Pedir que hagan una limonada sin limones es absurdo. Lo mismo sucede al querer prohibirle al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición el acceso a información de inteligencia y seguridad militar. Así se refirió Vivian Newman, investigadora de Dejusticia, al proyecto de acto legislativo del Centro Democrático para que mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad no tengan acceso a documentos de carácter reservado del Estado, como informes militares.
“La información es la materia prima del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo necesario para encontrar la verdad del conflicto en Colombia. Si se quiere tapar el sol con las manos terminará saliendo por otro lado”, aseguró Newman.
Según ella, el derecho a la verdad ha surgido muy lentamente, no solo en Colombia si no en América Latina, porque se ha impedido el acceso a la información. En términos normativos, Newman resalta que Colombia tiene muy buenas leyes sobre este aspecto, ha firmado tratados internacionales para cumplirlos y en el Congreso se siguen aprobando nuevas normas, “pero el problema real es llevarlo a la práctica. El chip de un funcionario público no cambia de la noche a la mañana: cuando se le pide información lo que hace es protegerla, no entregarla. Hay que ir cambiando esa cultura. Si como país sabemos qué fue lo que se hizo mal, podremos evitar que se repita en el futuro”.
Agrega que hay dos principios en la normatividad colombiana sobre acceso a la información. El primero, el principio de máxima divulgación o máxima transparencia, que indica que toda la información que se produce en entidades estatales pertenece a la ciudadanía, con unas cuantas excepciones consideradas en la ley. El segundo, es lo que ella llamó “la regla de oro”, que indica que no puede haber secreto para el acceso a la información que contiene datos sobre violaciones a derechos humanos y a Derecho Internacional Humanitario.
“La información tiene un efecto disuasivo, hace que haya menos asimetría entre el Estado y el ciudadano. Un efecto legitimador, porque si se reconoce lo que se hizo bien y mal tendremos como ciudadanos más confianza en el Estado. Y por último un efecto empoderador, porque en la medida que tengamos este acceso libre a la información, le podremos exigir al Estado que rinda cuentas”, señaló.