La lucha de los militares para ser reconocidos como víctimas

Cerca de 9.000 uniformados no han sido registrados como víctimas del conflicto armado. / EFE.

Foto: EFE - Mauricio Dueñas

El General (r) Luis Mendieta se refiere a él en tercera persona cuando se presenta, pero vuelve a la primera cuando habla sobre víctimas. Empieza a contar su historia en un tono sereno, aunque el contenido sea abrumador: “Mayor General en retiro Luis Mendieta. Tomado como rehén y secuestrado el 1° de noviembre de 1998, cuando el grupo terrorista de las Farc, con armas no convencionales, atacó e hizo una acción violenta en Mitú, Vaupés”.

Recuerda que estuvo 11 años, 7 meses, 13 días y 19 horas secuestrado. Rememora sus años en cuativerio con un profundo dolor que aún no cesa y explica cómo durante ese tiempo dejó de ser un héroe para convertirse en víctima: “Ellos construyeron jaulas de concentración, similares a las que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, y ahí nos tuvieron, en las peores condiciones y estuvimos sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fui afectado por los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad que cometieron los terroristas de las Farc. Desde entonces soy una víctima”.

La primera vez que los militares y policías fueron considerados víctimas fue en 2005, cuando se aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz. En ella se estipuló que, como las demás víctimas, los miembros de la Fuerza Pública también debían saber la verdad y ser reparadas en caso de haber sido afectados por las acciones de organizaciones armadas al margen de la ley.

Posteriormente se expidió la Ley 1448 de 2014, o Ley de víctimas, que le permitió a Colombia avanzar en su reconocimiento y reparación. En ella quedó establecido que las víctimas son todas “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o normas internacionales de Derechos Humanos”.

Por supuesto, explica la Mayor María Fernanda Cifuentes, oficial de víctimas del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, los militares y policías entraron en esta definición, pues han sido afectados por varias infracciones al DIH, como los secuestros o minas antipersonales. En esta ley quedó claro que, al igual que las demás víctimas, la Fuerza Pública afectada también tendrá derecho a la verdad, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Su reparación económica, en cambio, se realiza de acuerdo a su régimen especial.

Si bien en las normas existe un reconocimiento como víctimas del conflicto armado, aun los miembros de la Fuerza Pública tienen que luchar con las organizaciones sociales y, principalmente, las entidades del Estado para ser reconocidos, pues se cree que, por ser parte de un actor del conflicto armado, no son afectados por infracciones del DIH en medio de los combates.  

Cifuentes asegura que los obstáculos aparecen, en primer lugar, cuando el ministerio público (Procuraduría, Personería, etc), encargado de realizar el proceso de recepción de solicitudes de declaración y trámite a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), les niega la posibilidad de hacer el proceso de declaración. La respuesta más recurrente cuando se acercaban a estas instancias, dice la mayor, es “no pierda su tiempo, usted no es víctima”. De hecho, la mayor Cifuentes señala que esa situación obligó a que se realizará en todo el país jornadas especiales coordinadas con la UARIV, para que los militares y policías pudieran ser escuchados por los funcionarios.

Después de la declaración hay otra etapa: el reconocimiento. Un grupo de funcionarios de la UARIV valora si el declarante es o no víctima de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. En este proceso los uniformados también deben enfrentar una batalla porque sus procesos tardan años. Para la mayor Cifuentes, una de las causas es que no hay profesionales especializados en estas normas internacionales y mucho menos las leyes que señalen que los miembros de la Fuerza Pública también son víctimas. “Dichas decisiones requieren de un conocimiento profundo sobre la materia, para poder definir la inclusión o no en el Registro Único de Víctimas (RUV)”, puntualiza Cifuentes.

También hay otro problema. El coronel en reserva Carlos Arturo Velásquez, asesor de la ONG Mil Víctimas, que asesora y acompaña a víctimas militares y sus familias, explica que para ser reconocido se necesitan varios papeles que respalden que las afirmaciones de las víctimas son ciertas y que los hechos sí ocurrieron. En ese caso, las entidades locales e incluso la memoria colectiva de las comunidades es muy útil. Para los militares, es más difícil reunir estas versiones porque, por su ejercicio, son trasladados y casi nunca vuelven ni conocen a los habitantes de las zonas donde ocurrieron los hechos victimizantes. “No hemos podido construir nuestra memoria, nuestra verdad”, advierte Velásquez.

