La historia de Manuel Alonso, el excombatiente No. 248 asesinado en Colombia

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Al finalizar el 2020, la cifra de homicidios de excombatientes en el país fue una tragedia: 249 vidas silenciadas. Manuel Alonso, quien se dedicó al estampado artesanal y la carpintería en su proceso de reincorporación, fue la penúltima de ellas. Esta es su historia.

En el marco de mi trabajo como investigador adscrito a los temas de posconflicto y memoria en el país, visité la Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monterredondo, en Miranda (Cauca), entre 2018 y 2019. Uno de los excombatientes que conocí fue a Manuel Alonso, conocido en la guerra como Romel o Carmelo. De palabras concretas y mirada fija, siempre se presto cálidamente a contarme algo de su historia y de su labor actual.

“Tengo 53 años. Nací En Herrera (Tolima) y viví allá hasta los 16 años en una casa campesina hecha toda en Bareque. Tenía 14 hermanos, siendo yo uno de los últimos. De esos tiempos, me acuerdo mucho jugando a ser soldados y a montar caballos, todo con palos, porque a veces no había plata ni pa’ comer. Estudié hasta tercero de primaria en la Vereda Santa Rosa (Herrera, Tolima). La profesora era joven, se llamaba Alicia González y antes estaba la profesora Estella Ospina, mujeres que yo consideraba tenaces por ir a dar clases en sitios tan perdidos en el mapa”.

Sin embargo, como el mismo lo contaba, a veces la vida en el campo colombiano se va gestando según las necesidades del momento, siendo el hambre y la guerra, quizás las que más arreciaban desde los 70 hasta nuestros tiempos.

“A mí me toco trabajar desde los nueve años pa’ arriba. Ahí me toco dejar la escuela. Cogíamos café desde muy temprano y cargábamos leche hasta tarde. Mi primer trabajo era hacer esos oficios en la finca donde me pusieran. Luego, un día el M-19 se tomó el pueblo. Yo tenia ya ahí 16 años y vi en ellos una figura emocional que no sabría cómo explicarla. Uno a esa edad no se va al monte por convicción, ni por venganza, sino por emoción. De pronto son locuras que uno comete. Sin embargo, ya dentro de la guerrilla a uno le explican el origen de la guerra: los terratenientes, las cinco o seis familias que gobiernan este país, los campesinos sin salud y educación. Y se pone uno a analizar todo esto y es la verdad”.

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En medio de ese paso por la guerrilla, siendo aún un niño, Manuel Alonso apuntaba a mencionar cosas y hechos que, en muchos casos, los antiguos integrantes del movimiento guerrillero no suelen referirse con frecuencia: “Uno de niño en el campo, por lo menos en los años 70, siempre era explotado por terratenientes, por la gente de la ciudad o hasta por el mismo Gobierno. La guerrilla siempre procuraba ubicar a los niños que recogía producto de la orfandad en hogares campesinos, escuelas o refugios de paso. Pero en muchos casos, los perseguían pa’ matarlos o no se hallaban en ninguno de estos lugares. Ahí la guerrilla los cobijaba como otro miembro familiar: no se le daba fusil a temprana edad, no hacían guardia, no cargaban nada pesado, no entrenaban y se les alimentaba según su necesidad. Por fortuna detrás de cada niño había un comandante pendiente, como su papá, el respondía absolutamente por todo lo del chino”. Esas versiones hoy se están contrastando ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde hay se adelanta un caso de reclutamiento de menores de edad.

Manuel integraba la guerrilla del M-19, que se movía entre los departamentos de Cauca, Valle, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda y Chocó. Cinco años después de su ingreso, logró su primer ascenso.“Frente a los rangos en el M-19 había una característica muy especial. Había que cumplir cinco requisitos para tener mando: uno, antigüedad; dos, capacidad militar; tres, capacidad política, 4. Don de Mando; 5. Nivel ideológico definido. Con esos cinco requisitos yo obtuve mi primer ascenso, teniendo ya serias responsabilidades”, relató.

Una vez esa guerrilla entregó las armas, Manuel se unió a las Farc hasta el 2013, cuando fue capturado. Tres años después fue liberado en el marco del Acuerdo de Paz, firmado entre esta extinta guerrilla y el Estado colombiano, en 2016, y así uniéndose finalmente al proceso de reincorporación en el ETCR de Monterredondo.

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“La guerra es muy deshumana, uno a nadie se la desea. De hecho, allá es donde yo agradecía todas las noches por el solo hecho de estar vivo. Cuando uno va a la guerra, se está muerto o en la cárcel. Gracias a Dios hoy estoy vivo y libre. Aún tengo recuerdos muy feos de todo esto: Ver a un compañero en pedazos, ver a un soldado despedazado. La guerra lo endurece mucho a uno. Lo aterriza. Los medios muchas veces muestran el espectáculo de la guerra, una versión errada de la misma. Tienen un sesgo muy marcado de afectar políticamente a la insurgencia que, porque tiene niños, que porque cuentan las verdades tarde, pero nunca se preguntan por qué están esos niños ahí o porque la historia del país nunca ha permitido otras voces”.

Manuel Alonso fue asesinado el 27 de diciembre de 2020, en la carretera que va de Florida (Valle del Cauca) a Miranda (Cauca).

ETCR de Monterredondo (Cauca), una reincorporación a paso lento

Desde su reincorporación hasta el pasado 27 de diciembre, Manuel se entregó totalmente a dos proyectos ligados a crear oportunidades de empleo y de reinserción en el ETCR de Monterredondo: La Leyenda, un proyecto de estampados artesanales y, por otro lado, el trabajo de grabado en Madera.

