoría de las condiciones psicosociales de las víctimas”, dice Álvarez.

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Con esta entrega a la Comisión, esta organización quiere dejar claro que las violencias sexuales fueron utilizadas como una forma de tortura y una estrategia de control territorial por parte de los actores armados, y que las víctimas, quienes resistieron, merecer verdad y justicia.

Por esta razón también entregarán este informe a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero únicamente incluyendo los casos de su competencia, es decir, los que están relacionados con las Farc y con la Fuerza Pública.

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