Por otro lado, explica el coronel, hay centenares de uniformados que fueron víctimas antes o después de prestar su servicio a la Fuerza Pública. Por ejemplo, un soldado profesional que antes de entrar al Ejército fue desplazado por la violencia o le asesinaron a su padre o su madre. Para ellos, el proceso de reconocimiento también es muy complejo. “Es como su haber sido militares les haya borrado su condición de víctimas”, puntualiza Velásquez.

En la actualidad, de acuerdo con el RUV, hay 207.645 militares incluidos por homicidios, actos terroristas, utilización de medios y métodos prohibidos por el DIH, desplazamiento forzado, desaparición forzada, despojo de tierras, secuestro, tortura, lesiones personales físicas y psicológicas, y pérdidas de bienes. Sin embargo, todavía faltan más reconocimientos. Según las cifras del Ejército, a la fecha no han sido reconocidos 8.960 casos, aunque hayan sido afectados por los mismos hechos victimizantes.

Para el general Mendieta, el problema no sólo radica en las entidades, sino también al interior de la institución. Aun en los altos mandos existe el dilema de catalogar a los uniformados como héroes y no como víctimas, un acto cargado de buenas intenciones, pero con consencuencias nefastas. “En su momento, se seguía considerando que eran héroes, a pesar de que habían sido profundamente afectados. Entonces se les daba un condecoración y seguramente una prestación económica mínima. Pero ya. No se daban cuenta de la importancia de categorizarlos como víctimas y de que el Estado les otorgue una reparación, como indemnización, créditos blandos, salud, educación y, principalmente, las garantías de no repetición”, dice Mendieta.

El honor militar que tanto les inculcan, advierte Anderson Javier Hernández, abogado de la ONG Mil Víctimas, deriva en que los militares no se cataloguen a sí mismos como víctimas. Y este es uno de los mayores problemas porque nunca son reparadas y continúan sus vidas con un sinnúmero de dificultades.

¿Qué ocurre cuando un militar es reconocido como víctima?

Pero no sólo los miembros de la Fuerza Pública son afectados. Sus familias también deben que lidiar con las decenas de trámites. Ese fue el caso de Bibiana Garay, esposa del sargento primero Jesús Alfonso Sol Rivera, quien fue secuestrado y luego asesinado por la extinta guerrilla de las Farc. Aunque se demostró que el sargento fue torturado con inyecciones de cianuro y luego fusilado, el Estado tardó años para reconocerla como víctima de la guerra.

Ahora que entró en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado después del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, los entrevistados consideran urgente que estos obstáculos se remuevan del camino. Al igual que las víctimas de civiles o grupos al margen de la ley, los militares y sus familias esperan conocer lo que sucedió, ser reparados, encontrar a sus desaparecidos, pero sobre todo tener garantías de no repetición, que les permita una verdadera reconciliación.

Aunque hizo parte de las mesas de negociación del acuerdo de paz, el general Mendieta teme que sea invisibilizado en el sistema. Denuncia que hasta ahora no se ha sentido escuchado y pide un mayor protagonismo y una reparación integral en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

El dolor en sus exigencias es evidente: “Espero, principalmente, verdad. Pero no sólo de mis hechos, sino también de otros secuestrados de la Fuerza Pública, sobre todo de aquellos que fueron desaparecidos. También nos preocupa la reparación. Hasta que este punto se resuelva, es muy difícil sentarse como víctima enfrente del victimario ¿a qué se va a ir? ¿a escuchar su justificación por los delitos que cometieron? Es que sin eso es imposible que haya perdón. Perdóneme, pero esto no es como “amárrese las personas durante doce años a arboles con cadenas y luego nos vemos 12 años después para darnos un abrazo de reconciliación”. Es una ofensa… ¡En 12 años perdimos tanto! la libertad, las posibilidades de estar con la familia, las oportunidades de crecer en el trabajo y estudiar ¿cómo se va a reparar eso?... escúchennos. Estamos cansados de que por ser víctimas muchas veces somos excluidos”.