Ambos proyectos, hechos a pulso por el propio Manuel, siempre se veían a la espera, porque no tenían ningún respaldo económico y técnico que les posibilitara adquirir los materiales o la experticia necesaria para el emprendimiento. Sin embargo, esta condición no era propia solo de Manuel Alonso, se sentía en cada rincón del ETCR de Monterredondo: un inclemente abandono estatal.

Aparte de lo ya retratado frente a la ausencia de apoyo para el emprendimiento de los excombatientes, existían dos temas claramente urgentes en este mismo ETCR: el apoyo en la construcción de infraestructura básica dentro del espacio territorial, como baños, lavamanos y lavaderos, y lo concerniente a los procesos formativos básicos de excombatientes, es decir, la primaria y el bachillerato.

Frente a lo primero, las imágenes hablan por sí solas: proyectos de unidades básicas de baño inconclusos, a la intemperie y totalmente abandonados. Sobre esto, había una suerte de decepción marcada por los mismos excombatientes, puesto que era impotente ver como cada día pasaba y quienes entregaron los materiales no se hacían cargo.

Ellos mismos empezaron a estudiar, por internet o por algún vecino de la zona que les ayudaba, ejercicios básicos de soldadura, de ebanistería o de orfebrería, que les posibilitaría hacer algo para no depender de decisiones externas, alejadas de su propia realidad. Fue así como lograron adecuar su espacio.

El segundo tema resultaba ser aún mas escandaloso. La formación educativa de excombatientes en este ETCR era un asunto totalmente a la deriva. Manuel, entre otros compañeros, veían clases los fines de semana con profesores que hasta llegaron hasta finales del 2018 a la zona, luego de largas trabas entre el Gobierno, las ONGS y los intermediarios en dichos convenios. Un excombatiente en este ETCR incluso dijo: “Nos habían dicho que todo estaba listo para ver clases en febrero, y mírenos, hasta ahora noviembre vamos a empezar a ver los primeros cursos de primaria”.

Todos estos temas en la ETCR de Monterredondo son el reflejo apenas de una situación que pone totalmente en riesgo la continuidad para cientos de excombatientes y sus familias, pues reconocen en ellos algo esencial para reincorporarse a la vida civil: tener estudios de primaria y bachillerato y asistencia técnica y financiera que les posibilite tener empleabilidad sabiendo un oficio.

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249 excombatientes asesinados, ¿qué viene para 2021?

El país cerró este año con la alarmante cifra, según datos de Indepaz, de 249 excombatientes de las FARC asesinados. Para el caso de Monterredondo, donde actualmente viven tan solo 20 excombatientes y 16 de sus familiares, la situación no ha sido nada fácil.

Allí, el cerco social se ha cerrado bastante a raíz de amenazas ligadas a grupos ilegales que ya no sólo los obligan a irse, sino, además, instan a la comunidad a levantarse contra su propia presencia. Según lo cita la Silla Vacía en un artículo titulado La violencia también desplaza masivamente a excombatientes de Farc, el 16 de junio de 2020, a partir de panfletos contra comuneros y campesinos, los grupos ilegales han declarado objetivo militar a cada uno de los excombatientes ligados a esta ETCR: “El proceso de reincorporación ya no está cumpliendo los objetivos y por el contrario están aumentando la red de informantes. La vereda Monterredondo es un nido de sapos”.

Igualmente, el departamento del Cauca es la zona del país donde mas excombatientes han sido asesinados este 2020: 18,15 % según datos de la Revista Semana. Cabe recordar que en esta zona hay dos estructuras disidentes del proceso: la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, hecho que empeora aún mas la situación de seguridad para estos excombatientes de la ETCR de Monterredondo.

Sin embargo, ¿hasta allí puede llegar la hipótesis de los posibles responsables de estos crímenes? No. Según los excombatientes, la situación es mucho mas complicada y es imposible señalar a las disidencias como las únicas responsables. También existen otras problemáticas, como el narcotráfico; la presencia de estructuras de la guerrilla del ELN, que en medio de su último paro armado lanzaron amenazas a todo el departamento, e incluso el actuar del Ejército Nacional, que cuenta con batallones de alta montaña y siempre ha sido un actor, por lo menos de análisis, en las ecuaciones sobre guerra y paz en este parte del país. Vale la pena recordar que en episodios trágicos como el de Dimar Torres, Flower Trompeta, Abelardo Liz y Juliana Giraldo, la actuación del algunos miembros del Ejercito ha sido puesta en tela de juicio frente a sus funciones de protección civil y salvaguarda poblacional.

Las cifras demuestran este enfrentamiento. Está claro que, en el Norte del Cauca, existe una marcada recurrencia de homicidios de excombatientes ubicados en siete municipios concretos: Argelia, Caloto, Caldono, Santander de Quilichao, Corinto, Buenos aires y Miranda, donde asesinaron cerca de 30 personas, entre el 2017 y el 2020, según datos del portal Cerosetenta.

Todo esto presupone para el 2021 una trágica continuidad de las alarmantes cifras de 249 excombatientes asesinados y de las organizaciones ilegales en el país. El ultimas, el Gobierno tendrá la necesaria tarea no solo de establecer medidas de protección efectiva para los excombatientes, sino, además, asegurar un proceso de reincorporación visible y consecuente con sus realidades para mitigar las deserciones masivas de excombatientes que por un lado del río ven muerte y persecución, y por el otro, según ellos, abandono y total desidia por parte del Gobierno Nacional.

*Óscar Cardozo es Sociólogo e investigador en temas de Conflicto y memoria.

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