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Este viernes 13 de septiembre, faltando tres días para que prescribiera el crimen de uno de los periodistas más destacados del Cesar, Guzmán Quintero Torres, la Fiscalía anunció que su asesinato fue declarado delito de lesa humanidad, es decir, que la investigación no se podrá detener hasta que se juzgue y condene a los responsables.
La familia de Quintero ha luchado durante 20 años para que en la justicia no precluyera el caso. Si bien durante este proceso se dictaron condenas contra Jorge Eliécer Espinal Velásquez y Rodolfo Nelson Rosado Hernández, los presuntos sicarios que le dispararon el 16 de septiembre de 1999 en el Hotel Los Cardones, su familia asegura que no se ha esclarecido la responsabilidad de las Fuerzas Militares de la región y su complicidad con los paramilitares en este crimen.
Por eso, la noticia que escucharon por parte de la Fiscalía los llenó de emoción. Su padre, Guzmán Quintero, se enteró al medio día y de inmediato se reunió con el resto de la familia y antiguos colegas de su hijo en su casa en Valledupar. Contó que todos lloraban de la felicidad, aunque el dolor de perder a su hijo nunca va a desaparecer. “Mi esposa es una de las que no ha podido superar ese crimen, esa falta de nuestro hijo”, agregó.
Él espera que esta decisión sea acertada y sirva a “esa necesidad de cambio que necesita nuestra sociedad al aplicar la justicia. Esto nos garantiza que por lo menos no se va a cerrar el caso y que en cualquier momento puede haber verdad e indemnización por todo este daño tan grande que nos han hecho”.
Guzmán Quintero Torres trabajó en El Heraldo de Barranquilla y como corresponsal del noticiero Televista de Telecaribe, y a sus 34 años, la edad que tenía cuando murió, era el jefe de redacción del periódico El Pilón de Valledupar. A través del periodismo denunció los abusos de militares en el Cesar y La Guajira y documentó los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Batallón La Popa en los años 90.
Su hermano, Yury Quintero, fue quien se apersonó de la batalla legal para que Fiscalía investigara este delito. En el 2014, publicó el libro “¿Quiénes y por qué asesinaron al periodista?, donde recoge el trabajo periodístico de su hermano y denuncia quiénes lo amenazaron. Para él, después de un desgaste físico, emocional y económico de 20 años, como lo describe, ya terminó su labor. “De aquí en adelante, el proceso de investigación corresponderá a la Fiscalía y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha llevado este caso en los últimos años”, señaló.
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Justamente, antes de conocer la noticia, Yury estaba organizando la conmemoración de los 20 años del asesinato de su hermano. Iba a imprimir la tercera edición del libro y estaba convocando a un plantón en el Colegio Nacional Loperena, en Valledupar, para exigir justicia. “Ahora queremos hacerlo en la plazoleta de la Gobernación del César, porque la convocatoria va a crecer con esta noticia”.
A pesar de que también sintió un tanto de alivio y alegría con la declaratoria de lesa humanidad, aseguró que también le preocupa que incrementen las amenazas en contra de su vida. En 2015 y 2018 recibió intimidaciones que lo llevaron a exiliarse por un tiempo en España, por buscar la verdad de la muerte de su hermano. Actualmente tiene un esquema de protección, pero va a pedir que sea reforzado.
“Ahora se agudiza el proceso investigativo y hay unas declaraciones bastante importantes, muy contundentes que han implicado a personas de manera específica, tanto de la comandancia de la Policía como del Batallón La Popa de la época. Es una amenaza latente. Creo que saldré de la ciudad porque hay que preservar la vida”, afirmó de manera tajante.
¿Quién fue Guzmán Quintero Torres?