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Hace 14 años fue encontrado en el cementerio de Granada (Antioquia) un cadáver que despertó las suspicacias de sus pobladores. Mientras los familiares de la víctima, identificada como Luis Humberto Giraldo Morales, indicaron que él era un campesino que trabajaba en su finca en la vereda Los Medios, el Ejército aseguró que fue abatido en el marco de la Operación Espartaco y lo presentó como un miembro de la guerrilla del Eln.
Desde ese momento, los familiares iniciaron un proceso judicial que hasta hace poco alcanzó los primeros resultados. En un reciente fallo, el Consejo de Estado condenó a la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército) por hechos ocurridos el 19 de abril de 2004, a las 9:00 a.m., cuando Giraldo trabajaba en una finca de su propiedad, ubicada en la vereda Los Medios. Los familiares de la víctima aseguraron desde entonces que miembros de la fuerza pública llegaron hasta ese punto, lo montaron a un caballo y lo obligaron a irse con los uniformados con rumbo desconocido.
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Al cabo de dos horas, en el sitio conocido como La Inspección, los vecinos escucharon dos tiros de fusil. Los demandantes aseguraron que en ese momento no se registraron enfrentamientos en la zona, en donde han confluido desde la década de los ochenta diversos actores armados.
Al día siguiente, el cadáver de Giraldo Morales -quien fue presentado como alias Yupi- fue encontrado en el cementerio de Granada, donde fue identificado por sus familiares. Ellos seguraron que el cuerpo estaba desnudo, pero que a su lado había un uniforme camuflado. “Aunado a esto, el Ejército Nacional rindió informe sobre un supuesto combate e identificó a la víctima como guerrillero muerto en combate”, indicaron.
En el reporte de resultados operacionales de la misión táctica se explica que además de la baja, los militares se incautaron de un fusil G-3, dos proveedores, un chaleco portaproveedor, una granada de fusil y munición de reserva.
La víctima recibió dos impactos de bala de fusil en su rostro (uno a la altura del labio superior y otro en el oído derecho), lo cual, según sus argumentos, revela que no se trató de una muerte producida en combate, sino que fue ajusticiado. Insisten en que se trató de una práctica sistemática en la zona.
Sobre este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había declarado la responsabilidad de la Nación por este caso, “aunque las investigaciones penal y disciplinaria no aportan decisiones de fondo”. No obstante, seguían sin resolver algunos interrogantes: ¿si la víctima cayó en combate, por qué las labores de levantamiento se realizaron en el cementerio? ¿Por qué los miembros del Ejército hablaban de un cadáver y la Fiscalía de dos? Además, las descripciones de la víctima no coincidían con la descripción de Yupi.
También tuvo en cuenta las aparentes contradicciones de al menos cuatro militares que habrían sido testigos de la muerte de Luis Humberto Giraldo: “Mientras el primero afirma que la víctima murió en el intercambio de disparos con el puntero de la tropa y que no lograron ver más subversivos, el segundo aseguró que el combate duró aproximadamente una hora y que “eran por ahí unos 20 subversivos del noveno frente de las FARC”; el tercero atestó que el enfrentamiento duró 15 minutos y el cuarto afirmó que el combate duró hora y media, pero que el intercambio fue únicamente con la víctima”.
El alto tribunal, a su vez, resaltó un informe de la Personería Municipal de Granada sobre operaciones realizadas por el Ejército durante los años 2003 y 2004 en el que se relacionan declaraciones de los campesinos de la zona “que ponen de presente el acoso reiterado de los uniformados, retenciones ilegales y homicidios”.
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En el recurso de apelación que interpuso el Estado, el Ministerio de Defensa y el Ejército indicó que se desconocieron las pruebas aportadas por las entidades demandadas; que no se tuvo en cuenta la inexistencia de fallos condenatorios ante la Justicia Penal Militar o ante la Procuraduría; que debió “darle mayor peso probatorio a los testimonios del personal militar que hizo presencia en el lugar de los hechos y no a los testigos de oídas”. Por otra parte, también cuestionó por qué no se tuvo en cuenta la advertencia que hace el CICR en su página web en relación con que en la zona hay “campesinos que actúan como tal de día y como combatientes de noche”.
En ese orden de ideas, para el Consejo de Estado fue posible inferir que los militares simularon la existencia de la hostigación y el enfrentamiento armado, “para borrar toda prueba o indicio sobre la forma y los motivos que llevaron a los uniformados a acabar con la vida del señor Giraldo direccionar el curso de las investigaciones penales y disciplinarias y lograr que el asunto fuera conocido por la justicia penal militar y el archivo de la actuación penal y disciplinaria”.
La muerte de Giraldo, dijo el alto tribunal, es una grave violación a los DD.HH. y no puede justificarse bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario.
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Por esta razón, la Sección Tercera del contencioso administrativo declaró la responsabilidad de la Nación y le ordenó a pagar una suma superior a los $81 millones a los familiares de la víctima, así como a realizar un acto de perdón. El Ministerio de Defensa y el Ejército, además, deben levantar una placa en memoria de la víctima.
Finalmente, ordenó remitir el proceso a la Jurisdicción Especial de Paz para que verifique su competencia y exhortó a la Fiscalía adelantar la respectiva investigación penal, por lo que le enviará la copia completa del expediente.