“La pandemia singular de Colombia ha sido el conflicto armado”: padre Francisco de Roux

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Hoy la Comisión de la Verdad hizo su rendición de cuentas sobre su primer año de funcionamiento. Han recogido más de 10.000 testimonios. Además, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, hizo un comparativo entre la emergencia por el COVID-19 y los estragos del conflicto armado que ha vivido este país. 

Desde el 28 de noviembre de 2018, la Comisión de la Verdad inició sus tres años de mandato y ya va por mitad de camino en la elaboración del informe que dará cuenta de las causas estructurales y las consecuencias del conflicto armado en Colombia. 

Este jueves, vía streaming, esta entidad hizo la rendición de cuentas sobre su primer año de funcionamiento. Quien abrió esta rendición fue, por supuesto, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux quien se refirió a la situación que está viviendo el mundo por causa del COVID-19: “ha sido una amenaza contra la salud, pero al mismo tiempo la ocasión para que comprendamos que todos dependemos los unos de los otros”. 

Aseguró que la Comisión lleva un año metida en “la pandemia singular de Colombia, que es nuestro conflicto armado, tan tapado por el silencio de nosotros y para la cual no hay vacuna posible”. De esta manera, hizo un contraste con la crisis que ha desatado el coronavirus: por un lado, los 206 muertos que ha dejado esta pandemia contrastan con el millón de personas asesinadas durante el conflicto, con los 166.000 desaparecidos y con los 190 miembros del partido Farc que dejaron las armas creyendo en la paz y han sido asesinados. 

Dijo, también, que el confinamiento que estamos viviendo en nuestras casas y barrios apenas nos da una idea del confinamiento que han tenido que vivir cientos de comunidades indígenas y afro por cuenta de los grupos armados presentes en los territorios. Por otro lado, está la estigmatización que se ha generado sobre quienes son portadores del coronavirus: “esto permite entender a miles y miles que fueron estigmatizados como comunistas, enemigos internos o señalados como aliados de los paramilitares o como ‘sapos’”. 

Así como el gobierno ha tomado medidas extraordinarias para atender esta crisis, aseguró, el conflicto armado interno también es una situación de urgencia a la que se debe responder con grandes medidas para evitar seguir acumulando víctimas. Ese fue su llamado al gobierno nacional. 

Los resultados de la Comisión de la Verdad en 2019

Mauricio Katz, secretario general, dio varios datos del desempeño de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, aseguró que durante 2019 se instalaron 22 de las 28 casas de la Verdad que tendrán que funcionar en todo el país. A través de estas casas, han hecho 5.988 entrevistas y han recogido 10.755 testimonios entre colectivos e individuales. (Vea también: Comisión de la Verdad avanza en el procesamiento de más de 15 mil testimonios en la cuarentena)
 

La articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz permitió impulsar la participación de los comparecientes en la ruta de esclarecimiento de la verdad de la Comisión, así como el acceso a información reservada obtenida por la JEP. 

La Comisión elaboró 17 certificaciones iniciales de la participación de comparecientes en la ruta de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad y cuatro constancias de la participación de comparecientes. 

A pesar de esto, sostiene que la participación de otros comparecientes “no ha sido posible por desinterés de estos y por una equivocada comprensión del alcance del régimen de condicionalidad, de cara a sus obligaciones con la Comisión”.

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En ese sentido, la Comisión le pide a las salas y secciones de la JEP que “endurezcan la aplicación del régimen de condicionalidad de los comparecientes a fin de garantizar su contribución efectiva. Se requiere implementar un plan de choque para terminar los procesos internos que se realizan con las entrevistas a los comparecientes y proceder a la expedición de certificaciones con destino a la JEP.”

Por otro lado, también afirma que no ha sido posible acceder a la información obtenida por la JEP sobre las medidas cautelares en sitios donde hay enterradas personas dadas por desaparecidas, específicamente, sobre los “fondos documentales de siete instituciones públicas”, sin mencionar cuáles. 

Con respecto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión menciona en su informe que la articulación ha sido difícil dado que sus políticas están pensadas a 20 años, mientras que ellos solo tienen tres años de operación. 
 

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